El exalcalde de Ovalle, Claudio Rentería y otros tres exfuncionarios bajo su administración, junto con una trabajadora actual de la municipalidad, son acusados de un presunto fraude al fisco, ocultamiento de documentos públicos y posible asociación ilícita. La acción fue presentada por el abogado Carlos Tello, en representación de la Municipalidad de Ovalle, el pasado jueves 4 de julio en el Juzgado de Garantía de la capital limarina. Se busca esclarecer las responsabilidades por un déficit registrado de aproximadamente 300 millones de pesos en el Departamento de Educación Municipal de Ovalle.
El 10 de febrero del 2016, la municipalidad de Ovalle firmó una contratación vía trato directo con la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers Limitada. Esta contratación fue realizada a propuesta de una funcionaria que, en ese momento, cumplía la función de jefa (s) de Administración y Finanzas del Departamento de Educación.
Según el contrato, la empresa se comprometió a poner a disposición de la municipalidad toda su experiencia y conocimiento para cumplir con el servicio objeto de este contrato. Sin embargo, la actual administración sostiene que la mencionada empresa cobró los servicios “prestados” y emitió cuatro facturas por un monto de aproximadamente 36 millones de pesos, a pesar de no haber cumplido con las prestaciones a las que estaba obligada.
La municipalidad de la época nunca hizo efectivo los pagos de esos cheques, pero la empresa continuó emitiendo seis facturas más. Ante la falta de pago, Advisers Limitada ingresó una demanda al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle por el no pago de esas facturas.
El alcalde Jonathan Acuña Rojas fue informado de la situación durante la sesión extraordinaria N° 1 del actual Concejo Municipal, celebrada el 22 de marzo de 2024. Según se informó en la sesión, se habían emitido cheques a nombre de la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers, pero nunca fueron pagados.
Se inició una investigación para determinar el paradero de esos cheques o decretos de pago, pero se descubrió que se habían perdido durante la administración anterior. La querella presentada señala que el exalcalde Claudio Rentería Larrondo contrató a una empresa que no prestó todos los servicios prometidos, emitieron decretos de pago y cheques que ahora están perdidos, y la empresa continuó emitiendo facturas por servicios que nunca prestó.
En respuesta a la situación, el alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, una vez presentada la querella, señaló que se vislumbraron varias situaciones de tinte irregular en los concejos municipales, por lo que se busca aclararlas. Indicó que la situación financiera del Departamento de Educación es bastante crítica y que la querella también tiene como objetivo enviar una señal clara a la comunidad sobre la capacidad de la actual administración para normalizar la situación y asumir las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias.
Además, el alcalde Jonathan Acuña anticipó que es probable que también se realicen investigaciones administrativas para buscar responsables. Por su parte, Carlos Tello, el abogado que representa a la municipalidad de Ovalle, enfatizó que estas irregularidades han causado un grave perjuicio a la municipalidad, obligándola a pagar más de 296 millones de pesos debido a las irregularidades cometidas en la administración anterior.
Frente a la desaparición de los documentos, el procedimiento irregular, la falta de prestación total de los servicios y el posible beneficio que una empresa externa podría haber obtenido de estas actuaciones, Tello sugirió que podría haber una asociación ilícita entre los querellados y la empresa.
El exalcalde Claudio Rentería fue consultado sobre la querella presentada en su contra, pero se limitó a afirmar que desconocía la acción legal presentada por la actual administración del alcalde Jonathan Acuña, y se negó a dar más declaraciones.