En un incidente perturbador que sacudió a la comunidad de Las Compañías, los trabajadores de la empresa Siglo Verde descubrieron un feto de aproximadamente cuatro meses de gestación en el interior de una caja en la plaza Pinamar. Este incidente ocurrió el pasado viernes, y los trabajadores, sorprendidos por la visión desgarradora, notificaron de inmediato a los Carabineros.
El capitán Bruno Bastías, jefe de Labocar de Coquimbo, informó que se estaban recolectando todas las pruebas necesarias para identificar a los autores del delito. Los esfuerzos de investigación incluyeron la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistas a posibles testigos. Después de varias horas de trabajo meticuloso, los Carabineros informaron a Diario El Día que habían identificado a la pareja que dejó el feto en el lugar. Resultó ser que ambos eran menores de edad; por lo tanto, no se pudo divulgar más información al respecto, respetando las leyes de privacidad aplicables a los menores.
Desafortunadamente, este no fue un incidente aislado. Un segundo caso similar ocurrió solo dos días después, el domingo a las 16:00 horas, en la comuna de Punitaqui. Según los informes, una persona descubrió otro feto, esta vez de siete meses de gestación, mientras cavaba cerca de la base de un árbol en el sector La Silleta. El feto estaba dentro de una caja de cartón.
El personal de Carabineros de la Tenencia de Punitaqui confirmó el hecho, protegió la escena del suceso y tomó la declaración del testigo. El fiscal de turno instruyó la asistencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, que estaba trabajando en el lugar hasta la última actualización. En este momento, los responsables de este segundo incidente aún no han sido identificados.
La abogada Ana María Araya Marín explicó las posibles penas que podrían enfrentar los autores de estos delitos. Según la normativa penal, los delitos de aborto se detallan en los artículos 342 y siguientes. Las penas pueden variar dependiendo de quién realice el aborto. Estas penas pueden variar desde el presidio menor hasta el presidio mayor grado mínimo, es decir, de cinco años y un día hasta diez años, si el aborto se realiza mediante violencia contra la mujer embarazada.
La abogada Araya también señaló que las circunstancias del delito pueden afectar las penas impuestas. Además, la Ley 21.030 exime de responsabilidad penal a los autores de un delito de aborto si el aborto se realiza bajo ciertas circunstancias, como peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. Sin embargo, Araya enfatizó que «los procedimientos abortivos en los casos señalados, deben efectuarse en centros médicos reconocidos y bajo estricto protocolo».
Estos incidentes perturbadores sirven como recordatorios sombríos de la importancia de la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva. Los esfuerzos de investigación continúan en ambos casos, con las autoridades trabajando diligentemente para llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la comunidad sigue conmocionada mientras espera más detalles y las acciones que se tomarán para prevenir incidentes similares en el futuro.