Funcionarios de Gendarmería e internos de diferentes cárceles del país, señalados por el Ministerio Público como miembros de una red de corrupción y tráfico de armas que operaba desde el centro penitenciario de La Serena, fueron presentados en la segunda jornada de audiencia de formalización el miércoles pasado.
La investigación ha estado en desarrollo durante un año bajo las instrucciones de la Fiscalía y diligencias de Carabineros y la misma institución penitenciaria. En la Región de Coquimbo, se detuvo a nueve gendarmes y un exfuncionario, sumándose a otros 10 individuos implicados en diversos delitos.
De este grupo de gendarmes, tres fueron enviados a prisión preventiva. Uno de ellos es un capitán de la institución, identificado como líder de la asociación criminal. También se detuvo a su esposa, quien quedó en arresto nocturno, con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados, teniendo en cuenta que está a cargo de los hijos de la pareja.
Los demás gendarmes fueron puestos bajo arresto domiciliario total, con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros implicados. Tras finalizar la audiencia, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía Metropolitana Oriente apelaría esta resolución dentro del plazo legal.
Los delitos formalizados en el caso de los funcionarios fueron cohecho, lavado de activos y tráfico de droga para uno de ellos. También se detuvieron a civiles, dos de los cuales fueron capturados en flagrancia y formalizados por microtráfico. Estos quedaron sujetos a la medida de arresto domiciliario, y la Fiscalía apeló verbalmente a esta decisión.
Los internos involucrados provienen de cinco cárceles diferentes. Tres de ellos quedaron con «prisión preventiva anticipada», que deberá cumplirse una vez extinguidas las medidas con las que se encuentran actualmente. Los otros tres están con distintas cautelares en espera de diligencias pendientes.
En respuesta a los cuestionamientos por parte de la defensa de los gendarmes detenidos, el fiscal Marcos Pastén defendió la seriedad y meticulosidad de la investigación. El abogado defensor, Carlo Silva, había criticado la imputación del Ministerio Público, cuestionando cómo se asignó al capitán como líder de la asociación criminal, y desestimando la acusación de que los funcionarios del penal de Huachalalume estuvieran vinculados al tráfico de armas y drogas.
Pastén destacó que la investigación, iniciada en 2023, arrojó suficientes pruebas para justificar la entrada y registro a los domicilios de los funcionarios de Gendarmería. Allí se encontraron alrededor de 4 kilos de droga, más de 12 millones de pesos en efectivo, y un arma de fuego en la casa del líder de la organización criminal.
El fiscal también subrayó que los imputados habían acumulado patrimonios que superaban hasta en un 270% el valor de sus ingresos. Para Pastén, sugerir que la investigación es un montaje es una estrategia de la defensa. Sin embargo, aseguró que los contundentes antecedentes presentados en la audiencia demostraban que no se trataba de un montaje.