En una operación sin precedentes, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron desmantelar un lucrativo negocio de venta de productos falsificados en el centro de La Serena. El operativo, conocido como "Operación Creta II", culminó con la incautación de un total de 1.249 unidades de mercancía ilegal, entre las que se incluían peluches, juguetes y prendas de vestir de reconocidas marcas, todas ellas sin la correspondiente licencia de comercialización.
El negocio intervenido estaba localizado en la calle Balmaceda, entre Cordovez y Eduardo de la Barra. La intervención se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Ministerio Público, logrando así un golpe significativo contra el comercio ilícito en la región. El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena, destacó la magnitud del operativo y la importancia de la incautación. "Las evidencias fueron analizadas por peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y, además de comprobar la falsificación de las especies, establecimos que el local no cumplía ninguna norma tributaria", señaló Paz.
La venta de estos productos "pirata" no solo afectaba a los consumidores, sino que también tenía un impacto negativo en la recaudación tributaria del país. Los productos se vendían a precios originales, pero no se emitían boletas, lo que generaba un perjuicio considerable para las arcas fiscales. Durante la intervención, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) constató estas irregularidades, subrayando la gravedad de la situación. Además, se descubrió que el local no cumplía con las normas sanitarias ni de seguridad, con lo cual los productos incautados, valorados en 22 millones de pesos, representaban un peligro potencial para los consumidores.
El delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna, expresó su preocupación por el hecho de que esta mercadería falsificada estuviera dirigida principalmente a niños y niñas. "Llama la atención, porque esta mercadería falsificada se dirige a niños y niñas, pero además se comercializa en precios muy elevados, lo que provoca un perjuicio económico y un riesgo también a las familias que compran estos juguetes para sus hijos. Prácticamente resultan estafados con productos de mala calidad, que no cumplen con los elementos técnicos ni cuentan con certificaciones de seguridad, tampoco sanitaria, que se exigen para su venta en Chile, porque representan un peligro para quienes los manipulen”, advirtió Luna.
La operación culminó con la detención de un migrante de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y con permanencia temporal en el país. Este individuo fue arrestado en el local y será puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos por infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley de Propiedad Intelectual. Además, representantes de las marcas afectadas también presentaron denuncias formales por estos delitos.
Las autoridades hicieron un llamado a los consumidores para que sean más rigurosos al momento de adquirir productos, especialmente aquellos destinados a niños. Se recomendó cotizar y revisar bien los productos antes de comprarlos. En caso de detectar falsificaciones o incumplimientos con las normas de seguridad y sanidad, se solicitó realizar una denuncia formal en el complejo policial más cercano.
La detección y desarticulación de este tipo de negocios ilícitos es fundamental para garantizar la seguridad y bienestar de los consumidores, así como para proteger la economía formal y las marcas registradas. El subprefecto Carlos Paz destacó la importancia de la colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales y la ciudadanía para lograr estos objetivos. "Es crucial que la comunidad esté alerta y colabore con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa", enfatizó.
El operativo "Creta II" no solo ha permitido retirar del mercado una cantidad significativa de productos falsificados, sino que también ha enviado un mensaje claro a quienes se dedican a estas actividades ilícitas. Las autoridades están comprometidas en la lucha contra el comercio ilegal y continuarán trabajando para desmantelar este tipo de redes que ponen en riesgo la seguridad de los consumidores y perjudican la economía formal.
La incautación de estos productos falsificados también pone de relieve la necesidad de una mayor fiscalización y control en el comercio, especialmente en áreas urbanas con alta afluencia de público. La colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales, como la PDI, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, es esencial para garantizar que se cumplan las leyes y se protejan los derechos de los consumidores.
En este contexto, la educación y concienciación de la ciudadanía juegan un papel crucial. Es fundamental que los consumidores estén informados sobre los riesgos de adquirir productos falsificados y las consecuencias legales de participar en este tipo de comercio. Las autoridades continuarán realizando campañas de sensibilización y educación para fomentar un consumo responsable y seguro.
La "Operación Creta II" es un ejemplo de cómo la colaboración y la acción coordinada pueden resultar en logros significativos en la lucha contra el comercio ilegal. Este operativo no solo ha permitido retirar del mercado una cantidad considerable de productos falsificados, sino que también ha fortalecido la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad y bienestar.
El subprefecto Carlos Paz reiteró el compromiso de la PDI en continuar con este tipo de operativos y en seguir trabajando de la mano con otras entidades y la comunidad. "Vamos a seguir trabajando incansablemente para detectar y desarticular estas redes de comercio ilegal. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son nuestra prioridad", concluyó.
En resumen, la "Operación Creta II" ha sido un éxito rotundo, logrando desmantelar un negocio de venta de productos falsificados en el centro de La Serena y enviando un mensaje claro a quienes se dedican a estas actividades ilícitas. Las autoridades continuarán trabajando para garantizar un comercio seguro y justo, protegiendo los derechos de los consumidores y las marcas registradas.