Personajes federales

Dos biografías que se ensamblan, se mezclan, se retroalimentan y se convierten en una. Dos de las figuras más destacadas de la Revolución de Mayo son presentadas a través de sus ideas, estrategias y visiones de la política.

Por Pablo Adrián Vázquez*

Un nombre, en mi recuerdo escolar, se repetía cuando despuntó la Patria: Juan José Paso. Pero, lamentablemente, esto no se replicó con la valoración popular de su figura, ya que, si Moreno fue el numen de la Revolución, Castelli su voz, Belgrano el alma, y Saavedra la fuerza militar, cabe preguntarse ¿qué lugar se le guardó a Paso en nuestra historia?

Nació en 1758, se recibió de abogado en la Universidad de Córdoba en 1779. “Al regresar a Buenos Aires —según su biografía en el tomo I de Crónica Histórica Argentina (1968) — se dedicó a la docencia superior. Desde 1781 hasta 1783 ocupó las cátedras de filosofía, física y metafísica en el Colegio San Carlos. Luego, marchó al Perú, donde permaneció por un lapso prolongado. En 1803, otra vez en Buenos Aires, las autoridades españolas lo designaron agente fiscal de la Real Hacienda”. Un hecho destacado es que fue uno de los primeros pobladores de San José de Flores, el actual barrio porteño de Flores, asentándose allí en 1804.

Por su parte, Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, presidente del primer gobierno de las Provincias Unidas del Río de La Plata, fue, contrariamente a lo que se piensa, quien afirmó, con sus fuerzas militares y su decisión política, la Revolución de Mayo. Nació el 15 de septiembre de 1759 en la hacienda “La Fombera”, Otuyo, Potosí, Virreinato del Perú, territorio actual del Estado Plurinacional de Bolivia. El porteño Santiago Felipe de Saavedra y Palma, y la potosina Teresa Rodríguez de Güiraldes fueron sus padres, quienes se mudaron a Buenos Aires en 1767.

Cornelio Saavedra empezó sus estudió en el Colegio San Carlos (actual Colegio Nacional Buenos Aires), pero no pudo concluirlos al dedicarse a la administración de la estancia familiar. En 1788, se casó con María Francisca Cabrera y Saavedra, prima hermana de éste, con la que tuvo tres hijos. A los diez años falleció su esposa y contrajo nuevas nupcias con María Saturnina Otárola y del Ribero.

Cumplió funciones capitulares, fue nombrado en 1797 regidor cuarto del Cabildo, y, al año siguiente, regidor tercero además de Defensor General de Menores, teniendo destacada actuación en controlar los abusos en la intermediación en los precios de la carne, al señalar la inconveniencia de prohibir las exportaciones de granos, ya que limitaban la expansión agrícola en nuestra pampa e interviniendo a favor de varios menores en un sonado caso de abuso infantil cometido por un indio oriundo de las Misiones.

También se distinguió como Síndico Procurador General, expidiéndose negativamente en una causa sobre agremiación —siendo ponderada tal decisión por los historiadores Ricardo Levene y Enrique Barba, aduciendo que apuntaló la libertad del derecho del trabajo sin tutela de gremio alguno ni autoridad estatal— y en su función de administrador de granos como alcalde de segundo voto.

Cosmovisión monárquica

Por su parte, Juan José Paso estuvo relacionado con Manuel Belgrano, en la época que este fue secretario del Real Consulado. Paso fue designado diputado sustituto en España para poder defender los intereses comerciales locales, amén de redactar el informe sobre la Reconquista contra el invasor británico, y sumar su apoyo al Cabildo Abierto que designó a Santiago de Liniers como nuevo Virrey.

Esa cercanía con el futuro creador de la bandera nacional, lo llevó a adherir al grupo “carlotino”, que buscaba que la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, tuviese una regencia americana en tiempos de la invasión napoleónica a España. En Candidata a la corona (2015), Marcela Ternavasio afirma que “el primer documento que expresó esta adhesión fue una memoria fechada en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1808, firmada por Juan José Castelli, Antonio Luis Berruti, Hipólito Vieytes, Nicolás Rodríguez Peña y Manuel Belgrano. Los firmantes aseguraban allí que eran ‘muchos los hombres de bien y de sano juicio’ con que podían contar las propuestas bragantinas”. Es decir, allí se encuentra el germen de los hombres e ideas de Mayo, donde Paso no estuvo ausente.

En tanto, Cornelio Saavedra tuvo una actuación destacada durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. En la primera invasión, se negó a jurar lealtad al rey británico y, en la segunda, acompañó la defensa de Buenos Aires con el regimiento de Patricios, en el que fue elegido por la tropa a través de la denominada “democracia directa en armas”. De igual modo, tuvo una relevante participación al sofocar el motín del alcalde Martín de Álzaga para deponer al virrey Santiago de Liniers, conde de Buenos Aires.

Tras la invasión napoleónica a España y el arresto de Fernando VII, fue la Junta de Sevilla quien ostentó el poder peninsular, decidiendo la remoción de Liniers por el nuevo virrey Cisneros. Previamente, hubo sondeos para que Carlota Joaquina de Borbón estuviese coronada en Buenos Aires, siendo Manuel Belgrano uno de los promotores del “carlotismo”. Según Bernardo Lozier Almazán, en Proyectos monárquicos en el Río de la Plata (2011), “Belgrano recurrió entonces a Cornelio Saavedra para contar con la fuerza militar que tenía bajo su mando en su afán de impedir que se reconociera nuevo virrey. Saavedra, en su juicio de residencia, reconoció que había sido visitado por Belgrano, quien le hizo entrega de una carta que le enviaba Carlota Joaquina, y lo instó a colaborar por la instalación de la regencia”. Saavedra respondió a la carta, siguiendo a Lozier Almazán, asegurando “contribuir a que estos Dominios no reconozcan otro gobierno que el Monárquico, ni otra Dinastía que la Real Casa de V. A. R”.

Y agregó Saavedra, en su Memoria Autógrafa (1829): “yo con mi cuerpo de Patricios, tan lejos de hacer oposición al proyecto, lo seguiremos; pero que de ningún modo quería dar la cara, no promoverlo de mi parte”. El monárquico Belgrano tuvo una media palabra del monárquico Saavedra sobre Carlota, pero, intrigas e indecisiones mediantes, el plan con ella no prosperó.

Mayo de 1810

En mayo de 1810, la noticia de la caída de la Junta de Sevilla encontró a Buenos Aires convulsionada, pero ya con diversos actores y grupos que replanteaban un cambio político y la remoción de Cisneros. “La Revolución la prepararon gradualmente los sucesos de Europa. Los patriotas en esta nada podían realizar sin contar con mi influjo y el de los jefes y oficiales militares que teníamos armas en la mano”, sentenció Saavedra en La Gaceta Mercantil del 25 de mayo de 1826, incluida en Los grupos políticos en la revolución de Mayo (1983), de José María Ramallo. Y agregó: “cuando llegó el momento de sazón di los pasos para verificarla con toda la circunspección y energía que es sabida por notoriedad, y el voto público lo acreditó en destinos que me colocó, presidiendo el país”.

Los sucesos de Mayo se precipitaron. La idea no fue separatista sino hermanada en el levantamiento español de 1808, donde nadie adhería a jurar fidelidad a José I, el Bonaparte bautizado para la eternidad como Pepe Botella.

Producido el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, Juan José Paso apoyó la visión del grupo patriota que pugnó por el cese del virrey Cisneros, respondiendo certeramente al cuestionamiento del fiscal de la Audiencia, Genaro Villota. En ello, fue terminante: “dice muy bien el señor fiscal, que debe ser consultada la voluntad general de los demás pueblos del virreinato; pero piénsese bien en el actual estado de peligros a que por su situación local se ve envuelta esta capital. Buenos Aires necesita con mucha urgencia ponerse a cubierto de los peligros que la amenazan, por el poder de la Francia y el triste estado de la Península. Para ello una de las primeras medidas debe ser la formación de una junta provisoria de gobierno a nombre del señor don Fernando VII y que ella proceda a invitar a los demás pueblos del virreinato a que concurran por sus representantes a la formación del gobierno permanente.”

En Revolución en el Plata: Protagonistas de Mayo de 1810 (2010), Miguel Ángel De Marco consignó que “se produjo un momento de vacilación entre los patriotas, pero al instante se adelantó Juan José Paso, quien, con serenidad, comenzó por dar la razón a Villlota con respecto a la necesidad de una consulta general a los pueblos del virreinato, pero agregó que la situación era muy crítica y cualquier retardo podía tornarla peligrosa. Buenos Aires, “la hermana mayor”, debía constituir un gobierno provisional a nombre del rey, y luego invitar al resto para que concurriera a la formación de un gobierno definitivo. Aplicaba la figura del “gestor de negocios”, aprendida en la cátedra de Instituta”.

Confluencia y conflicto

Secretario de Hacienda en la Primera Junta, Paso acompañó el impulso morenista y buscó, sin éxito, obtener el acatamiento de Montevideo, siendo expulsado de dicha ciudad. Resistió la arremetida de incorporar nuevos diputados de las provincias, pero, a la salida de Moreno, se alineó a la posición saavedrista. Eso le valió ser uno de los pocos en continuar en la llamada Junta Grande. Integró la diputación que firmó el armisticio, en 1811, por la que la Banda Oriental quedaba bajo el dominio de Montevideo.

Los disturbios contra Saavedra, con la anuencia del propio Paso, dieron lugar al Primer Triunvirato con Chiclana, Sarratea y el propio Paso, quien lo integró desde septiembre de 1811 hasta abril de 1812. Este último renunció en desacuerdo con Chiclana y Rivadavia, secretario de dicho Triunvirato. El alzamiento militar promovido por San Martín e instigado por la Logia Lautaro, forzó la renuncia de los triunviros e impulsó un Segundo Triunvirato con Alvarez Jonte, Nicolás Rodríguez Peña y otra vez Paso, quien se incorporó desde el 8 de octubre de dicho año.

Luego, se lo comisionó a Chile para respaldar al gobierno local, tratar infructuosamente de limar asperezar entre José Miguel Carrera y Bernardo O’ Higgins, y pedir a nombre del Directorio —que había reemplazado al Triunvirato— la extradición de Cornelio Saavedra. Los sucesos de Rancagua lo obligaron a regresar a Buenos Aires, saliendo de la política pro diferencias con Carlos de Alvear, pero, tras la sublevación de Fontezuelas, fue nombrado asesor de gobierno y auditor general de guerra.

El Congreso de Tucumán de 1816 lo encontró como diputado por Buenos Aires y su secretario hasta 1919. Participó de la redacción del Estatuto Provisional de 1817, de la Constitución unitaria de 1819, fue asesor de Rondeau, diputado provincial bonaerense entre 1822 y 1824, integró el Congreso de ese año como diputado, votó la Constitución de 1826. Pero no será su última tarea política. En Juan José Paso y la independencia (2016), Héctor José Tanzi señaló que: “por el tratado de Cañuelas firmado entre Lavalle y Rosas en junio de 1829, Paso es elegido para integrar nueva Junta de Representantes en elecciones del 12 de julio. El acto electoral es impugnado y anulado por fraude, pero Lavalle, sin poder, debe dejar el mando al gobernador provisional Juan José Viamonte propuesto de común acuerdo con Rosas. Este decide formar un Senado Consultivo que lo asesore, y en este organismo está nuevamente Paso. Será su última función oficial, pues fallece el 10 de septiembre de 1833”.

Reconocido por sus contemporáneos como un “hombre de Estado”, preocupaba al mismo Rosas, quien —según Tanzi— durante su campaña al desierto y queriendo estar al tanto de los quehaceres políticos de la ciudad, le escribía a su amigo Juan Terrero desde el río Colorado el 12 de septiembre de 1833, que le informase de “Paso y demás unitarios de su categoría”. Hacía dos días que había fallecido.

Calificado con agudeza por Juan Thames como “el primer funcionario todoterreno de la política argentina”, su tránsito por la gestión pública cruzó casi todos los gobiernos patrios y dejó una impronta digna de rescatar y valorar.

En tanto, sobre el devenir de Saavedra, Roberto Marfany, en Episodios de la Revolución de Mayo (1966), refirió que el Cabildo Abierto del 22 tuvo, con acuerdo de Cisneros y a instancias del alcalde Lezica y el síndico Leíva, la pretensión de que “el Virrey abdicara el mando en el Excelentísimo Cabildo, y que éste con anuencia del pueblo tratase de formar el Gobierno que debíamos adoptar, según el acta del Cabildo de 21 de mayo”. El pedido era convergente, pero las intenciones divergentes, ya que el Virrey quería consolidar su poder, mientras que los criollos pretendían elegir un nuevo gobierno. Aún la Junta del 24 lo encuentra a Cisneros presidiéndola, pero sería Saavedra quien le pediría que dé un paso al costado.

Marcela Ternavasio, en Historia de la Argentina 1806–1852 (2009), escribió: “El 25 de mayo, la Plaza de la Victoria se había convertido nuevamente en el escenario de la agitación popular. Un movimiento liderado por el regimiento de Patricios elevó un petitorio con la lista de los nombres que debían figura en el nuevo gobierno. La Junta quedó así constituida por nueve miembros: Cornelio Saavedra, a quien se le confirió el supremo mando militar, y quien la presidía; sus secretarios fueron Mariano Moreno y Juan José Paso, y el resto de los vocales Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea”. La jura de Saavedra y los demás miembros de la Junta, desecha la versión de la “máscara”, cual si fuesen perjuros nuestros patriotas, dado que fue para “desempeñar legalmente el cargo, conservar integra esta parte de América a nuestro augusto soberano el señor don Fernando Séptimo y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del Reino”. La Primera Junta tuvo en Saavedra a su sostenedor y principal figura. Luego vendría el accionar de Moreno y los choques entre ambos hombres, conflictos que marcaron los conflictos en nuestra historia.

Los años posteriores a 1810 fueron de padecimientos y vicisitudes para Saavedra en el marco de los conflictos de época, de los que dio cuenta en sus memorias escritas en 1828, un año antes de morir. El heroico jefe del regimiento de Patricios espera aún que se profundice en su historia y tener su merecido lugar como uno de los Padres de la Patria.

*Politólogo; docente de la UCES; secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas.

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Revista Punzó20 mayo, 202120 mayo, 2021

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.