miércoles 28 diciembre, 2022

Se llevó a cabo una nueva reunión de directorio en BYN, donde si bien no hubo grandes novedades, reafirmaron la convicción de ir por el chileno-argentino, candidato principal para ser el lateral derecho. También se habló de Guillermo Soto y las opciones que ven en ataque.

«Sin novedades», expresaba el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, mientras salía de una nueva reunión de directorio. Si bien es cierto que todavía no hay avances por refuerzos, en esta junta se definieron nombres que estarán rondando en la carpeta alba.

Matías Catalán quedó establecido como la prioridad para ser el lateral derecho del ‘Cacique’ en 2023. La negociación está sumamente compleja, ya que Talleres de Córdoba hizo efectiva la compra del defensor chileno-argentino, así que el cuadro ‘popular’ se las tendrá que arreglar y desembolsar mucho si quiere traerlo.

En caso de caerse por completo lo de Catalán, el nuevo nombre que se sumó en esta junta de directorio de BYN es el de Guillermo Soto. El lateral chileno fue de las buenas figuras en la campaña de Huracán, que aún no hace efectiva la cláusula de compra a Palestino, por lo que el campeón chileno está atento.

Respecto al caso Leandro Benegas, el delantero chileno-trasandino está presionando su salida de Independiente de Avellaneda, que le debe cuatro meses de sueldo al exatacante de Universidad de Chile. Su arribo al Monumental se aclarará a más tardar el 30/12.

Mientras que en el cupo de extranjero los que están en carpeta son Carlos Auzqui y el extremo paraguayo Blas Armoa. Ambas opciones son difíciles en lo económico y Tigre avisó que tiene la intención de comprar el pase del atacante guaraní, lo que sepultaría cualquier opción colocolina.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.