Mutualidad de la Abogacía cierra este año su plan estratégico 2018-2022 cumpliendo los objetivos marcados. El ahorro gestionado, que a finales de 2017 se situaba en 6.624 millones de euros, habrá crecido hasta los 9.700 millones, lo que representa un aumento en el quinquenio del 46%. La nueva meta fijada en el plan para 2023-2027, presentado ayer, es llegar al finales de ese ejercicio a los 13.000 millones, lo que implicaría un incremento en el período del 34%.

Según explicó el presidente del grupo, Enrique Sanz Fernández-Lomana, “será un crecimiento escalonado y sostenido”, con la senda de “rentabilidad positiva habitual” para los mutualistas (gracias a la “estabilidad” de la cartera de las inversiones). Prácticamente todo el aumento esperado del ahorro gestionado será nuevo negocio, con 700-800 millones de nuevas primas cada año.

Además, con este Plan Estratégico ADN 23/27, se quiere alcanzar un censo de más de 220.000 mutualistas, es decir, cerca de 10.000 asegurados netos más que en la actualidad, se buscará elevar la experiencia de cliente (llegando a un NPS de 50) y se aspira a un ratio de solvencia de entre el 175% y el 225%, un rango en el que se ha mantenido en los últimos años.

Lanzamiento de unit linked en 2023

Para cumplir estas metas, se ampliará la oferta de productos con novedades ya el próximo año: se incorporarán unit linked (con una cestas de productos cuyos subyacentes serán muy sencillos para el cliente) y un nuevo producto en el ámbito de los planes de Empleo para autónomos, aprovechando la puerta que abre la nueva Ley de Planes de Empleo. También se están estudiando propuestas para lanzar productos que permitan la licuación del patrimonio inmobiliario y se trabajará en una oferta para conectar con los jóvenes profesionales del Derecho y sus familiares y se evolucionarán las propuestas actuales.

En cuanto al crecimiento inorgánico, si hay alguna oportunidad se estudiará y “la aprovecharemos”, como se ha hecho en el plan actualmente vigente con la integración de Mutualidad de Ingenieros.

Estrategia data driven

En cuanto al eje del plan para avanzar en excelencia operativa, las medidas previstas son productos y servicios 100% digitalizados, automatización de procesos y estrategia data driven que garantice el análisis y el uso intensivo de los datos para mejorar la propuesta de valor.

En lo referente a personas, la entidad fija para 2027 la consecución de dos objetivos concisos y medibles en lo que se refiere a la gestión interna: mantener un grado de compromiso de 7 sobre 10 de los empleados y un eNPS, que mide la experiencia de estos, de 40 puntos, siendo ambas superiores a la media del sector.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.