A partir del 1 de enero de 2023 y hasta al menos el 30 de junio ha comenzado en Colombia un alto el fuego bilateral entre el Gobierno y cinco grupos armados, en el marco de las aspiraciones del presidente Gustavo Petro para alcanzar la «paz total», una iniciativa que contrasta con el estancamiento de los acuerdos de paz de 2016 y la parálisis de cualquier tipo de diálogo durante el mandato de Iván Duque.
En el marco de la nueva ronda de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otras cuatro organizaciones armadas mostraron su interés por iniciar algún tipo de negociación con el Estado colombiano, que puso como condición inicial y gesto de buena voluntad el cese de las hostilidades.
Así, además del ELN, dos disidencias de las desaparecidas FARC –Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central– y los grupos narcoparamilitares del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anunciaron a finales de diciembre un alto el fuego unilateral, al que se sumó en Año Nuevo el Gobierno.
«Este es un acto audaz. El alto el fuego bilateral obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo», dijo Petro tras anunciar el cese de las hostilidades, el cual podría prorrogarse, dijo, más allá del 30 de junio, según avancen las negociaciones. «La paz total será una realidad», confió.
El anuncio de Petro es parte de la gran apuesta de su gobierno, la de alcanzar la paz con los grupos armados que han estado influyendo en la vida política, económica, social y humanitaria de Colombia desde hace más medio siglo y que ha dejado más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, siete millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales.
La paz total de Petro quedó sancionada en la llamada Ley 418, que establece su marco jurídico y con el que queda como política de estado un proyecto que por un lado busca negociar con aquellas organizaciones de carácter político, como el ELN y en su día las FARC, pero a su vez someter a otras, es el caso de los paramilitares y grupos narcotraficantes, a la Justicia colombiana.
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN)
El reinicio de las estancadas negociaciones con el ELN fue una de los primeros anuncios con impacto internacional de Petro, después de que estas se hubieran visto interrumpidas por el gobierno de Duque en respuesta a un atentado de la guerrilla en enero de 2019 en una academia de Policía que dejó una veintena de muertos.
El ELN es la última guerrilla de Colombia tras la disolución de las FARC en los acuerdos de paz de 2016. Nacida en la década de los 60 y con claras influencias en la Revolución Cubana y otras guerrillas liberales, cuenta actualmente con unos 5.400 hombres y mujeres en al menos ocho frentes de guerra, con presencia en 180 localidades, pero sobre todo en las de Arauca, Norte de Santander y Chocó.
Han centrado sus operaciones en el secuestro, la extorsión y los ataques sobre la infraestructura petrolera, aunque posteriormente, y tras cierta resistencia inicial, ampliaron también su campo de actuación al narcotráfico.
Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, es jefe del Comando Central y principal líder desde junio de 2021. Sin embargo, ante la falta de una estructura jerarquizada –su gran diferencia con las FARC– deja algunas dudas sobre su cohesión en estas negociaciones, según apuntan medios colombianos.
DISIDENCIAS DE LAS FARC
La primera de ellas es la Segunda Marquetalia de Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, quien junto a otros líderes descontentos por cómo se estaban aplicando los acuerdos de paz de La Habana, como los ya fallecidos Seuxis Pausias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’; Henry Castellanos, alias ‘Romaña’; y Hernán Darío Velásquez conocido como ‘El Paisa’, decidieron retomar la lucha armada en agosto de 2019.
Debido a su debilitamiento, todos su líderes salvo ‘Iván Márquez’ han ido cayendo en acciones del Ejército u otros grupos locales. El dirigente ha buscado acercarse al Gobierno de Petro, más después de que un atentado casi acabara con su vida.
A pesar de que ha ido perdiendo terreno por el empuje de otras disidencias, como las que forman parte del Estado Mayor Central, se estima que tiene presencia en al menos cinco municipios, entre ellos los que pertenecen a los departamentos de Nariño, Amazonas y Antioquia.
La otra es el Estado Mayor Central, cuya principal diferencia con la Segunda Marquetalia es que sus miembros se desvincularon de los acuerdos de La Habana antes de su firma. Se trata de la disidencia más grande, ahora liderada por Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, tras la muerte de Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’.
Con al menos veinte estructuras aliadas, si bien no está clara su estructura ni cohesión interna, desde un principio han defendido que son las FARC originales, apelando al imaginario de esta guerrilla y rechazando que sean una disidencia ya que no se sumaron a los acuerdos de 2016.
CLAN DEL GOLFO
O Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como prefiere esta organización narcoparamilitar que se le mencione, nacieron de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se acogieron a los planes del expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a este tipo de grupos armados.
Su presencia es a nivel nacional, si bien ha ido debilitándose en los últimos años, según detalla Insight Crime, una organización de periodismo e investigación especializada en este tipo de conflictos en Latinoamérica.
El último golpe recibido fue la mediática detención en octubre de 2021 de su principal jefe y uno de los criminales más buscados de Colombia, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien ha sido extraditado a Estados Unidos.
En represalia a ese arresto, el grupo, ahora bajo el mando de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, ha estado llevando a cabo varios paros armados que afectaron a una decena de departamentos y dejando una veintena de muertos.
AUTODEFENSAS CONQUISTADORAS DE LA SIERRA NEVADA (ACSN)
Consideradas a sí mismas como las autodefensas campesinas más antiguas de Colombia, su origen directo está en el extinto Bloque Resistencia Tayrona, desmovilizado en febrero de 2006, y cuyo apresado líder Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Patrón de la Sierra’ y calificado como el mayor depredador sexual del conflicto, pidió a finales de diciembre a Petro colaborar en la paz total.
Después de varias divisiones y disputas con otro grupos similares, como el Clan del Golfo o ‘Los Rastrojos’, y tras la muerte de quien se había erigido en su líder, Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Chucho Mercancía’, en junio de 2019 pasó a denominarse tal y como son conocidos actualmente. (Europa Press)