Víctima relata robo de su vehículo en Ovalle: van 42 en lo que va del año

El famoso músico y trabajador Javier Robles, mejor conocido como el «Charro de Oro», está enfrentando una serie de circunstancias adversas. Robles, quien divide su tiempo entre su trabajo como barredor y su pasión como músico en la comuna de Ovalle, se ha convertido en la última víctima del creciente problema del robo de vehículos en la región.

La situación de Robles es particularmente problemática. El vehículo que le fue robado no era suyo, pero él era responsable de este. Había conseguido un auto de un conocido para llegar a uno de sus eventos de música. Desafortunadamente, el vehículo fue robado justo frente a su casa. Robles aceptó la responsabilidad y aseguró que cubriría cualquier problema que surgiera con el auto, sin imaginar que perdería el vehículo en un robo.

La lucha de Robles para recuperar el vehículo robado ha sido un verdadero desafío. A pesar de sus esfuerzos, su caso no ha avanzado en ninguna instancia legal y ha tenido que recorrer los barrios en busca de cualquier pista sobre el paradero del vehículo, basándose solo en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El vehículo robado, un Nissan V-16 color rojo, fue prestado a Robles para su traslado al salón de eventos San Nicolás, ubicado camino a Los Olivos. El vehículo estuvo en su poder desde las 18:00 horas del viernes. Después de su presentación, Robles regresó a su casa en la Población 21 de Mayo alrededor de las 3:00 de la madrugada, dejó el auto estacionado fuera de su casa y se retiró a descansar. Cuando se despertó a las 6:45 para comenzar su jornada laboral como barredor, descubrió que el auto había desaparecido.

El vehículo no tenía alarma y el ladrón pudo robarlo rápidamente al romper uno de los vidrios. Según las grabaciones de seguridad, le tomó al ladrón solo tres minutos robar el auto y escapar, sin dejar mucha evidencia.

Inmediatamente después de descubrir el robo, Robles informó a su pareja, pidió permiso para ausentarse de su trabajo y acudió a los Carabineros para denunciar el robo. Sin embargo, se encontró con un obstáculo inesperado: no aceptaban su denuncia porque no era el propietario del auto. A pesar de la intervención de un capitán de los Carabineros que permitió que Robles presentara la denuncia, se encontró con la frustrante realidad de que tendría que esperar que la denuncia fuera procesada.

Mientras tanto, Robles ha estado haciendo su propia investigación. Con la ayuda de la presidenta de la Junta de Vecinos, ha revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el robo y parte del recorrido del ladrón. Pero hasta ahora, todos estos esfuerzos no han tenido éxito en localizar el vehículo.

El robo de vehículos es un problema creciente en Ovalle. Según los Carabineros, hasta ahora se han reportado 42 casos de robo de vehículos motorizados en la comuna este año. A pesar de este número alarmante, la institución señala que los números reflejan una «contención» del delito, con solo un caso más que el año pasado, lo que marca un aumento del 2,4%.

Ante este desafío, Robles se siente impotente. Aunque tiene la intención de comprar el vehículo robado y ha acordado pagar al propietario una suma de 100 mil pesos mensuales hasta saldar la deuda, se siente frustrado y abandonado por el sistema. A pesar de su situación, Robles continúa con su lucha, esperando que se haga justicia y que pueda recuperar el vehículo lo antes posible.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.