Una comisión mixta compuesta por parlamentarios de ambas cámaras se encargará de resolver las diferencias que han surgido en torno al proyecto que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública. Este nuevo ministerio tendría la responsabilidad de coordinar las actividades de las fuerzas policiales, una tarea que actualmente recae en el Ministerio del Interior.
La decisión llegó después de una reunión de comités que buscaba definir las propuestas de votación para el texto legal. Después de un profundo debate sobre el alcance y la efectividad de esta nueva estructura en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, el pleno respaldó la propuesta de su Comisión de Seguridad Pública para rechazar algunas de las modificaciones que la Cámara de Diputados había introducido a la iniciativa.
El texto legal promueve la especialización de funciones en esta nueva secretaría de Estado, que trabajaría directamente con el Presidente en asuntos relacionados con la seguridad multidimensional y la protección de la seguridad pública. La mayoría de las disposiciones se refieren a la dependencia no deliberativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con respecto al Ministerio de Seguridad Pública, las atribuciones del nuevo ministerio, la información que el ministerio debería enviar a las respectivas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, y las funciones y atribuciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Desde el gobierno han señalado que la creación del Ministerio de Seguridad Pública es un paso fundamental para cumplir con la promesa de campaña de eliminar la figura del delegado presidencial.
La controversia comenzó cuando el gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para eliminar la figura de los delegados presidenciales regionales y provinciales. Aunque el proyecto buscaba reemplazar a los delegados presidenciales por jefes regionales y provinciales, que actuarían como representantes del Presidente, la propuesta fue recibida con críticas.
Presentado a mediados de 2023, el proyecto formaba parte de una serie de reformas destinadas a fortalecer la descentralización y dar a los gobernadores regionales más atribuciones. Sin embargo, la propuesta inicial fue criticada por no considerarse una solución efectiva para lograr una verdadera descentralización.
En este contexto, Paulina Mora Lara, seremi de Gobierno, aclaró que «la eliminación del cargo del delegado presidencial es una decisión de competencia exclusiva del Presidente Gabriel Boric». Mientras tanto, el diputado Víctor Pino argumentó que si no existiera la figura del delegado presidencial, la región se encontraría en una situación de parálisis completa.
La diputada Carolina Tello argumentó que hay una necesidad de «actualizar la estructura tanto del ejecutivo en regiones como también de establecer un traspaso de competencias a los GOREs que asegure una gestión pública acorde». En este sentido, Tello valoró «el compromiso del Presidente Gabriel Boric con eliminar la figura del delegado presidencial, y además avanzar en algo que es primordial: la creación del Ministerio de Seguridad Pública».
En cuanto a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el senador Matías Walker afirmó que es fundamental aprobar este proyecto, ya que «forma parte del fast track legislativo en materia de seguridad». Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida se opuso a la creación de más cargos públicos y propuso que el Ministerio de Seguridad Pública debería operar con los trabajadores del Ministerio del Interior que están a cargo de los temas de seguridad.
Finalmente, el diputado Marco Antonio Sulantay expresó su escepticismo sobre la eficacia de la nueva instancia. Según él, la solución a la crisis de seguridad no pasa por la creación de más burocracia sino por contar con herramientas realmente eficaces para resolver este problema, como la aprobación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y todas aquellas modificaciones orientadas a controlar la inmigración.