El abogado Isidro Solís, representante de la Gobernadora Regional Krist Naranjo, recientemente presentó un recurso de aclaración ante la Corte Suprema en respuesta al fallo que ordenó su suspensión del cargo por dos meses. Sin embargo, la Corte Suprema respondió de manera categórica, señalando que no había «puntos oscuros que aclarar» y, por lo tanto, la autoridad deberá cumplir con la resolución anterior.
El recurso de aclaración presentado por Solís tenía como objetivo que la Corte se pronunciara sobre qué organismo debía hacer cumplir la sanción de la gobernadora. La abogada y académica de la UCEN, María José Lira, explicó que Solís argumentó que las responsabilidades de los gobernadores las maneja el Tricel y no otro órgano público. Pero, su argumento fue descartado, ya que es correcto para todas las demás cuestiones, excepto el uso de vehículo fiscal. En este caso, la normativa otorga competencias exclusivas a la Contraloría con respecto a cualquier funcionario.
Lira añadió: «No hay ninguna distinción si es electo, si es alcalde, si es ministro, incluso si es presidente de la República. Era una discusión estéril. Por eso, varios planteamos que era un recurso que buscaba aclarar algo que ya estaba claro. La Corte determinó que no había nada dudoso y rechazó el recurso».
Tras esta resolución, corresponde que la Contraloría emita una nueva resolución que estipule los dos meses de suspensión y el 50% de las remuneraciones. «Esa nueva resolución debe ser notificada a la Gobernadora y desde ese momento comenzarán a correr los dos meses de suspensión», explicó la académica.
Por lo tanto, una vez notificada la autoridad, la suspensión deberá comenzar a cumplirse. Este es un caso que pone de manifiesto el riguroso y a menudo complicado proceso legal que se sigue en casos de supuestas violaciones de las normas y políticas gubernamentales.
En el complejo entramado legal, la responsabilidad de cumplir con las sanciones recae en la Contraloría, una entidad que vela por el correcto uso de los recursos públicos. Este caso sirve como un recordatorio de que ninguna figura pública, sin importar su rango o cargo, está exenta de las leyes y reglamentos que rigen la administración pública.
En este sentido, la suspensión de la Gobernadora Krist Naranjo y la reducción de sus remuneraciones durante el período de suspensión son un claro mensaje de que las acciones que violan las políticas de la administración pública tienen consecuencias. A medida que el proceso legal avanza, es importante seguir recordando que las estructuras de poder existen para servir al público, y cualquier violación de este pacto social puede y será sancionada.
El caso de la Gobernadora Naranjo es, por tanto, un caso emblemático en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. Destaca la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública, así como la necesidad de una regulación efectiva que prevenga y sancione cualquier conducta inapropiada.
El rechazo del recurso de aclaración por parte de la Corte Suprema subraya la importancia de respetar y adherirse a las decisiones judiciales. También refuerza la idea de que los procesos legales deben ser transparentes, justos y equitativos, independientemente de quién esté en el banquillo de los acusados.
En resumen, el fallo de la Corte Suprema y la posterior decisión de la Contraloría sobre la sanción de la Gobernadora Naranjo demuestran que el sistema judicial puede y debe actuar con rigor y justicia para proteger el interés público y garantizar la integridad y la buena gestión de los recursos públicos.