Krist Naranjo, la exgobernadora de la Región de Coquimbo, ha sido destituida de su cargo y inhabilitada para ejercer cualquier cargo público tras una decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Esta medida se tomó debido a su notable abandono de deberes, una acusación que ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social de Chile.
Krist Naranjo, una dirigente ambientalista, independiente y feminista, logró una sorprendente victoria en las primeras elecciones de gobernadores del país, derrotando al candidato de ChileVamos, Marco Antonio Sulantay, con un contundente 61,96% de los votos. Su triunfo fue interpretado por muchos como un voto de castigo en un contexto político marcado por el estallido social y la desconfianza hacia las autoridades tradicionales.
La llegada de Naranjo al cargo fue lenta y complicada. A pesar de contar con el apoyo inicial del Consejo Regional y del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien defendió su labor en su primera visita a la Región de Coquimbo en abril de 2022, su gestión pronto comenzó a generar roces y controversias.
El Consejo Regional, encabezado por el consejero Javier Vega, quien también compitió con Naranjo en las elecciones, expresó su preocupación por la lenta instalación de la nueva autoridad y las constantes quejas desde el interior del gobierno regional. Vega reconoció que, aunque inicialmente apoyó a Naranjo, con el tiempo su gestión generó condiciones desfavorables para la región.
El conflicto alcanzó su punto álgido cuando el Consejo Regional presentó un recurso ante el TRICEL a fines de 2022, acusando a Naranjo de diversos incumplimientos. El actual gobernador (s), Wladimir Pleticosic, recordó que se trató de una comisión especial fiscalizadora en la que participaron los 16 consejeros regionales. Tras meses de pruebas, testimonios y documentos, el tribunal falló a favor del Consejo Regional.
Uno de los principales puntos de conflicto fueron los viajes internacionales de Naranjo a Egipto, Nueva York, México y Argentina. Estos viajes, realizados para participar en diversos seminarios, no fueron informados adecuadamente, y no se entregaron detalles claros sobre los programas, objetivos ni gastos. La transparencia en el uso de los recursos fiscales es una responsabilidad clave del gobernador, y estos viajes generaron serias dudas.
La consejera Ximena Ampuero destacó que en su rol fiscalizador exigieron respuestas sobre estos viajes, que no contaban con informes contundentes. Además, Naranjo fue acusada de maltrato laboral hacia funcionarios, incluyendo su conductor, y de realizar constantes modificaciones en sus equipos, despidiendo a 14 personas y trasladando a otras a diferentes áreas.
Las denuncias de maltrato laboral, despidos arbitrarios y acoso laboral llevaron a que el gobierno regional tuviera que pagar cerca de 37 millones de pesos en indemnizaciones. Los funcionarios describieron a Naranjo como una autoridad de "complejidad extrema", individualista y que apagaba los micrófonos de los consejeros regionales en plena sesión o los desvinculaba ante cualquier solicitud de explicación o cuestionamiento.
Los problemas internos también llevaron a manifestaciones de los funcionarios en sesiones del Consejo Regional y a las afueras del edificio, generando enfrentamientos verbales con Naranjo, quien incluso llamó a Carabineros para desalojar a un grupo de manifestantes de una sesión.
Otro de los puntos críticos fue la ejecución presupuestaria. El Consejo Regional cuestionó el bloqueo de Naranjo para avanzar en diversas materias de desarrollo para la zona, especialmente en un contexto de crisis hídrica y alto desempleo. A comienzos de diciembre de 2022, la ejecución presupuestaria solo alcanzaba el 48,02%, mejorando ligeramente al 31 de diciembre gracias a una actividad de última hora. La falta de cumplimiento de un acuerdo para realizar una auditoría por parte de la Unidad de Control del GORE fue otro punto de conflicto.
El gobernador (s), Wladimir Pleticosic, señaló que hubo mucha dilación en proyectos y programas de interés social, y que la Ley de Presupuesto 2024 exige que cada una de las inversiones o transferencias sea rendida por la organización que recibió el recurso. Sin embargo, Naranjo no cumplió con estas exigencias, lo que llevó a una baja ejecución presupuestaria.
Para la consejera Ximena Ampuero, la decisión del TRICEL no fue una sorpresa, pero sí el momento en que se produjo, a pocos meses de una nueva elección de gobernador y tras la suspensión de Naranjo por dos meses. Ampuero destacó que esta resolución demuestra que el cuerpo colegiado cumplió su rol fiscalizador con argumentos sólidos y marcó un precedente a nivel nacional.
El consejero Javier Vega también resaltó que el trabajo de los consejeros estaba en lo correcto, y que las acusaciones de maltrato hacia la mujer, conspiraciones políticas y otros argumentos no tenían fundamento. El fallo del TRICEL, según Vega, demuestra que las acciones del Consejo Regional fueron justas y necesarias.
En respuesta a su destitución, Krist Naranjo envió una declaración pública oficial a ciertos medios de comunicación. En un breve párrafo, señaló que había tomado conocimiento de la sentencia a través de los medios y que su defensa estaba preparando los recursos correspondientes. Anunció que en los próximos días entregaría más información al respecto. Sin embargo, es importante recalcar que la decisión del TRICEL es inapelable y ejecutoriada desde el 23 de agosto.
La destitución de Krist Naranjo ha dejado un vacío en la gobernación de la Región de Coquimbo, y su caso se ha convertido en un ejemplo del rigor con el que se deben desempeñar las autoridades electas. Los términos y condiciones que llevaron a su destitución reflejan la importancia de la transparencia, el respeto a los funcionarios públicos y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos.