El caso de Daniela Reyes Espejo, una joven que falleció en febrero de 2017, ha dado un nuevo giro. El Primer Juzgado de Letras de La Serena ha aceptado la demanda presentada por la madre de la joven fallecida. La causa de la muerte de Daniela, que fue objeto de investigación por parte del Ministerio Público, resultó en una acusación contra el conviviente de la víctima. Fue acusado de delitos de lesiones graves, menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Sin embargo, las diligencias para establecer la causa real de la muerte y, en consecuencia, obtener una condena por femicidio, no se realizaron.
En su fallo, la magistrada Karla Malebrán Torres condenó al fisco a pagar una indemnización de $200.000.000 por daño moral a la demandante, la madre de Daniela. La magistrada concluyó que el Ministerio Público actuó de manera errónea e injustificada.
El fallo explica el comportamiento del Ministerio Público durante la audiencia de formalización, momento en que aún no se tenía certeza sobre la causa de la muerte de Daniela. Según la magistrada, el fiscal debió actuar, en ese momento, sobre la base de sospechas o indicios, quedando expuesto a una equivocación razonable o justificada.
El fallo señala que lo determinante en este caso fue que el Ministerio Público continuó omitiendo la muerte de Daniela en los hechos imputados, a pesar de que contaba con las herramientas procesales para reformalizar al acusado. Existieron nuevos antecedentes, peritajes toxicológicos y bioquímicos, que revelaban la causa de la muerte, los cuales deberían haber sido tomados en cuenta.
El tribunal concluyó que las actuaciones del Ministerio Público se apartaron de su objetivo principal, que es la búsqueda de la verdad material. Las diligencias que se llevaron a cabo fueron ineficientes y, en consecuencia, el fiscal a cargo de la investigación actuó de manera negligente. Por tanto, el tribunal califica la persecución penal como errónea e injustificada.
El fallo detalla que la madre demandante perdió una oportunidad cierta de obtener una sentencia condenatoria por el delito de femicidio para responsabilizar penalmente al acusado. Esta posibilidad se vio destruida por la actuación negligente e injustificadamente errónea del Ministerio Público, al no incluir la muerte en la formalización ni hacer gestión alguna para reformalizar al imputado.
Además, la actuación del Ministerio Público provocó daño psicológico en la madre de Daniela. Este daño, según consta en la documentación presentada y los testimonios de los testigos, es una secuela de todos los eventos vividos al enfrentar el proceso judicial y no poder obtener la sentencia condenatoria por el delito cometido.
Por lo tanto, el tribunal resolvió condenar al Fisco de Chile a pagar a la demandante, la madre de Daniela, una indemnización de $200.000.000 (doscientos millones de pesos) por daño moral.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una actuación diligente y justificada por parte del Ministerio Público en casos de muertes sospechosas y potenciales femicidios, para garantizar que la justicia se cumpla y las víctimas y sus familias reciban el cierre que necesitan.