El vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Javier Mora, ha defendido la decisión de la jueza de garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, de cambiar las medidas de prisión preventiva a arresto domiciliario para cinco reclusos vinculados al Tren de Aragua. Mora argumentó que la jueza actuó según «las reglas propias y vigentes en el proceso penal chileno».
En la audiencia donde se revisaron las medidas cautelares, según Mora, la jueza pidió antecedentes al fiscal que representaba al Ministerio Público. Ante la falta de estos, la jueza decidió cambiar la prisión preventiva por otra medida cautelar menos severa, con la condición de pagar una caución. Esta decisión no fue comunicada hasta el día siguiente de haber sido dictada.
Mora enfatizó que es crucial que la ciudadanía comprenda que la resolución se dictó dentro de un procedimiento conforme a la ley. Además, condenó las amenazas o demandas sufridas por la jueza que dictó la resolución, afirmando que «no son admisibles en una sociedad como la nuestra».
Recordemos que la audiencia de revisión de cautelares tuvo lugar en el Tribunal de Garantía de Los Vilos el lunes 3 de junio y resultó en la revocación de la prisión preventiva de cinco individuos supuestamente miembros del Tren de Aragua. Estos sujetos están acusados de secuestrar a un comerciante en Pichidangui en diciembre de 2023.
Durante la audiencia, el abogado asistente, Luis Soto, admitió no estar completamente familiarizado con el caso. Esto llevó a la jueza a cambiar las medidas cautelares. Sin embargo, antes de hacerlo, reprendió al abogado por su falta de preparación, calificándola de «impresentable».
La jueza Pinto se refirió al caso como «emblemático» debido a que, según los antecedentes, un comerciante de origen venezolano fue secuestrado por estos individuos en dos ocasiones. En la última ocasión, fue trasladado a la comuna de Punitaqui y luego a Valparaíso, donde fue liberado días después tras el pago de 31 millones de pesos.
Después de una exhaustiva investigación, se detuvo a siete individuos, todos extranjeros con situación irregular en el país, y fueron enviados a prisión preventiva. Siete meses después de estas detenciones, los defensores de estos detenidos solicitaron una audiencia para revisar las medidas cautelares y pedir el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario, lo que fue concedido por la jueza Daniella Pinto.
Actualmente, tres de ellos se encuentran nuevamente en prisión preventiva, mientras que dos permanecen fugados y con órdenes de detención.
El viernes de la semana pasada, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió designar al fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, para dirigir una investigación penal sobre lo ocurrido en el Tribunal de Garantía de Los Vilos. Posteriormente, el lunes pasado, el mismo fiscal nacional decidió que la causa que se lleva en la fiscalía local de Los Vilos pasara a manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien ahora tiene la tarea de dirigir la investigación penal del caso.
Se argumentó que esta medida se tomó debido a la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos investigados, además de los últimos acontecimientos ocurridos en el Tribunal de Garantía de Los Vilos.