Filosofía y barbarie

En tanto matriz ideológica, el progresismo se alzó con el monopolio de la sensibilidad social. Por qué es necesario construir una identidad trabajadora y popular para enfrentar un capitalismo cada vez más global.

Mariano Dubin

Fotografía: Hernán Núñez

Las clases medias que hacen de su progresismo un bien cultural legitimado que luego traducen en mejorar sus posiciones objetivas (beca, cargo, cátedra, posición jerárquica, etc.) y reproducen, por tanto, su clase, son las mismas que dicen: “los otros se aprovechan de los pobres”.

El progresismo, sabemos, es el monopolio de la sensibilidad social. Todo camino a las subsecretarías del Estado, las becas, las mejores condiciones laborales, los privilegios sociales está asfaltado con buenas intenciones. Eso sí: el trabajo material de ese camino lo hacen siempre los mismos negros de mierda. Porque la pregunta es clave para un programa popular: ¿cuántos negros y negras ocupan voces relevantes en los espacios públicos y políticos? De ese privilegio, bueno, mejor no hablar de ciertas cosas.

¿Pero por qué esta recurrencia tópica de “perder los privilegios”? Los verdaderos privilegios, en realidad, no pueden perderse (“deconstruirse”, como dice la retórica de moda desde un departamento parisino) porque básicamente son estructurales, es decir, no se pueden desarmar en una cifra de 280 caracteres. Lo estructural no es subjetivamente reversible; si lo es, no es estructural.

Nadie podría deconstruir, por caso, la propiedad privada. No porque la propiedad privada no fuera un sentido históricamente construido (de hecho, hace poco más de 100 años había poblaciones en el actual territorio argentino que la desconocía: como el pueblo Selknam que fue exterminado por los Braun Menéndez). Los Selknam, que cazaban guanacos, no encontraron en esas mansas ovejas traídas por la extensión de la frontera ganadera propiedad privada: hoy, ¿qué sentido más originario se produce en cualquier intercambio cotidiano —hasta pidiendo prestado un encendedor para prender un pucho— que el de la propiedad privada?

Porque la propiedad privada no puede ser arrojada en la esquina a la primera alcantarilla de nuestras frustraciones personales, sino que estamos enajenados a ella por las relaciones materiales de producción contemporáneas.

El progresismo como matriz ideológica

Existe un proceso de secularización de larga duración donde una clase que ya no puede legitimarse por orden divino troca su justificación de ser en una “razón cultural superior”. Los modos de legitimación actuales imposibilitan decir: “el sistema nos permitió estar donde estamos y ustedes se pudrirán donde nacieron”.

Este proceso de secularización no elimina, por cierto, dos elementos centrales de la tradición occidental (al menos, en sus inflexiones oficiales): la idea de liberación postrera y la idea de que la acción social esconde una verdad que los sentidos ocultan.

Quienes asumen la potestad de indicar cuál es esa liberación y cuál es esa estructura oculta del mundo son los mismos y hacen de ese supuesto saber una soberbia epistemológica que corresponde relativamente a su posición objetiva en la sociedad. En el siglo XIX, el gran tópico fue la raza, en el siglo XX la clase, y en este siglo XXI, aparentemente, el género. Sobre este tópico, claro, hay apropiaciones diversas y derivas muy particulares. Sólo nos referimos a sus modos legítimos, aquellos necesarios para la reproducción social, que exigen hablar de un otro popular indefinido, monstruoso, oscuro.

En este marco, el discurso fantasmal sobre la pobreza y los réditos civilizatorios de la cultura para constituirse como clase son perfectos para establecer una clase social media (que, en términos identitarios, no ha parado de crecer en la historia argentina: cada vez hay más personas que se perciben “clase media”): la pérdida de una identidad proletaria, obrera, trabajadora, popular (o cualquier otra identidad marcada por el trabajo y que unificara mayorías) no es algo local, sino global y parte del triunfo postrero del capitalismo.

Por si fuera necesario aclarar: no nos referimos a las izquierdas, los feminismos, los peronismos, los marxismos. El progresismo es una matriz ideológica que puede operar dentro de esos campos y otros porque lo que determina no es una retórica o una adscripción partidaria sino una perspectiva pequeño burguesa de supremacía moral. Hay izquierdas, feminismos, peronismos, marxismos que no aplican a esta definición.

Nunca los discursos se construyen por su contenido o solamente por él. Por ejemplo, decir todos, todas o todes no significa —a priori— ningún cambio que no sea retórico. Esto se sabe: no es el dictum, lo dicho, lo que determina a una ideología sino, principalmente, su enunciación, sus relaciones de posibilidad, su estructura de poder, su acumulación social. Y si uno deja de lado el balbuceo de los discursos modernizadores (donde unos siempre se presentan más allá del determinante social y se asumen a sí mismo libres, autónomos, deconstruidos y a los otros siempre se los presenta como la resaca social, el caso total de la no agencia, la decadencia) hay una continuidad de siglos.

Fuera de las neurosis de las clases medias progresistas, hay un sistema que, en su irracionalidad extrema, en su destrucción inmediata, en su colonización de Marte y la Luna al compás de millones que beben agua de zanjas podridas como perros, hace que estalle la crisis (que además de ser material se vive en términos de zozobra, tristeza, odio, rabia, locura). Todo es posible. La destrucción del mundo, por ejemplo, en la multiplicación de virus, pérdida de recursos naturales, cambio climático, etc.

En este contexto, hay cuatro ejes a señalar: 1) la agudización de la lucha interimperialista (principalmente, Estados Unidos y China, pero en un mapa de aliados y enemigos más complejo); 2) el alza creciente de la lucha de clases en términos mundiales (sin síntesis programáticas); 3) la pérdida del “consenso democrático” entre las clases populares (que hoy está siendo vehiculizado, principalmente, por las derechas occidentales); 4) condiciones socioambientales y sanitarias extremas que imponen el tópico del apocalipsis.

Momento urgente para articular una política nacional, popular, revolucionaria. No para dejarse zozobrar en esa radicalidad ideológica con nula extensión social a las que nos quieren condenar las clases medias progresistas.

El imperialismo: un tigre de neurosis

¿Estamos discutiendo política? ¿O estamos discutiendo performáticas del yo, laboratorios posibles de un lenguaje cada vez más barroco y dispositivos de autoafirmación de clase?

Frente a derrotas ideológicas y políticas de larga duración y procesos de fragmentación social crecientes, la pequeña burguesía progresista se ha tornado endogámica en sus obsesiones y frustraciones (y, a veces, intolerante en su incapacidad de entender la complejidad de las relaciones humanas y sociales). A su vez, los niveles relativamente bajos, en los últimos años, de la lucha de clases y ciertos niveles de vida que le producían un excedente de tiempo dedicado al ocio (al menos, hasta el año 2016) le han facilitado vivir, provisoriamente, en sus precarios paraísos artificiales; en un desmadre social generalizado, esos paraísos se hubieran destruido en mil pedazos de manera inmediata porque sus propias condiciones de existencia desaparecerían. No es el caso. Tal vez, pronto.

Hay una disociación general en estas clases medias progresistas entre su discurso de radicalidad ideológica total y su nula extensión social. Hay un contexto de producción discursiva evidente e inmediato: la fragmentación social. Es lógico, en este marco, que las clases o las subclases —cada vez más pronunciadas en sus sociabilidades intramuros— se comporten ajenas a un patrón cultural general, y más dependientes de sus propios patrones, sistemas de legitimidad, prácticas, lecturas, valores y creencias, etc. Al mismo tiempo, como cada subclase tiene a su interior cantidad importante de actores y, asimismo, circuitos y jergas y guiños de autolegitimación constante, pueden vivir en la ilusión de ser una mayoría.

Las clases medias progresistas no poseen como objetivo de representación a las clases populares. Son centro y fin de todas sus proyecciones ideológicas. Se autoperciben como “territorios libres” en una lucha imaginaria donde el imperialismo ha desaparecido como enemigo y se han convertido en figuras cada vez más fantasmales, imprecisas, neuróticas. El imperialismo hacia el interior de este sector opera básicamente como enajenación completa. El enemigo ya no es el imperialismo, sino las leyes culturales opresivas que nos conformaron como sujeto: la autoincriminación.

El capital, hoy, produce atomización radical. Toda ideología que apele al fraccionamiento, en términos objetivos, no hace ningún movimiento disruptivo; sólo reproduce la lógica del capital. De hecho, mientras el capital se sigue reproduciendo y concentrando y saqueando al mundo, y la guerra interimperialista agudiza todas las contradicciones, y en la Argentina el hambre crece día a día, las clases medias progresistas hacen de su indignación moral un capital cultural que no deja de ser altamente rentable y enmarcado en los modos de producción material contemporáneos.

El imperialismo es un tigre de neurosis que hace ver enemigos en todos lados y en ningún lado. En este fantasmal escenario, las clases medias progresistas poseen el monopolio de la sensibilidad social. Y su discurso político se ahoga en la supremacía moral. Son el enemigo ideal (grotesco e inofensivo) de las nuevas derechas.

Nuestra tarea política, como siempre, es sintetizar ideológicamente las luchas de las clases populares y las naciones oprimidas.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.