El jueves pasado, la segunda reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) a nivel nacional se llevó a cabo para abordar la grave situación de emergencia hídrica que vive la provincia del Limarí. Este importante encuentro contó con la participación de varios ministros, subsecretarios, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, y fue liderado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Durante la reunión, se discutió acerca de la preocupación del gobierno frente a la crisis hídrica en Limarí. «Aquí, lo importante es destacar la preocupación que tiene el gobierno en su conjunto…se están tomando decisiones para abordar la crisis hídrica en Limarí», explicó el delegado presidencial, Galo Luna.
Uno de los temas principales tratados durante la reunión fue el estado del proyecto de desaladora para La Serena y Coquimbo. Las bases de licitación para este proyecto se encuentran en preparación y se espera que para el último trimestre de este año se pueda licitar la desaladora. Este proyecto es una iniciativa del gobierno, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Concesiones, para combatir la crisis hídrica.
Pero este proyecto no es una tarea sencilla. Estamos hablando de una obra de gran envergadura cuyo costo bordea los US$300 millones, lo que requiere un análisis exhaustivo para su correcta realización. La desaladora es una solución a largo plazo para la crisis hídrica, que ha sido postergada durante demasiado tiempo en la región.
Otro tema discutido fue el papel de la empresa Aguas del Valle en el proyecto de la desaladora. La empresa presentó un estudio y solicitó un permiso a DIRECTEMAR en 2020 para la concesión marítima necesaria para operar la planta desaladora. Este trámite, que suele tomar entre 3 a 4 años, podría acelerar los tiempos para obtener la concesión gracias a la ventaja de haberse ingresado en 2020.
Además, se mencionó el estudio de biótica marina desarrollado por el CEAZA, que fue financiado por el FNDR. Este estudio permitió determinar que las aguas del sector de El Panul son aptas para la ubicación de una planta desaladora.
El presidente ha mencionado que se proyecta la puesta en marcha de la planta desaladora para 2028 o inicios de 2029. Para lograr este objetivo, se están haciendo esfuerzos para acelerar los trámites y se está discutiendo un proyecto de ley que permitirá reducir la ‘permisología’ para los proyectos de inversión.
La planta desaladora será de carácter multipropósito, destinada principalmente al consumo humano. Sin embargo, si se generan excedentes, estos se podrán destinar para otros usos, como el industrial y el agrícola.
También se está considerando la posibilidad de una planta desaladora en Talinay. Se están analizando todas las alternativas posibles para llegar con agua no solo a la conurbación sino también al Limarí, que es una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica.
Finalmente, se discutió acerca de la iniciativa de bombardear nubes, que pertenece a la Junta de Vigilancia del Río Elqui. Esta iniciativa privada cuenta con el apoyo del gobierno y ya se ha invertido cerca de mil millones en un piloto.
En conclusión, el gobierno está tomando medidas para abordar la crisis hídrica en la región de Limarí y está explorando todas las opciones posibles para asegurar el suministro de agua para el consumo humano y otros usos. La reunión del COGRID es un ejemplo de cómo el gobierno está trabajando en conjunto con otras entidades para encontrar las mejores soluciones a esta crisis.