Este jueves se registró un incidente de violencia en el SAPU del sector JP II, cuando una usuaria agredió verbalmente a los trabajadores y causó daños materiales al derribar varios computadores. Ante la situación, se realizó una denuncia a Carabineros, quienes acudieron al lugar, pero no actuaron conforme a la llamada «Ley Karin», que protege a los funcionarios de la salud en situaciones de agresión. A pesar de la denuncia, la usuaria no fue arrestada y abandonó el lugar sin enfrentar consecuencias por sus acciones. Los funcionarios policiales argumentaron que no estaban al tanto de la normativa vigente, lo que generó frustración entre los afectados. El caso llegó hasta la Fiscalía, sin embargo, tampoco se tomaron medidas en contra de la agresora.
Declaración oficial desde la Corporación
Desde el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, emitieron el siguiente comunicado:
«En relación al hecho de violencia protagonizado por una usuaria durante la mañana de hoy en el CESFAM Juan Pablo II, informamos lo siguiente:
Condenamos y repudiamos una vez más el que nuestros funcionarios, en el marco de su labor diaria, tengan que verse expuestos a agresiones por parte de pacientes, tal como sucedió este 29 de agosto por parte de una usuaria de 26 años, quien, mediante gritos, insultos y destrucción de implementos de trabajo, exigió atención preferencial e inmediata para su hijo menor de edad, en circunstancias en que el menor no presentaba ninguna afección que demandara una atención de urgencia vital, tal como lo corroboró el personal de salud del Cesfam que lo evaluó.
La dirección del establecimiento y el Departamento de Salud de nuestra institución, junto con presentar una denuncia a Carabineros y Fiscalía ha solicitado el alta administrativa de la usuaria, de modo que sea atendida en otro recinto asistencial».
El suceso ocurrido en el SAPU del sector JP II ha generado un considerable revuelo entre los trabajadores de la salud y la comunidad en general. Este incidente de violencia no solo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios de la salud ante agresiones por parte de usuarios, sino también la falta de conocimiento y aplicación de la “Ley Karin” por parte de las autoridades policiales. La indignación de los trabajadores de la salud es palpable, ya que consideran que no se está brindando el apoyo ni la protección necesaria para desempeñar su labor en condiciones seguras.
La Corporación Municipal Gabriel González Videla, responsable del Departamento de Salud que administra el CESFAM Juan Pablo II, ha tomado una postura firme al repudiar y condenar el ataque sufrido por sus funcionarios. En su comunicado, se destaca la injusticia de que trabajadores de la salud, dedicados a la atención de la comunidad, sean objeto de agresiones físicas y verbales, especialmente en situaciones donde no existe una emergencia médica que justifique tal comportamiento.
Por otro lado, la respuesta de Carabineros ha sido insuficiente según los afectados. La normativa vigente, conocida como “Ley Karin”, establece medidas de protección específicas para los trabajadores de la salud en casos de agresión. Sin embargo, en esta ocasión, los Carabineros que acudieron al llamado argumentaron desconocer esta ley, lo que impidió la detención de la agresora. Este desconocimiento ha sido un punto crucial en la controversia, ya que pone en duda la efectividad de las leyes diseñadas para proteger a los trabajadores de la salud.
El incidente también ha llegado a la Fiscalía, pero, hasta el momento, no se han tomado acciones legales en contra de la usuaria agresora. Esta falta de respuesta por parte de la Fiscalía ha aumentado la sensación de impotencia y desprotección entre los trabajadores del CESFAM Juan Pablo II. La percepción de que las agresiones pueden quedar impunes es un tema de preocupación tanto para los trabajadores como para los administradores del sistema de salud.
En cuanto a la agresora, la decisión del Departamento de Salud de solicitar su alta administrativa y derivación a otro recinto asistencial refleja la gravedad con la que se está tomando este asunto. La medida busca no solo proteger a los trabajadores afectados, sino también garantizar un ambiente seguro y libre de violencia para todos los usuarios del CESFAM.
La comunidad, por su parte, ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la salud, reconociendo la importancia de su labor y la necesidad de contar con un entorno seguro para desempeñar sus funciones. La situación ha generado un debate sobre la efectividad de las leyes de protección laboral y la necesidad de una mayor capacitación y sensibilización de las fuerzas policiales en relación a estas normativas.
El SAPU del sector JP II ha retomado sus actividades, aunque el incidente ha dejado una huella en el ánimo de los trabajadores. La dirección del CESFAM Juan Pablo II y el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla continúan trabajando en medidas preventivas y correctivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La implementación de protocolos de seguridad y la capacitación continua en la “Ley Karin” son pasos fundamentales para asegurar un entorno laboral seguro y libre de violencia.
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar las medidas de protección para los trabajadores de la salud y de garantizar que las leyes existentes se apliquen de manera efectiva. La seguridad y el bienestar de los profesionales de la salud deben ser una prioridad para toda la sociedad, ya que son ellos quienes, día a día, velan por la salud y el bienestar de la comunidad en general.