La Ley Karin, destinada a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral y sexual, así como la violencia en el trabajo, entrará en vigencia en Chile el próximo 1 de agosto. Esta normativa modifica el Código del Trabajo, ampliando y mejorando las disposiciones de la ley Nº 20.607 de 2012 y estableciendo que las empresas con más de 10 empleados deben incorporar en sus reglamentos internos un protocolo para prevenir este tipo de comportamientos.
Sin embargo, la implantación de esta ley ha generado dudas y controversias. Recientemente, la Subsecretaría del Trabajo retiró de Contraloría el decreto que aprobaba el reglamento, para posteriormente reingresarlo tras haber corregido algunas observaciones.
Uno de los principales temas de debate es la aplicación de la ley en las comunidades educativas. Pedro Matamala, abogado laboral y socio en Provoste Matamala, advierte sobre las posibles dificultades de conciliación entre las normas propias de la vida escolar y la nueva normativa laboral. Matamala plantea que podría haber conflictos en relación con el procedimiento y las sanciones a aplicar, dado que las normas educacionales y laborales podrían generar responsabilidades dobles.
En la Región de Coquimbo, hay 13.224 docentes y 736 centros de enseñanza que deberán enfrentar el desafío de aplicar esta legislación. Según Matamala, en general, no existe una conciencia clara sobre cómo implementar la ley y, a menudo, se tiene la idea errónea de que la existencia de un reglamento de convivencia escolar es suficiente.
El abogado pone como ejemplo el caso de un padre que agrede a un profesor. A partir del 1 de agosto, se deberá realizar una investigación por violencia en el trabajo, de acuerdo con el Código del Trabajo. Sin embargo, también se tendría que hacer otra investigación a través del reglamento de convivencia escolar, lo que probablemente daría lugar a una sanción distinta.
Por su parte, Daniel Aguilera, presidente regional del Colegio de Profesores, señala que en las comunidades educativas se ha estado discutiendo sobre la Ley Karin y sus implicancias. Considera que ambas normativas podrían convivir, ya que la Ley de Convivencia Escolar es más amplia, mientras que la Ley Karin está más centrada en las relaciones laborales.
Aguilera opina que la Ley Karin permitirá diferenciar el clima escolar del clima laboral, y enfatiza la necesidad de proteger a los docentes y los trabajadores de la educación frente a las agresiones y la violencia escolar. También advierte que habrá que esperar para ver su aplicación: “Creo que más adelante, una vez que veamos cómo se interpreta y cómo se aplica la ley, vamos a ver cómo resulta, porque en el papel muchas veces las cosas no son lo mismo”.