FERMA pide a los consejos de administración de las empresas que colaboren más estrechamente con los gestores de riesgos y con los auditores internos para hacer frente a los retos de sostenibilidad de las empresas. De lo contrario, advierte la organización, aumenta el riesgo de no cumplir las obligaciones legales y las expectativas del mercado.

El EFRAG acaba de entregar a la Comisión Europea el primer conjunto de proyectos de normas para la elaboración de informes de sostenibilidad europeos. Esta regulación, según FERMA, subraya la urgencia de que las empresas europeas afronten el reto de la sostenibilidad. y, a nivel de Dirección, hace imperativo un conocimiento más profundo de las cuestiones de sostenibilidad en las operaciones empresariales. “Las empresas deben evaluar primero su nivel de madurez en cuanto al enfoque global de la sostenibilidad», destaca Béatrice Richez-Baum, directora general de ecoDa.

“La gestión de riesgos y la auditoría interna deben apoyar al Consejo y a la alta dirección para que la estrategia, la gestión de riesgos, las políticas, la gobernanza y la cultura cumplan los requisitos y las expectativas. A su vez, el Consejo de Administración y la alta dirección deben dar a la auditoría interna y a la gestión de riesgos los medios para hacerlo», añade Pascale Vandenbussche, secretaria general de la ECIIA.

«Una cultura corporativa que adopte la gestión de riesgos en toda la empresa es un factor fundamental para determinar cómo las organizaciones abordan y tratan la sostenibilidad. La gestión de la sostenibilidad requiere una función y unos procesos de gestión de riesgos maduros. Y, con nuestra matriz de madurez en el documento, guiamos a las organizaciones para que tengan un mejor sentido de su viaje hacia la sostenibilidad», Typhaine Beaupérin, CEO de FERMA.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.