La administración de la Gobernadora Krist Naranjo ha sido objeto de críticas significativas debido a su incapacidad para mantener un equipo de trabajo estable. Durante su mandato, Naranjo ha despedido a 19 funcionarios de confianza y ha reasignado a una quincena de empleados, lo que ha generado una alta rotación de personal y una considerable inestabilidad en la gestión.
El miércoles pasado, se anunció la última de estas desvinculaciones, el despido del Jefe de Administración y Finanzas, Álvaro Tapia, y la reasignación de Diego Herrera, un profesional con 20 años de experiencia, lo que ha llevado a los trabajadores a calificar la situación como insostenible. La gobernadora ha tenido que nombrar a cinco jefes de gabinete, dos jefes de planificación, dos de desarrollo humano y social, dos en jurídico, dos en presupuesto y otros dos en administración y finanzas.
Estas decisiones no solo han generado un ambiente laboral adverso, sino que también han ocasionado demandas judiciales por parte de los empleados despedidos, quienes han alegado vulneración de sus derechos. Las arcas del gobierno regional han sufrido una repercusión financiera debido a que la mayoría de estas demandas han sido falladas a favor de los trabajadores.
La inestabilidad laboral se ha exacerbado con el despido de funcionarios experimentados y la constante rotación de personal. Los trabajadores expresaron su descontento con estas decisiones durante una protesta frente al edificio gubernamental, portando pancartas con consignas como “Fuera Gobernadora” y “Cero respeto a los trabajadores”.
Boris Castillo, secretario de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, expresó que estas decisiones unilaterales han tenido un impacto significativo en el clima laboral y la eficiencia en el trabajo. Los funcionarios sostienen que, si bien es prerrogativa de la autoridad remover personas de sus cargos, esta práctica deja a los departamentos en una situación de vulnerabilidad, especialmente cuando ya están sometidos a altos niveles de estrés laboral.
La falta de explicaciones y la ausencia de diálogo por parte de la gobernadora Naranjo han alimentado la sensación de injusticia entre los trabajadores. Desde diciembre, cuando se llevó a cabo una primera manifestación, la gobernadora no se ha reunido con los trabajadores para discutir esta situación.
Beatriz Hidalgo, secretaria de la nueva Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Gobierno Regional de Coquimbo, expresó su preocupación por la falta de estabilidad laboral y la constante rotación de personal experimentado. Según Hidalgo, la gobernadora continúa con una política de cambios que afecta la cohesión de los equipos y obstaculiza la ejecución de proyectos importantes para la región.
Los trabajadores continúan pidiendo un diálogo constructivo con la autoridad regional para abordar las preocupaciones y encontrar soluciones a esta situación. Sin embargo, hasta la fecha, sus demandas han sido ignoradas, lo que ha motivado un aumento de las manifestaciones y movilizaciones.
Manuel Barraza, presidente de la nueva organización de funcionarios, asegura que en sus 47 años de servicio público nunca había enfrentado una situación como ésta. A pesar de la situación, los trabajadores se mantienen firmes en sus responsabilidades laborales y continuarán con sus movilizaciones para ser escuchados, aunque entienden que la postura de la autoridad puede no cambiar.
El equipo de Krist Naranjo sostiene que la decisión de la gobernadora se ajusta plenamente a las atribuciones encomendadas por ley. En el caso de Tapia, destacan que es una jefatura de plena confianza de la gobernadora, y en el caso de Herrera, insisten en que no es una desvinculación, sino un cambio de funciones, respetando horario laboral, monto de remuneración y lugar de trabajo.