Cifras que duelen. En el mundo una de cada tres mujeres es víctima de algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar, según la ONU.

Pero ¿Qué pasa cuando hablamos de mujeres con discapacidad? Es acá donde me gustaría abrir una conversación que no solo impacta, duele y, en algunos casos, hasta puede generar incomodidad.

Porque estas mujeres están en una situación de doble vulnerabilidad, vale decir, por un lado, debido a su género y por otro, por su discapacidad. Tampoco podemos obviar que en Chile se mantiene el paradigma de ver a estas personas como sujetas de caridad, de lástima e infantilizadas. Como Fundación Ronda, sabemos bien que lo peligroso de los roles y estereotipos de género es que invisibilizan todo aquello que no representan.

Ahora, no estamos hablando de casos excepcionales ni de grupos minoritarios en nuestra sociedad. En Chile, 2 de cada persona con discapacidad son mujeres. De acuerdo al II Estudio nacional de Discapacidad de 2015, hay 2.836.818 personas con algún tipo de discapacidad, lo que es igual al 16,7% de la población nacional.

A la vez, que las mujeres con discapacidad alcanzan un 20,3% en relación a la población total de mujeres en Chile.

Pero no se confundan, como Fundación Ronda, estamos conscientes de que se han logrado grandes avances en la materia respecto a la violencia de género, instalando este tema doloroso en lo social, en la agenda país y en demandas colectivas.

De hecho, apoyamos la campaña generada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género #SíesMiProblema que deja en claro que la violencia contra la mujer no es un asunto privado, como se vio durante tantos años, sino que es un problema social que nos afecta a todas y a todos, porque mediante ella, se están vulnerando los derechos de una persona.

Por otro lado, en 2019, Senadis generó, en conjunto con el Departamento de Defensoría de la Inclusión, una Guía de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

Sin embargo, no podemos dejar de recalcar que las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia, siguen estando invisibilizadas. Y como una Fundación dedicada a trabajar en pro de la inclusión, diversidad y equidad de género, estamos conscientes que las estadísticas son escalofriantes.

Según el Consejo de Europa, más de la mitad de las mujeres con discapacidad han sido víctimas de abusos físicos y un 40% de mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido maltrato. Por ende, debemos recalcar que cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de garantizar los derechos, oportunidades y tratos igualitarios de todas las personas y no solo de una parte de ellas.

Es por eso, que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, hacemos un llamado a que el Estado cumpla a cabalidad con los tratados internacionales ratificados por nuestro país, tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (CDPD) y tenga en su programa de Gobierno, generar políticas públicas con perspectiva de género que permitan, por un lado, proteger a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad y por otro, que den solución a los factores que influyen en su desprotección.

En tanto, como Ronda, seguiremos trabajando día a día, por avanzar hacia un cambio cultural profundo, vencer estereotipos, sesgos y barreras que limitan la participación de las mujeres en la sociedad y restringen sus oportunidades de desarrollo.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.