El caso Diamante Verde atrae la atención nacional
El bullado caso Diamante Verde, que involucra a 23 personas imputadas por delitos relacionados con la Ley 20.000 sobre narcotráfico, ha captado una atención significativa a nivel nacional. Inicialmente, los imputados recibieron la medida de libertad bajo fianza, pero esta fue revocada por la Corte de Apelaciones. El abogado Carlo Silva Muñoz, Director de Defensores Norte y representante legal de 12 de los imputados, ha rechazado la revocatoria de las medidas cautelares, destacando "errores garrafales" en los informes policiales. En una entrevista con Diario El Día, cuestionó la intervención del Gobierno, afirmando que el caso debe resolverse en el ámbito jurídico.
Vínculos familiares entre los imputados
Silva Muñoz representa a 12 personas imputadas, la mayoría varones, quienes tienen entre ellos vínculos parentales como padres e hijos, y parejas. "Uno de los argumentos que estamos desarrollando es que estos vínculos trascienden la existencia del delito", comentó. "Obviamente, entre familiares debe haber comunicación y lazos, pero que estos sean sustentados únicamente en una intención criminal me parece que no está presente en la investigación".
Cargos formulados por la Fiscalía
La Fiscalía ha imputado varios cargos a los defendidos de Silva Muñoz, incluyendo agrupación criminal para cometer tráfico de droga y lavado de activos. Además, se han formalizado cargos específicos relacionados con allanamientos en domicilios donde se encontraron armas y municiones. Sin embargo, el abogado sostiene que el magistrado de Primer Grado desestimó la mayoría de estos delitos, exceptuando el tráfico de drogas. "Nosotros creemos que en el peor de los casos existe una siembra, cultivo y cosecha, según el artículo octavo, que tiene una menor penalidad", indicó.
Relación con Carabineros del Limarí
Según Silva Muñoz, no hay registros directos que comprueben lazos entre sus defendidos y los Carabineros del Limarí. "Esos antecedentes han sido filtrados, pero no han sido objeto de afirmaciones del Ministerio Público ni en el Tribunal de Garantía de Ovalle, ni en la Corte de Apelaciones".
Posición de los imputados ante los cargos
El abogado explicó que la decisión de sus defendidos de declararse inocentes o asumir algunos de los cargos dependerá de cada uno. "Nosotros recomendamos la mejor perspectiva del caso, pero no decidimos si ellos quieren declarar o no. Algunos, sobre quienes se encuentran acreditados los hechos, podrán asumir una declaración colaborativa, mientras que en otros casos probaremos su inocencia en un juicio oral".
Prisión preventiva y entrega voluntaria
Silva Muñoz expresó su inconformidad con la resolución de la Corte de Apelaciones que revocó la libertad bajo fianza. "La resolución no se desarrolla sobre fundamentos profundos y no explica los largos alegatos presentados. Hay errores garrafales en los informes de lavado de activos de la policía, que no fueron considerados", afirmó. El abogado criticó que la resolución no fuera específica para cada individuo, aplicando un criterio generalista.
Próximos pasos en la defensa
Silva Muñoz anticipó un arduo trabajo para desarrollar la teoría del caso y la teoría de la prueba. "Definiremos para quiénes aceptaremos responsabilidad y para quiénes discutiremos los cargos. Generaremos diligencias autónomas y utilizaremos peritos contables y financieros para demostrar que nuestros defendidos no ejercen labores ilícitas".
Motivaciones para asumir la defensa
El abogado señaló que su decisión de asumir la defensa de este grupo puede ser cuestionada. "En mi carrera profesional he defendido a policías, funcionarios públicos, alcaldes y jueces. Nos dedicamos a la defensa de personas, más allá del delito o imputación. Lo importante es ejercer este rol con fiabilidad a los intereses de nuestros clientes, respetando la ley y las garantías constitucionales".
Críticas al Gobierno
Silva Muñoz criticó el anuncio del Gobierno de solicitar la inhabilidad del juez del caso. "Es grave que no se respete la separación de poderes. Este caso debe resolverse judicialmente, sin influencias políticas ni de la opinión pública. La solicitud de inhabilitación del magistrado Muñoz Caamaño no tiene fundamento legal. Las inhabilidades están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y la resolución fue ajustada a derecho".
El caso Diamante Verde sigue en el ojo del huracán, con múltiples aristas legales y sociales que continúan desarrollándose.