Con 40 a favor, 3 en contra, 6 abstenciones la Sala del Senado ratificó al abogado Ángel Valencia Vásquez como el nuevo Fiscal Nacional del Ministerio Público, en reemplazo de Jorge Abbott.

La votación, que no estuvo exenta de tensión por algunos momentos, se dio luego de dos extensas sesiones de la Comisión de Constitución que se prolongaron por 7 horas y en las que el Ejecutivo explicó en detalle, las razones de la nominación y luego el candidato presentó su propuesta y respondió las inquietudes de los senadores y senadoras.

En la sala, fue el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker quien informó el oficio presidencial entregando detalles de las sesiones previas y la decisión unánime de la instancia en orden a considerar que «el postulante cumple los requisitos que establece la ley para dicho cargo».

Pero antes de iniciar la votación, las senadoras Yasna Provoste y Loreto Carvajal hicieron uso de la palabra para solicitar una aclaración en orden a si el candidato participó o no de la defensa del ex intendente Felipe Guevara. Las parlamentarias aseguraron que existían documentos que avalaban lo anterior, así como diversas publicaciones. Por su parte, los senadores Fidel Espinoza, Felipe Kast, Matías Walker y José García Ruminot manifestaron que, a su juicio, existía una «animadversión» hacia el candidato, en especial, luego de que el propio postulante fuera autorizado a ingresar a la Sala.

El candidato Valencia fue invitado al hemiciclo para responder lo planteado por las senadoras y ahí señaló que «no conozco al señor Guevara. Es posible que haya una confusión por los procedimientos judiciales. Se trata de un mandato judicial que se entrega en una notaría. Esto ocurrió hace unos 13 años cuando me desempeñaba como abogado de un estudio jurídico. No soy abogado del señor Guevara, insisto».

Durante la votación hicieron uso de la palabra los senadores y senadoras quienes hicieron presentes sus distintas posturas y argumentos frente al nombramiento propuesto por el Ejecutivo.

“Anuncio mi voto en contra y hoy día ha sido más que justificado porque ha sido una decisión en consecuencia… Las mujeres sí tienen que estar primero, defendidas con justicia, con garantías que el ser víctimas no puede pasarse por alto… además, no se puede sostener una mentira…”, dijo al votar la senadora Loreto Carvajal.

SESIONES DE COMISIÓN

Previo a la votación en Sala, la Comisión de Constitución realizó dos extensas sesiones destinadas a conocer, primero, los motivos que tuvo el Ejecutivo para nominar al abogado Ángel Valencia para dirigir el Ministerio Público y luego a escuchar las propuestas del candidato, determinando por unanimidad que el nominado cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar dicho cargo.

Cabe recordar que Valencia fue propuesto por el Presidente Gabriel Boric tras las dos fallidas nominaciones de José Morales y Marta Herrera.

En primer término, la Comisión escuchó a la Ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien a nombre del Ejecutivo explicó los motivos que tuvo el Mandatario para proponer a Valencia, pues el recién nombrado Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, no se encuentra en el país.

«El Ejecutivo ha llegado a la convicción de que el señor Valencia es una persona que reúne plenamente las condiciones para llevar a cabo esta tarea y además es la persona más indicada de la quina que nos ha propuesto la Corte Suprema», dijo la secretaria de Estado.

En la sesión de la mañana intervinieron los senadores Rodrigo Galilea, Luz Ebensperger, Alfonso De Urresti, Carmen Gloria Aravena, Loreto Carvajal, Yasna Provoste y Esteban Velázquez.

Luego, el abogado Valencia se refirió a su trayectoria profesional, señalando que «toda esa formación quiero ponerla al servicio de mi país en el cargo que estoy postulando».

Tras hacer un análisis del rol de la Fiscalía del Ministerio Público y el diagnóstico negativo que tiene la ciudadanía sobre la institución, afirmó que en el caso de ser ratificado en el cargo aplicaría una serie de medidas, entre ellas, constituir una fuerza de trabajo transregional para combatir delitos complejos; fortalecer la ley de entrevistas videograbadas; reordenar los medios materiales y humanos que sean necesarios; perseguir el uso de armas modificadas; impulsar un sistema de protección de testigos efectivo; fortalecer el sistema de análisis delictual y foco delictivo; perseguir los delitos de cuello y corbata; y fortalecer la protección a las víctimas en materia de violencia de género, entre otras medidas.

INQUIETUDES

Durante la exposición los senadores Ximena Rincón, Carmen Gloria Aravena, Paulina Núñez, Esteban Velásquez, Karim Bianchi, Alejandra Sepúlveda, Loreto Carvajal, Iván Flores, Carlos Kuschel, Fidel Espinoza, Isabel Allende, Felipe Kast, Luz Ebensperger, Pedro Araya, Rodrigo Galilea, Alfonso De Urresti, Juan Antonio Coloma, plantearon una serie de preguntas e inquietudes al nominado.

Entre ellas, los parlamentarios quisieron conocer medidas a aplicar en la macro zona sur, cómo enfrentaría la persecución del crimen organizado y la ruta del dinero; su opinión sobre la existencia de los tribunales de drogas y las críticas de organizaciones feministas por la defensa que habría ejercido en casos de connotación sexual.

El profesional entregó sus propuestas y señaló que en el ejercicio de su profesión ha participado en la defensa de determinado tipo de delito y también en ha sido querellante en casos de violencia contra mujeres.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.