En medio de una gran polémica generada por la decisión del juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño, de dictar medidas cautelares a favor de 23 imputados por narcotráfico y fijar una fianza de $2 millones que permitió su libertad, el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM), Alejandro Vera Quilodrán, abordó la controversia en una entrevista con Diario El Día. Vera Quilodrán calificó el caso como un “caso aislado” que, sin embargo, merece un análisis profundo.
El presidente de la ANMM destacó el esfuerzo de los magistrados por ofrecer un equilibrio jurídico a la sociedad y adelantó que la organización, en conjunto con la Academia Judicial, está redactando un Manual Ético de Buenas Prácticas para Jueces que será implementado próximamente. Esta iniciativa busca asegurar que las decisiones judiciales sean imparciales y conforme a derecho, subrayando el compromiso de los jueces con la probidad y la ética.
En cuanto a la postura del Poder Ejecutivo en los últimos casos, Vera Quilodrán expresó que la organización de magistrados persigue una administración de justicia objetiva en todos los niveles. En relación con la reciente decisión del juez de Ovalle, comentó: “Tanto este caso como otros que han tenido una alta repercusión pública los estamos siguiendo de cerca e internamente hemos conversado al respecto. Nos preocupa que las instituciones y el Estado de Derecho funcionen correctamente”. Añadió que el caso fue revisado por otro tribunal, que fijó nuevas medidas cautelares.
Vera Quilodrán también se refirió a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien manifestó su incomprensión ante la decisión judicial. En este sentido, afirmó que la ministra está cumpliendo su rol como autoridad y que cualquier acción debe revisarse conforme al Estado de Derecho. Subrayó la importancia de que la ANMM esté presente en el debate público y en las distintas instancias donde se les convoque para exponer sus planteamientos.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile tiene más de 50 años de existencia y está enfocada en promover la independencia del Poder Judicial y de cada uno de sus miembros. Vera Quilodrán destacó que la asociación se dedica a cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional, además de velar por el constante mejoramiento de la administración de justicia y el bienestar de sus asociados.
Uno de los intereses principales de la ANMM es modificar el régimen de nombramientos de jueces y otras autoridades del ámbito judicial, una necesidad que se ha planteado durante más de tres décadas. Según Vera Quilodrán, este cambio es esencial para garantizar la independencia judicial y eliminar cualquier sospecha de corrupción.
La organización cuenta con una directiva nacional elegida cada dos años y 17 presidentes regionales. Anualmente, se celebra una convención en la que participan todos los asociados y sus representantes, además de dos juntas nacionales donde se rinden cuentas de la gestión y se recogen las inquietudes de las bases.
En cuanto a las sanciones por quejas contra sus afiliados, Vera Quilodrán explicó que existen instancias internas canalizadas por las direcciones regionales, conocidas y resueltas a nivel central por el Tribunal de Honor. Además, las cortes de apelaciones tienen procedimientos de responsabilidad funcionaria y administrativa que pueden culminar en la Corte Suprema. La ciudadanía también puede hacer denuncias ante el Poder Judicial o el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones pertinentes.
Sobre las quejas formales, Vera Quilodrán afirmó que no son frecuentes, en parte gracias a los mecanismos externos de fiscalización de jueces. Recalcó la importancia de que cada caso investigado tenga una pronta resolución y sea de público conocimiento.
En relación con el llamado “caso audios” y la implicación de algunos colegiados en los chats del abogado Luis Hermosilla, Vera Quilodrán manifestó que la asociación espera que los órganos de persecución investiguen con máximo celo todos los hechos que pudieran configurar tales ilícitos.
Finalmente, sobre la tuición ética de los colegios profesionales, Vera Quilodrán expresó que, en su opinión personal, estas organizaciones deben tener una tutela ética de sus miembros, pero que las sanciones que impliquen la privación de derechos o el término de calidad profesional deben ser aplicadas por otros órganos establecidos por la ley o la Constitución.
El presidente de la ANMM concluyó haciendo un llamado a la transparencia y la imparcialidad en todas las decisiones judiciales, reiterando el compromiso de la asociación con la ética y la probidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.