jueves 18 mayo, 2023

El canal del fútbol chileno emitió un comunicado reclamando al ente rector nacional, debido a que reprogramó el choque entre Cobreloa y Temuco (21/05), que en horario ahora se topará con un duelo de Primera División y por lo tanto, no será transmitido por televisión.

Otro episodio más a la lista. Se generó una nueva polémica entre la ANFP y TNT Sports, que acusó al ente rector del fútbol chileno de perjudicar su logística al reprogramar esta semana el partido entre Cobreloa y Deportes Temuco de este 21 de mayo, válido por la fecha 13 de la Primera B.

Resulta que el compromiso entre ‘zorros’ y ‘pijes’ estaba programado para las 20:00 horas y sería transmitido por el canal del fútbol chileno. No obstante, a cuatro días de la realización del encuentro, el ente rector modificó el horario por petición de la Delegación Presidencial de El Loa, siendo cambiado para las 18:00 horas y topando con el Cobresal vs. Unión Española. La transmisión de la B se cayó.

«Este partido había sido programado hace varias semanas y dicha modificación afecta directamente la coordinación de su emisión, obligando a TNT SPORTS a transmitir este encuentro en diferido, debido a que en el mismo horario se juega en paralelo un partido de la Primera División», indicaron desde el canal.

Sobre la misma línea, el canal transmisor agregó que «se solicitó a la Mesa de Programación modificar el horario del duelo, la cual rechazó la petición. Dicha medida va en desmedro de los intereses de sus seguidores y televidentes, que no podrán ver este choque en vivo. Trabajamos día a día para solucionar estos inconvenientes que afectan al fútbol nacional y a todos quienes disfrutamos de él, en especial a sus hinchas».

Pese a que TNT Sports tiene más señales para transmitir dicho partido del ascenso, expresó su reclamo y vuelve a tener un gallito con el organismo de Quilín, en una relación que ha tenido muchos roces por el tema reprogramaciones y suspensiones.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.