Educación
El texto alerta sobre la injerencia de las grandes corporaciones tecnológicas en el campo educativo y sienta las bases de una propuesta digital soberana.
Por Laura Obredor
Escribo estas líneas luego de haber fracasado ante la cruzada de que mis contactos de WhatsApp se pasen a Telegram para no tener que aceptar las nuevas condiciones de uso que, casualmente, solo regirán para Latinoamérica.
Estamos ante un gran problema, mucha información en pocas manos. Las corporaciones que manejan la big data se pueden contar con los dedos de las manos: Google con todas sus aplicaciones de mails, que incluye Classroom, Gmail, Google Drive, Meet y su navegador, entre otros; Facebook junto a todo su abanico que incluye Instagram y WhatsApp, y las plataformas de Netflix y otras aplicaciones de series y películas a la carta (y no tanto).
Es un hecho que todas las interacciones que realizamos en internet son cuantificadas y conservadas como información clave. No solo guardan aspectos de consumo, sino de ideología, orientación sexual, sensaciones, sentimientos y, sobre todo, el grado de vulnerabilidad emocional. Todos los aspectos que presente una persona para ser sutil y constantemente manipulado.
Hasta ahora, seguramente, no les importe todo esto porque, en verdad, como me dijeron muchos, “que Mark Zuckerberg tenga mis datos o mis conversaciones no es importante”. Pues sí, debería, ya que con la pandemia el ingreso a las redes sociales y el uso de la tecnología se hizo más precoz. Son niñes menores de edad los que se encuentran en las redes y que también carecen de las barreras de protección que tenemos los adultos (bueno, algunos) para discernir aspectos que son verídicos de los que no.
El problema no es la tecnología, sino con qué fines recogen y utilizan nuestra información. (Hasta aquí sé que parezco anti todo, pero les aseguro que es todo lo contrario).
Más que escuchar nuestros pensamientos
Seguramente, les ha pasado que tienen una conversación con alguien, cara a cara, fuera de lo virtual, acerca de una persona que hace mucho que no ves, algún recuerdo de la infancia, algo que estés necesitando y que aún no te hayas sentado a buscar en internet. Y cuando vuelven al celular, está ahí eso que mencionaron en forma de sugerencia de amistad, productos o servicios. Parece casualidad, pero nuestro querido Mark Zuckerberg oye y mucho, y no es el único, Google también. La vigilancia existe y está ahí, en apariencia, para facilitarnos la vida, pero también para dirigirla.
Pensamos en que los ordenamientos dentro de internet y la información que se recoge avanza bajo una lógica de un algoritmo neutral e infalible. Sin embargo, un fallo reciente demuestra todo lo contrario. Cristina Kirchner tuvo que iniciar una querella contra Google por vincular su nombre a una definición agraviante, que fue replicada por otros buscadores. La justicia falló a su favor, pero pensemos todos los recursos judiciales que tendríamos que disponer si cualquiera de nosotros, simples ciudadanos, fuera difamado en las redes sociales.
Hace algunos años, el gigante de Facebook estuvo en medio de un escándalo cuando denunciaron que Cambridge Analytica, una empresa proveedora, había utilizado la plataforma para recabar información de más de 50 millones de usuarios en el mundo a través de un test de personalidad (de esos que caemos muchas veces tentados por la curiosidad). De este modo, la empresa realizó perfiles de consumidores y electores. El propósito no fue vendernos un producto o un servicio, sino un candidato. En Estados Unidos, Donald Trump habría comprado los servicios de esa empresa para posicionarse políticamente, pero no se trataba de una campaña que pretendía mostrar al candidato por sus virtudes, sino utilizar las fakes news como base de la estrategia de desestimación del candidato opositor. Esto incluía un menú de opciones que eran presentadas a la medida del usuario de la red social. Las noticias falsas eran generadas para provocar en el votante “indeciso” una reacción de indignación frente al candidato opositor y las configuraban a medida: pedofilia, violencia étnica, religiosa, prostitución y corrupción, es decir, aquel tema que más le despierte rechazo al destinatario (¿alguna vez escuchaste hablar del Pizzagate?).
En Reino Unido, el propósito fue otro, pero se manifestó del mismo modo. Se obtuvieron datos para torcer al electorado para apoyar el Brexit (Brain-exit), que implicaba la salida de ese país de la Unión Europea.
“Recolectamos 5 mil datos que podemos usar para predecir la personalidad de cada adulto del país. La personalidad condiciona la conducta. Y la conducta influye en nuestro voto”, se jactaba Alexander Nix, ex CEO de Cambridge Analytica en el Documental Nada es privado (2020) de Netflix. En ese audiovisual se alude que estos servicios también fueron contratados por políticos de otros países, entre ellos, de la Argentina durante las elecciones de 2015 y ayudaron a obtener la victoria del macrismo.
Niñes online y privacidad
A partir de la pandemia se han producido acceso precoz a la tecnología de estudiantes menores de edad que deben acceder a las clases virtuales. En una investigación realizada en 2016 por Unicef, “Kids online Argentina”, se establecía que el acceso a las redes sociales iniciaba entre los 7 a los 10 años. Allí se llegaba a la cifra que, del total de 13 millones de niñas, niños y adolescentes, 6 de cada 10 usa o tiene internet.
Hoy podemos apostar que esos números han ido en ascenso. Algunos de los niñes tienen sus propios celulares, tablets o computadoras que pueden perderse de la mirada de los adultos. A través de la publicidad o sugerencias de videos ofrecidos de acuerdo a los intereses del usuario se pueden facilitar contenidos que no solo sean inapropiados, sino también pongan en riesgo la salud de estos niñes. En esta encuesta de Unicef realizada a padres y niñes, los números de situaciones indeseadas a través de las redes eran alarmantes: el 56% manifestó haber visto imágenes violentas, 49% mensajes de odio que atacan a ciertos grupos o individuos, 47% formas de dañarse físicamente o lastimarse a sí mismo; 41% sitios en donde hablan o comparten experiencias sobre drogas, el 38% sobre anorexia y bulimia, y el 32% sobre formas de suicidarse. Esto puede vincularse con que el 40% de los entrevistados dice no saber muchas veces cómo llegó a acceder a ciertas páginas de internet, sumado a un 20% más, que acuerda parcialmente con esta idea.
La vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes frente a internet es muy grande. Por ese motivo, también, se han desarrollado campañas nacionales que previenen en ciberbullying y el grooming. Según estadísticas oficiales, entre el 20 de marzo y el 31 de octubre de 2020, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, las consultas al #137 en relación al delito de grooming aumentaron un 133% respecto al mismo período del año 2019. En el transcurso de esos meses, se registró que un 79% de las víctimas fueron femeninas y un 21% masculinas. Asimismo, el 65% de ellas tienen entre 12 y 17 años y el 35% entre 6 y 11 años. Estas situaciones se sucedieron a través de redes sociales y de mensajería: el 54% en Instagram, el 30% en WhatsApp, el 11% en Facebook y el 2% en Tik-Tok.
Tal como el acceso a las redes sociales e internet de los niñes, esos perfiles de consumidores se delinean también de forma precoz. De este modo, es posible manipular gustos, emociones, sentimientos, opinión, ideología y consumo a escasa edad. Hasta incluso, crear realidades virtuales lejanas a la realidad y fanatismos impulsados a través fakes news hechas a medida de las necesidades del mercado. Si pueden hacerlo con adultos, por qué no con niñes.
Las plataformas educativas: Classroom y otras
Durante el año pasado, muchos docentes descubrimos diferentes plataformas para subir nuestro contenido y ofrecer clases virtuales. En este sentido, Classroom se llevó el primer puesto. Pero como sucede en Facebook con nuestros contenidos, esas clases han quedado registradas mediante las políticas de “privacidad” que en este caso ofrece Google. Quizás, como somos despojados, no nos importe compartir estrategias de enseñanza a partir de lo que nosotros consideramos válido. Pero el punto acá es otro. No es lo que se ve, sino lo que no.
La trasformación en algoritmos de lo que se considera válido en la enseñanza para determinados años educativos, termina siendo amasado por estos pulpos informáticos y vuelto a ofrecer al mercado. Entonces, todas las actividades subidas por los profesores pueden ser reusadas, editadas y vueltas a presentar como contenidos “paquete” ofrecidos a los diferentes ministerios de educación del mundo (creo que en este momento me están tildando de consparanoide). Pero de eso se trata la plataforma educativa Ticmas, que alcanzó la certificación como Google Partner, para ofrecer a las escuelas primarias y secundarias de América Latina herramientas, recursos, contenidos y tecnología para potenciar y enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Esta iniciativa presenta un acceso a más de “60 mil recursos educativos hipermediales y 1.500 secuencias didácticas digitales creados por expertos y alineados con la currícula oficial”, expresa el anuncio.
Todo lo que hemos subido como clases para nuestros estudiantes es posible que resulte sintetizado y ofrecido por esos mismos portales como contenido educativo generado por ellos, sin pagar ni reconocer nada del derecho de autoría.
Al respecto, Van Dijk, Poell y de Waal (2018) realizaron una investigación donde señalan con preocupación el avance de las empresas privadas en la educación, especialmente, Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft. Estas propuestas responden, según estos autores, a las mismas lógicas de acumulación que las plataformas comerciales que se sintetizan en tres procedimientos: datificación, selección o personalización y comodificación. El primero supone traducir el comportamiento de las personas en las plataformas en datos, analizados individual y colectivamente, a través de algoritmos potentes. La segunda, se apoya en la datificación para predecir y anticipar deseos y comportamiento, y así ofrecer un recorrido personalizado que tiene que ver con aquello que el algoritmo infiere que es lo mejor para nosotros. Por último, la comodificación que se basa en que ese volumen de datos y su potencial de predicción genera ganancias para las compañías, ya que a través de ellos organizan sus esquemas publicitarios. Para estos autores, todo esto produce un cambio pedagógico al que llaman learnificación. Se trata de un proceso que desplaza la importancia de la enseñanza al aprendizaje, la autonomía y el compromiso docente se sintetiza en respuestas automatizadas personalizadas, del intercambio social que supone el aprendizaje a los procesos computables, de la escuela como compromiso público y colectivo con el futuro a la adquisición individual de habilidades y capacidades. Este modelo de educación es opuesto a la idea de formar a nuestros estudiantes críticos y reflexivamente para la vida, para los estudios superiores y para el mundo del trabajo en una propuesta que ponga el acento en la soberanía.
Camino a la cultura digital soberana
En este contexto, donde la virtualidad ha cobrado preponderancia absoluta, se hace necesario pensar en nuestro país y en otros países latinoamericanos una legislación acorde y atenta a los nuevos cambios que producen los desarrollos informáticos para así evitar que los pulpos sigan creciendo.
El pensar en la soberanía tecnológica no es solamente formar docentes y estudiantes que puedan ser usuarios de internet y de las herramientas TIC, sino también considerar todas las variables que entran en juego para empezar a producir aplicaciones y entornos virtuales con sello nacional y ajenos a la lógica del mercado, y así evitar la learnificación.
Hace unos meses, el Ministerio de Educación Nacional presentó el Plan Federal Juana Manso, que contiene aulas virtuales, recursos y herramientas educativas para acompañar al docente en esta emergencia sanitaria. La plataforma ofrece un entorno seguro para interactuar con los estudiantes, pero también no consume datos en los celulares. Los docentes pueden generar sus aulas y también acceder a los cursos de capacitación que ofrece el Infod a través de ellas.
Algunos años atrás, en 2010, se puso en marcha el Plan Conectar Igualdad que ofrecía no solo la entrega de netbooks a los estudiantes sino una diversidad de contenidos educativos multimediales generados desde el ministerio. A su vez, esas netbooks traían Huayra GNU/Linux, que era el primer sistema operativo libre desarrollado por el Estado nacional, que tenía aplicaciones para oficina, manejo de redes sociales, reproductores multimedia, agenda, calendario, compatibilidad asegurada con servicios de streaming de películas o música, etcétera. Este plan fue relanzado en 2021 y se hace una deuda pendiente no solo declarar, sino brindar internet como servicio esencial y gratuito a los estudiantes y docentes en situación de vulnerabilidad. Así como sus herramientas sean tablets, celulares, notebooks, netbooks en todos los niveles educativos.
Hace diez años contábamos con las herramientas dentro del nivel secundario, pero carecíamos de conectividad en los colegios, pero eso no impidió generar un acceso a la alfabetización digital de muchos estudiantes. En este sentido, tendremos que hacernos cargo de la parte que nos toca como docentes acerca de nuestro vínculo con la tecnología. El sacudón pandémico nos obligó a renovar nuestras estrategias educativas y a acercarnos a las herramientas TIC de un modo amigable y necesario. Como dice la canción: “el futuro llegó hace rato”, por eso, tarea pendiente es que, del mismo modo que se enseña a escribir y a leer, debemos incorporar el lenguaje de la programación en la enseñanza en los diferentes niveles. Es la forma de generar nuestras propias herramientas y aplicaciones adaptadas a una cultura digital que promueva la soberanía.
Todo esto me lleva a retomar mi cruzada por la migración de WhatsApp a Telegram. Allá en febrero cuando lo planteé me trataron de ilusa, ingenua y/o paranoica. El punto de por qué fracasé (en ese momento) se debe a que todos los grupos de docentes y estudiantes utilizan esa aplicación que, encima, no usa datos en los celulares. Un poco por costumbre y otro por cuestiones económicas. Tenemos múltiples plataformas y recursos, pero la base de nuestra comunicación cotidiana con los chicos es WhatsApp.
Recientemente, el gobierno nacional emitió una medida cautelar que ordena a la filial de Facebook en el país que se abstenga de implementar la actualización de las condiciones de servicio y política de privacidad de WhatsApp durante 180 días o hasta que acabe la investigación en curso por presunta “conducta anticompetitiva de abuso de posición dominante”, ya que esa modificación que impulsa la empresa implica una cambio de las reglas referida a los datos de los usuarios y supone el ejercicio de un mayor poder para procesar información.
Con esto quiero decir que aún mi tarea puede que no fracase. Tengo, o tenemos quienes me acompañen, como mínimo, 180 días para pasarnos a otro servicio de mensajería o crear uno propio, con sello nacional, que no consuma datos para resguardar la privacidad de nuestros estudiantes y librarnos de todas las estrategias especialmente delineadas y datificadas a las que nos encontramos sometidos. A quienes las desarrollen, les regalo el nombre: “Chasqui”, que significa mensajero en quechua. Parece un detalle, pero todo suma en el arduo camino de la construcción de una cultura digital soberana.
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