Concejo Municipal conoce y revisa avances en actualización del Plan Regulador Comunal de Ovalle

El Concejo Municipal de Ovalle, en su tercera de nueve etapas, ha celebrado una reunión para discutir el progreso de la actualización del Plan Regulador Comunal. La reunión contó con la participación del equipo técnico municipal, representantes del Serviu, y la empresa asesora INFRACON Consultores Ltda.

La empresa INFRACON Consultores Ltda, que ganó la licitación pública para asesorar en la actualización del plan, ha estado trabajando en el proyecto durante los últimos nueve meses. El arquitecto Pablo Badilla, jefe del equipo técnico de la empresa, expuso a los concejales y al equipo técnico municipal los avances realizados.

El Plan Regulador Comunal de Ovalle es un instrumento de planificación territorial que requiere actualizaciones periódicas para responder a las necesidades cambiantes de sus habitantes. “Con el paso del tiempo, se ha hecho evidente la necesidad de hacer algunos ajustes a sus normas, y que estas se puedan formular de acuerdo a la visión y necesidades actuales de sus habitantes, conservando sus valores y procurando resolver los problemas y conflictos que se generan. Siempre enfocados en el interés general y el bien común«, señaló Badilla.

Los objetivos de la actualización no son generales, sino que se centran en puntos específicos, como el ajuste del plano de zonificación y el estudio de riesgos. También abordan temas como las áreas de crecimiento, los incentivos normativos para la construcción de viviendas de interés público, las áreas verdes y los inmuebles de conservación histórica.

Badilla destacó la importancia de las instancias de participación ciudadana en la elaboración del anteproyecto. Sin embargo, aclaró que ni la empresa consultora ni la comisión técnica toman decisiones, sino que exponen los planteamientos. Al final, es el Concejo Municipal, como cuerpo colegiado, quien toma la decisión final.

Los concejales también tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones y explorar algunos de los temas expuestos. El concejal Cristian Rojas valoró la inclusión de la comunidad en el proceso. «Este trabajo busca proyectar el PRC a diez años o más, por lo que me parece muy bueno que se desarrollen este tipo de instancias y que se haya tomado en consideración a la comunidad», dijo.

Carlos Ramos, otro concejal, sugirió que las dudas de las comunidades podrían resolverse a medida que surjan en cada jornada de participación ciudadana. Hizo hincapié en la necesidad de proteger el cauce del Río Limarí, discusión que considera necesaria en tiempos de sequía.

Por su parte, el concejal Gerald Castillo enfatizó la importancia de las jornadas de consulta ciudadana. «Me da tranquilidad saber que ante cualquier decisión hay jornadas de consulta ciudadana, en la que la gente pueda entregar sus sugerencias e ideas», dijo.

En los próximos meses, se llevará a cabo una nueva etapa de participación ciudadana como parte de la cuarta etapa del estudio técnico del Plan Regulador Comunal. Este proceso de consulta y planificación garantiza que el plan refleje las necesidades y opiniones de la comunidad, y que esté alineado con el bienestar y la salud de sus habitantes.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.