Claudio Rentería, ex alcalde de Ovalle, junto con otros tres ex funcionarios de su administración y una funcionaria actual que sigue en funciones en la municipalidad, han sido acusados de fraude fiscal, ocultamiento de documentos públicos y posible asociación ilícita. La acción legal se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de la capital limarina por el abogado Carlos Tello Luza, en representación de la municipalidad de Ovalle.
La querella busca aclarar las responsabilidades del déficit de casi 300 millones de pesos del departamento de educación municipal de Ovalle. Además de Rentería, la querella individualiza a Juana Vega, ex jefa de finanzas del Departamento de Educación Municipal (D.E.M), Héctor Vega, ex SECPLAN y Leticia Cortés, directora actual de la Unidad de Control del municipio.
El 10 de febrero de 2016, la municipalidad de Ovalle firmó un contrato de trato directo con la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers Limitada, representada por Patricio Navarro Molina. El contrato estipulaba que la empresa debía poner a disposición de la municipalidad toda su experiencia y conocimientos para cumplir con el servicio objeto del contrato.
El contrato también estipulaba que la empresa debía remitir a la municipalidad cualquier documento o valor que representara recuperación pecuniaria de subsidios por incapacidad laboral, entre otras recuperaciones. Sin embargo, la empresa no cumplió con estas obligaciones y aún así cobró los servicios «prestados», emitiendo cuatro facturas por un montante de unos 36 millones de pesos.
La administración municipal de la época no hizo efectivo el pago de estas facturas y la empresa emitió seis facturas más. Al no pagar, Advisers Limitada presentó una demanda al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle por la no cancelación de las facturas.
El 22 de marzo de 2024, en una sesión extraordinaria del concejo municipal, la administración actual, encabezada por el alcalde Jonathan Acuña Rojas, tomó conocimiento de la situación. Se informó que se habían emitido cheques a nombre de la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers que nunca fueron pagados. Se llevó a cabo una investigación para averiguar qué ocurrió con los documentos, es decir, los cheques y los decretos de pago. Según los informes, estos documentos han desaparecido desde la administración anterior.
La querella argumenta que el ex alcalde Claudio Rentería contrató a una empresa que no prestó servicios en su totalidad a la municipalidad de Ovalle. Además, se alega que la empresa cometió el mismo fraude en la municipalidad de Tierra Amarilla y que los servicios fueron recibidos de conformidad por los funcionarios municipales como si se hubieran prestado en su totalidad. Luego se emitieron decretos de pago y cheques que hoy están perdidos.
La querella también alega que la empresa continuó emitiendo facturas por servicios que nunca prestó y luego demandó a la municipalidad por no pago de dichas facturas. Como resultado de todo esto, se ha generado un déficit presupuestario de más de 300 millones de pesos.
El alcalde actual de Ovalle, Jonathan Acuña, tras interponer la querella, declaró que se había vislumbrado varias situaciones de carácter irregular que se esperaba aclarar. También señaló que la querella tenía como objetivo enviar una señal clara a la comunidad de cómo la administración actual es capaz de normalizar la situación y llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a las responsabilidades.
En palabras del abogado Carlos Tello, quien representa a la municipalidad de Ovalle, este hecho ha provocado un grave perjuicio a la municipalidad, que se ve obligada a pagar más de 296 millones de pesos debido a todas estas irregularidades cometidas en la administración anterior. Tello también sugirió que podría haber una asociación entre los acusados y la empresa en cuestión, lo que podría haber beneficiado a la empresa a expensas de la municipalidad.