El caso conocido como el «Papaya Gate» ha cobrado una nueva dinámica con el abogado Luis Acevedo Espínola, representante del senador Daniel Núñez, revelando detalles sobre la participación de cada una de las partes implicadas en la transacción de terrenos ubicados en el sector oriente de La Serena, cuyo valor fue de 9.800 millones de pesos. Este monto es casi el doble de la última tasación, que alcanzaba algo más de 4 mil millones de pesos.
La presentación de Acevedo a la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, pedía la formalización de los imputados, basándose en los antecedentes que recogía la carpeta investigativa a la que tuvieron acceso como parte querellante. El abogado solicitó la formalización de las ocho personas involucradas en el caso, bajo los delitos de estafa, fraude al Fisco y tráfico de influencias.
Entre los funcionarios públicos implicados se encuentran Lucía Pinto Ramírez, exintendenta de la Región de Coquimbo; Eduardo Iván Espinoza Rodríguez, exjefe del Departamento Jurídico del gobierno regional; y José Eduardo Cáceres Rojas, exjefe del Departamento de Planificación y luego administrador regional del GORE de Coquimbo. A ellos se les acusa de fraude al Fisco (artículo 239 del Código Penal), y en el caso de Cáceres, también de tráfico de influencias.
Los particulares implicados en el caso son Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Karim Ale Daire Daud, Manuel Alejandro Daire Daud y Pablo Bracchitta Krstulovic. A ellos se les acusa de estafa (artículo 473 del Código Penal) y como delito base del fraude al Fisco.
El actuar de los funcionarios públicos en este caso ha sido objeto de escrutinio. Según el abogado querellante, 9.800 millones de pesos se pagaron por terrenos que finalmente terminaron en una acusación de fraude al Fisco y estafa, transacción que le costó el cargo a la exintendenta regional Lucía Pinto.
Según la presentación, Pinto, junto a Cáceres, propuso ante el concejo municipal de La Serena la donación de un terreno que ocupaba la Corporación de Deportes de la Cámara Chilena de la Construcción (CORDEP) en favor del Servicio de Salud de Coquimbo para la construcción del Hospital de La Serena. Una vez aprobada la donación, Pinto comunicó su idea de adquirir terrenos en compensación por la donación del municipio para el hospital.
En octubre de 2019 se firmó el contrato de compraventa entre las partes, por el monto de 9.800 millones de pesos. En julio de 2020, la exintendenta firmó un nuevo contrato de compra con Bracchitta, ya que la Contraloría General de la República le había rechazado en varias ocasiones la adquisición. Esta vez, sin embargo, lo hizo sin la venia del ente contralor y pocos días después, el 20 de julio de 2020 se retiraron los vale vista, distribuyendo los recursos entre los socios en partes iguales.
José Cáceres, exjefe del Departamento de Planificación y luego administrador regional del GORE de Coquimbo, es otro personaje relevante en la trama. Según la presentación del abogado querellante, Cáceres, junto a la exintendenta regional, impulsó ante el municipio de La Serena el traspaso de terrenos para construir un nuevo hospital. Una vez que el municipio hizo la donación del terreno para el nosocomio, Cáceres utilizó esto como pretexto para justificar la necesidad de compensar ese terreno con la adquisición de otros sitios que serían usados para un Centro Deportivo en San Ramón.
El tercer funcionario público implicado, Eduardo Iván Espinoza, exjefe del Departamento Jurídico del gobierno regional, también tuvo un papel en la gestión. Aunque en el escrito presentado por Acevedo, no aparece tan activo como Cáceres, se asegura que estaba al tanto de toda la gestión y listo para intervenir.
El rol de los privados en este caso también es notable. De los cinco particulares implicados en el caso, se identifica a Pablo Bracchitta como protagonista, al ser quien actúa en todo el proceso como representante de los otros cuatro involucrados. Bracchitta conforma el grupo empresarial Casas Para Siempre (CPS), en donde actúa como administrador. Según la parte querellante, Bracchitta figura desde un comienzo en el proceso y ligado a José Cáceres. El abogado que representa al senador Daniel Núñez solicitó en el escrito, que sea formalizado por estafa, especialmente junto a Cáceres, pues la participación de ambos, asegura, es más clara y directa.
El caso «Papaya Gate» es un ejemplo de cómo las transacciones inmobiliarias pueden ser objeto de manipulación y fraude, afectando no sólo las finanzas públicas, sino también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La investigación sigue en curso para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.