Disputa

A partir de leyes y medidas económicas de distintos gobiernos radicales, el informe discute la idea dominante respecto a la existencia de dos “líneas” o “corrientes” dentro del radicalismo. Por el contrario, sostiene que todas las gestiones radicales conllevan las mismas contradicciones.

Por Marcelo Ibarra

I. Un movimiento de armas tomar

La novela de Robert Louis Stevenson se publicó por primera vez en 1886. Su argumento es conocido incluso para quienes no la leyeron ni les interesa la literatura: el personaje principal sufre un trastorno psiquiátrico identitario, que le hace tener una “doble personalidad”. Pero cuidado, no se trata de un caso de trastorno bipolar, sino que en el científico Jekyll conviven dos identidades, dos personas. Para el mismo tiempo, la situación argentina presentaba una economía sustentada en el endeudamiento externo, vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales y, políticamente, se caracterizaba por ser una república restrictiva y represiva que trabó hasta donde pudo la democratización del sistema. Participación política restringida, fraude electoral, intervención a las provincias para imponer gobernadores cercanos a la presidencia de Miguel ÁngelJuárez Celman, del Partido Autonomista Nacional.

Hacia 1889 comienza a formarse un movimiento denominado Unión Cívica, conformado por estudiantes y jóvenes profesionales. Algunos provenían de sectores de las propias clases dominantes, como Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle. Otros, como Leandro Alem, expresaban el ala más radical del movimiento y representaban la necesidad de ampliación de la democracia a través del sufragio universal y el respeto por la Constitución. A ese movimiento se incorporaron grupos católicos —José Manuel Estrada, Pedro Goyena—, disconformes con las tendencias laicistas y ex autonomistas bonaerenses marginados del pacto roquista. En la Unión Cívica confluyeron la línea de Alem y la de BartoloméMitre, quien compartía las denuncias de corrupción y malversación, pero buscaba un recambio en el equipo gobernante sobre la base de un acuerdo con Julio ArgentinoRoca y CarlosPellegrini.

El el 26 de julio de 1890, el descontento de este nuevo núcleo gestó la sublevación conocida como “Revolución del Parque”. El levantamiento comenzó con la toma por parte de Alem y militantes de la recientemente formada Unión Cívica, con el apoyo interno de sectores militares, del Cuartel del Parque de Artillería. Luego de casi dos días de enfrentamiento con los soldados al mando de las fuerzas represoras del general Nicolás Levalle, la revolución fue derrotada por la consumación de un pacto entre el mitrismo, Roca y Pellegrini. Se acordó la renuncia de Juárez Celman, pero quedaron intactos los pilares del régimen. La fracción democrática del movimiento había sido desplazada y conformaría luego la Unión Cívica Radical. Su estrategia revolucionaria y abstencionista constituiría más adelante un gran elemento de presión para lograr la ampliación del sistema político a través del sufragio masculino, secreto y obligatorio en 1912.

Podría inferirse, entonces, que la Unión Cívica Radical nació a fines del siglo XIX a través de la lucha por democratizar el sistema representativo, con miembros provenientes de la clase alta, grupos católicos y laicos, liderados por un ala con gran carácter revolucionario.

Debe agregarse que el nacimiento de este movimiento se da en un contexto de profundos cambios demográficos y estructurales del país. Para el primer censo nacional, en 1869, Argentina contaba con 1.737.026 habitantes. En el período 1901-1910, ingresaron al país 1.764.103 inmigrantes, es decir, más extranjeros que la población nacional del primer censo. La oleada inmigratoria no contó con un gobierno favorable a su inclusión, ya que el latifundio de la oligarquía impedía el acceso a la tierra y el modelo agroexportador requería mano de obra barata. La ciudad de Buenos Aires contaba con 220.000 habitantes en 1869. Para 1904, ese número se había disparado a 950.891 ciudadanos. Lo grave era que de ese total, 138.188 vivían en conventillos, con habitaciones de 3×4 metros, ocupadas por familias de 5 y 6 hijos. El cambio estructural de un país agropecuario a una gran concentración urbana aumentó las actividades del sector secundario y terciario (industria y servicios). Además, el período 1900-1910 se caracterizó por una fuerte conflictividad, donde la sindicalización fue acompañada por conflictos y huelgas generales a través del surgimiento de dos centrales obreras: la anarquista, Federación Obrera Argentina (FOA), creada en 1901, luego llamada FORA a partir de 1904; y la socialista, la Unión General de Trabajadores, en 1902 (UGT).

II. ¿Yrigoyen “bueno” y Alvear “malo”?

La llegada a la presidencia del radicalismo significó un gran giro respecto de los gobiernos oligárquicos. En el contexto de la Primera Guerra Mundial y a pesar de las presiones de los Estados Unidos, Hipólito Yrigoyen preservó la neutralidad e hizo respetar los intereses del país ante las agresiones navales alemanas. En 1918, apoyó la Reforma Universitaria impulsada por los estudiantes cordobeses para democratizar los claustros sometidos a la tutela de sectores reaccionarios. Ante el movimiento obrero, tuvo una actitud ambigua, alternó negociaciones y represión, como la Semana Trágica, en 1919, o el envío de tropas del ejército, entre 1920 y 1922, para reprimir la huelga de peones rurales en la Patagonia, que derivó en un fusilamiento en masa de cientos de trabajadores.

La sucesión presidencial de Yrigoyen recayó en Marcelo Torcuato de Alvear. Durante su gestión, se retornó al patrón oro, se puso en marcha YPF, con el general Enrique Mosconi al frente, en octubre de 1922. Ese año, se instaló la primera planta de producción automotriz de Ford en Latinoamérica. Un año después, en 1923, comenzó a producir General Motors en Argentina. En 1925, salió a la venta el popular Ford T; a los dos años la producción llegó a las 100.000 unidades. Durante la gestión de Alvear, el crecimiento del parque automotor fue exponencial: en 1920 había en Argentina 48.000 automotores, un promedio de 187 habitantes por automotor; para 1930 había aumentado a 435.822 unidades, a un promedio de 27,6 habitantes por automotor. En materia de obras públicas, se inició la construcción de los ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Guerra y Marina, el edificio del Banco Nación y las destilerías de petróleo de la Plata. El 23 de diciembre de 1925 entró en funcionamiento la gran refinería fiscal ubicada en La Plata, con Mosconi al mando. En 1927, se inauguró la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba.

En contrapartida, la deuda pública externa creció notoriamente en comparación a la gestión radical anterior; para 1928 había llegado a los 1.763 millones de pesos por imperativo de los empréstitos estadounidenses contraídos durante el lustro alvearista. En política social, durante los seis años de Alvear, se declararon 519 huelgas, también ocurrió la masacre de Napalpí, perpetrada el 19 de julio de 1924 en esa colonia aborigen por policías del Chaco, milicias civiles y estancieros, que dejó un saldo de 200 indígenas de las etnias qom y mocoví asesinados. Se deduce, entonces, que la represión formó parte de ambos gobiernos, tanto de Yrigoyen como de Alvear. Cuando Yrigoyen retornó al gobierno en 1928, se percibió un clima político enrarecido, del que participaron incluso algunos sectores del propio partido gobernante que, desde 1924, comenzaron a nuclearse en una facción autodenominada “antipersonalista”. Y si bien Yrigoyen comprendió el carácter estratégico de actividades como el petróleo, no llevó a cabo una transformación integral de las estructuras productivas y sociales ni cuestionó las bases del modelo agroexportador. La depresión mundial de 1929, a raíz del crack de Wall Street, hizo irremontable la situación social y económica. Con el derrocamiento de Yrigoyen y la proscripción de la UCR se instauró una nefasta lógica de las Fuerzas Armadas de funcionar más como un partido militar encargado de tutelar la democracia según su criterio.

III. El radicalismo durante la proscripción del peronismo

El derrocamiento de Yrigoyen, el nacimiento de FORJA y su articulación ideológico con el peronismo, alejó al radicalismo del primer plano político. Para colmo, en 1946, la UCR formó parte de la ecléctica coalición Unión Democrática, con varios partidos políticos más y con el apoyo abierto de la Embajada de Estados Unidos. Recién en 1958, regresaría a la primera magistratura con Arturo Frondizi, quien propuso un programa de estabilización económica mediante un severo plan de ajuste, eliminación de controles de precios, postergación de obra pública, aumento de impuestos, eliminación de controles sobre el mercado cambiario, y fuerte desvalorización de la moneda nacional. Los resultados fueron negativos: el PBI de 1959 descendió seis puntos respecto del año anterior. Además, aplicó el Plan Conintes, mediante el cual se permitió a las Fuerzas Armadas detener arbitrariamente y condenar en juicios ficticios a más de mil militantes obreros y políticos, acusados de “terrorismo”. Frondizi desplegó una nueva estrategia con resultados dispares: por un lado, el grueso del movimiento obrero continuó oponiéndose, con importantes huelgas generales. Por otro, permitió el surgimiento de dirigentes moderados dispuestos a negociar. En materia económica, otorgó concesiones petroleras a empresas privadas, por lo cual, quedó en evidencia que sobreactuó sus gestos antiimperialistas en campaña.

Como doctrina, el desarrollismo tuvo como su principal ideólogo a Rogelio Frigerio, “quien inició a Frondizi en el nuevo credo a partir de 1956 y quien difundió sus lineamientos principales desde los editoriales de la influyente revista Qué, dirigida por él, y que se transformaría —junto con el diario Clarín— en el principal órgano de prensa de la campaña frondizista” (Adamovsky: 2009, 342). Finalmente, Frondizi permitió la participación del peronismo en las elecciones legislativas, las cuales quedaron anuladas por las Fuerzas Armadas y el presidente fue derrocado.

El 12 de octubre de 1963 asumiría Arturo Illia, tras un breve gobierno castrense. Su gestión se extendería hasta el 28 de junio de 1966, cuando fue derrocado por un nuevo golpe militar. En materia económica, la política comercial de Illia buscó mantener un superávit estimulando las exportaciones y controlando las importaciones. Con ese objetivo, se estableció un nuevo esquema cambiario a fin de evitar la tradicional revaluación del peso en el período de expansión y la posterior devaluación para contrarrestarla. El programa económico encontró grandes dificultades para sostener los niveles salariales frente a presiones inflacionarias. En 1964, el costo de vida aumentó cerca del 22 por ciento y en 1965, la inflación rozó el 30 por ciento. Se evidenció una clara incapacidad en imponer una política de ingresos para contener la espiral de precios y salarios. En consecuencia, el movimiento obrero mantuvo una permanente hostilidad contra la administración de Illia, que siempre lo vio como un gobierno electo gracias a la proscripción del peronismo.

Respecto del derrocamiento, hay un informe a Estados Unidos, donde se menciona a los principales oficiales involucrados: Onganía, Pistarini, Alsogaray, Lanusse, Osiris Villegas: “Ellos han llegado a la conclusión de que no existe otra alternativa que la destitución del actual gobierno, debido a la total incompetencia del mismo para resolver los problemas económicos que enfrenta el país, a su incapacidad para combatir la creciente subversión e infiltración comunista, y a su fracaso para arribar a un acuerdo aceptable con los peronistas, lo cual resultaría indudablemente en una victoria para los candidatos del peronismo en las elecciones de marzo de 1967” (Tcach, César y Rodríguez, Celso, 2006, pp. 193-94).

IV. Claroscuros del alfonsinismo

La herencia económica del Terrorismo de Estado (1976-1983) dejó una clara reprimarización de la producción; financiarización de la economía; apertura indiscriminada del sector externo, especialmente de la cuenta de capital; liderazgo de un reducido conjunto de grupos económicos. En ese contexto, el gobierno de Alfonsín propuso, en materia de Derechos Humanos, la creación de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), el 15 de diciembre de 1983. Si bien en el prólogo del informe, el escritor Ernesto Sábato postula la conocida “teoría de los dos demonios”, donde las Fuerzas Armadas y la guerrilla civil se habrían enfrentado en una guerra “sucia” y el resto de la sociedad quedaría “en el medio”, el propio informe refuta tal teoría, ya que los testimonios pertenecen en su mayoría a estudiantes, trabajadores, periodistas, empresarios, no son solo guerrilleros.

Alfonsín reformó el Código de Justicia Militar, ya que este reconocía el fuero castrense en esos delitos. El 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para poner el tema bajo su jurisdicción. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se impuso perpetua sólo a Videla y Massera, Viola fue sentenciado a 17 años de prisión, Agosti a cuatro y medio. Si bien el proceso involucró a 450 oficiales, solo 15 fueron condenados, mientras que el resto fue absuelto. Además, la resolución de los camaristas dejó abierta la posibilidad de futuros juicios contra militares, policías y civiles incriminados en la represión, lo que no tardó en generar malestrar entre los uniformados, que comenzaron a presionar al Ejecutivo. En consecuencia, a fines de 1986, Alfonsín promulgó la ley conocida como “Punto Final”. El proyecto fijaba un pazo de 60 días para incorporar nuevas acusaciones contra quienes habían participado de la represión ilegal. Transcurrido ese plazo, sólo podrían ser juzgados quienes hubieran huido del país o cometido hechos criminales que afectaran a niños. Para principios de 1987, los procesos se multiplicaron, involucrando también a oficiales subalternos. Esto provocó un conflicto entre los altos mandos y la oficialidad joven que afirmaban —de acuerdo con el Código de Justicia Militar— los oficiales superiores eran responsables de los actos de sus subordinados. Los jueces más activos comenzaron a avanzar sobre casos particulares, a contramano de la estrategia del gobierno, orientada a condenar únicamente a las cúpulas. La situación desembocó en el levantamiento de los denominados “carapintadas”, liderado por el teniente coronel Aldo Rico. En consecuencia, Alfonsín solicitó al Congreso la aprobación de la Ley de Obediencia Debida, en virtud de la cual se amnistiaba por los delitos cometidos en la represión a los oficiales con grado inferior al de coronel. Además de significar un claro retroceso en materia de Derechos Humanos, significó la institucionalización de la impunidad, cuyo golpe de gracia fueron los indultos del menemismo. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final serían derogadas recién en 2007.

En materia económica, el gobierno de Alfonsín se caracterizó por una serie de ajustes y frustraciones. El ministro Juan Vital Sourrouille lanzó, en 1985, el Plan Austral, que consistió en una política heterodoxa de shock, que no apuntaba a un drástico ajuste de la balanza de pagos a través de una política recesiva, sino a lograr cierto equilibro interno rompiendo con la dinámica inflacionaria. Es decir, ante la situación inercial, la respuesta no era la apertura económica al estilo Martínez de Hoz, sino intervenir mediante el congelamiento de ciertos precios. Tras ese objetivo, se congelaron tarifas, el tipo de cambio y salarios para evitar la inflación inercial. De todos modos, la deuda externa erosionaba las bases del Plan Austral, en tanto provocaba un incremento del déficit fiscal, obligando a la emisión de títulos públicos que terminaron saturando el mercado. Dicha restricción impidió que se pudieran poner en marcha medidas tendientes a impulsar un proceso inversor que permitiera al país superar sus deficiencias estructurales. Por el contrario, a fin de pagar los servicios de la deuda, el Estado buscaba incrementar los ingresos del sector público, lo que fue imposible de concretar, ya que el déficit creció, entre otras razones, porque debía subsidiar al sector privado. En tanto, las políticas de ajuste de las cuentas públicas llevaron a políticas redistributivas regresivas del ingreso, que exacerbaron la puja con los trabajadores, lo que condujo a un estado de creciente conflictividad. En agosto de 1988, frente a una inflación semestral superior al 400 por ciento, el amotinamiento de militares y huelgas de diversos sectores, Sourrouille lanzó el Plan Primavera. El plan reunió las características principales de los anteriores programas de estabilización, pero su principal novedad fue el fuerte énfasis en el control del déficit público. Se desdobló el tipo de cambio en uno “libre” y otro “comercial”, se incrementaron las tarifas de los servicios públicos y se racionalizaron fuertemente los gastos en inversión pública. El Plan derivó en una alianza del gobierno con los grupos más liberales del empresariado (Unión Industrial Argentina; Cámara Argentina de Comercio), y dejó afuera a las cámaras agropecuarias, pymes y trabajadores, lo que explica el abucheo a Alfonsín en la exposición de la Sociedad Rural. Tras el triunfo del peronismo en las elecciones presidenciales, Alfonsín renunció en un contexto de hiperinflación, saqueos y fuga de capitales.

V. Diez años después

El regreso del radicalismo a la primera magistratura se dio en 1999, con una coalición denominada “Alianza”, junto al Frente Grande. Fernando De la Rúa intentó mantener a toda costa la convertibilidad, que equiparaba la moneda nacional al dólar estadounidense. Durante su gestión, se redujeron los salarios de los empleados públicos, se aprobó la Ley de Reforma Laboral, conocida como “ley Banelco”, se llevó a cabo el Megacanje y el corralito, todas exigencias del FMI a cambio de una serie de préstamos que resultaron insuficientes para sostener el programa neoliberal.

El primer ministro de Economía de De la Rúa fue José Luis Machinea, ex titular del Banco Central con Alfonsín. La renuncia a la vicepresidencia de “Chacho” Álvarez, 6 de octubre de 2000, generó incertidumbre y rumores en el sector financiero. El 10 de noviembre de 2000, se anunció el blindaje financiero, un paquete de ayuda por un monto de 39.700 millones de dólares. A cambio, De la Rúa avanzó con medidas de neto corte antipopular: reformar el sistema jubilatorio, eliminando el régimen estatal de reparto; aumentar la edad jubilatoria; bajar el gasto público para garantizar el equilibrio fiscal; y desregular las obras sociales. El paquete de ayuda no implicaba la disposición de dinero de forma inmediata, sino un incremento de 13.700 millones de dólares del paquete de ayuda del FMI en el marco de su acuerdo vigente. A ese monto, se le sumaron 4.800 millones de dólares que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsarían en un lapso de dos años, 1.000 millones de dólares del gobierno de España y 10.000 millones de dólares a través de la refinanciación de vencimientos y la emisión de nuevos títulos por bancos privados.

Mientras se agudizaba la recesión, el gobierno continuaba con los esfuerzos para achicar el déficit fiscal, ante la presión del FMI para que se lleven a cabo las reformas exigidas: la apertura a la competencia del sistema nacional de salud, la renegociación de los contratos de las privatizadas, la desregulación de sectores como las telecomunicaciones y la energía, y la profundización de la reforma laboral. La crisis de Turquía encendió las luces de alerta hacia las economías de países emergentes. Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, efímero ministro de Economía que propuso un ajuste ultra ortodoxo que provocó amplio rechazo social. Tras su renuncia, el regreso de Cavallo marcó más deuda y fuga de capitales. El 1º de junio de 2001 se concretó el “megacanje”, operación que pretendía aliviar la carga fiscal de los vencimientos de corto plazo de la deuda, a costa de intereses altísimos y un aumento sustancial de la deuda. Se canjearon bonos cuyos vencimientos se extendían desde 2001 hasta 2031. Se recibieron ofertas por 32.854 millones de dólares. En la causa judicial abierta por el magacanje, los peritajes demostraron que esa transacción aumentó el endeudamiento público en un volumen sin precedentes para una sola operación.

El final es conocido: el programa de ajuste en un contexto de recesión, endeudamiento externo y fuga de capitales, generó puebladas, piquetes, cacerolazos y huelgas a lo largo y ancho del país. La renuncia de De la Rúa, el 20 de diciembre de 2001, un día después de decretar el estado de sitio, sumió al país en la crisis de representatividad más profunda de su historia. El mismo movimiento político que había finalizado el siglo XIX tomando cuarteles militares para exigir la participación ciudadana se iba en helicóptero, dejando un saldo de más de más de 30 ciudadanos asesinados por la represión. El regreso al poder del radicalismo se dio en 2015, nuevamente mediante una alianza. En este caso, con el Pro de Mauricio Macri.

Como se pudo observar, lejos de “dos tendencias” dentro del radicalismo, pareciera haber un Doctor Jekyll y un Mister Hyde en el corazón de cada gobierno radical. No ha habido en la historia del radicalismo una “línea” o “ala” progresista contra otra reaccionaria, sino más bien las dos tendencias en todos los gobiernos. En estos tiempos, donde muchos políticos de primera línea revindican al desarrollismo o al alfonsinismo, resulta crucial preguntar “qué” es lo que se busca rescatar o resignificar.

Bibliografía:

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