Gendarmería de Chile y reclusos de diversas cárceles del país se vieron implicados en un escándalo de corrupción y tráfico de armas, con el centro de operaciones en el centro penitenciario de La Serena. Esta es la conclusión de la investigación que ha llevado a cabo el Ministerio Público durante el último año, en colaboración con la Fiscalía, Carabineros y la misma institución penitenciaria.
Tras la segunda jornada de la audiencia de formalización, nueve gendarmes y un exfuncionario fueron detenidos en la Región de Coquimbo. Estos se suman a otros 10 implicados en diversos delitos, mostrando la envergadura de este esquema ilícito.
La investigación ha revelado la existencia de una red criminal liderada por un capitán de Gendarmería, ahora bajo prisión preventiva. También se detuvo a su esposa, quien tras ser imputada, quedó en arresto nocturno con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros involucrados. El tribunal tomó en consideración que la mujer se encarga del cuidado de los hijos de la pareja para tomar esta decisión.
El resto de los gendarmes quedaron con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros involucrados. Los delitos formalizados en el caso de los funcionarios fueron cohecho, lavado de activos y tráfico de drogas.
El Ministerio Público anunció que la Fiscalía Metropolitana Oriente apelará a la resolución dentro del plazo legal. Además de los funcionarios, también figuran civiles en el esquema de corrupción. Dos de ellos fueron detenidos en flagrancia y formalizados por microtráfico, pero quedaron bajo arresto domiciliario.
Los internos involucrados, que provienen de cinco penales distintos, quedaron con «prisión preventiva anticipada», que deberá cumplirse una vez extinguidas las medidas con las que se encuentran en la actualidad. Los otros tres están con distintas cautelares a la espera de realizar diligencias pendientes.
En respuesta a las acusaciones de la defensa de los funcionarios de Gendarmería, el fiscal Marcos Pastén destacó la seriedad y el rigor de la investigación que se inició en 2023. Contrarrestó las afirmaciones del abogado defensor Carlo Silva, quien cuestionó la imputación del Ministerio Público y sugirió que se trataba de un montaje para incriminar a los funcionarios de más alto rango.
El fiscal Pastén enfatizó que se trataba de una investigación seria y minuciosa, que incluso reportó un incremento de hasta un 270% en los patrimonios de algunos imputados, y que se encontraron en los domicilios de los gendarmes alrededor de 4 kilos de droga, más de 12 millones de pesos en efectivo y un arma de fuego en la casa del líder de la organización criminal.
Este caso pone de manifiesto la corrupción y el tráfico de armas en la Región de Coquimbo, y pone en tela de juicio la integridad de los funcionarios penitenciarios y de custodia. A medida que la investigación continúa, se espera que se revele más información sobre la extensión y las ramificaciones de esta red criminal.
