El Congreso de los Diputados rechazó este viernes los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno. El primero fue tumbado con los votos en contra de Partido Popular, Vox y Junts; en el segundo, también se sumaron el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria. Al mismo tiempo, cientos de personas se concentraron fuera de la Cámara coreando “huelga general”.
El primer decreto obtuvo 178 votos en contra y 172 a favor. El texto contemplaba una moratoria de los desahucios de familias vulnerables hasta 2030, límites a las subidas de los alquileres, nuevas obligaciones para los grandes tenedores y restricciones temporales a determinadas compras de vivienda. El segundo decreto, que planteaba la renovación automática de los contratos de alquiler, también fue rechazado.
Según el planteamiento expresado en las movilizaciones, las formaciones de derechas han votado en defensa de los fondos buitre y los rentistas. Sin embargo, se cuestiona asimismo la responsabilidad del Ejecutivo de PSOE y Sumar en el resultado. El Gobierno dividió el paquete de medidas en dos y llevó la renovación de los contratos a un pleno exprés pese a no contar con los apoyos necesarios. Además, incorporó nuevos incentivos fiscales para los propietarios. La rebaja de los alquileres y la expropiación de pisos vacíos de grandes tenedores no formaron parte de las propuestas.
La movilización, fuera del Congreso
La votación ha reforzado la idea de que la respuesta a la crisis de la vivienda no puede depender únicamente de la aritmética parlamentaria. La presión en las calles ha contribuido a situar el problema en el centro del debate político, aunque las movilizaciones sostienen que esa fuerza no debe detenerse ante las puertas del Congreso.
Durante la sesión parlamentaria, cientos de personas rodearon el Congreso para reclamar una huelga general. La acampada de Sol, surgida tras el desahucio de Maricarmen, ha mantenido durante varios días la vivienda como una cuestión central. También ha vinculado esta reivindicación con la defensa de la educación y los servicios públicos: las docentes de Madrid mantienen una huelga indefinida desde el 14 de octubre.
El objetivo planteado es transformar esta movilización en una fuerza capaz de lograr vivienda digna, frenar la especulación y combatir el encarecimiento de la vida. A ello se suma la defensa de la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos, afectados, según denuncian los colectivos movilizados, por años de recortes y privatizaciones.
Para ello, se propone reforzar la organización en centros de trabajo, universidades, institutos y barrios, y unir estas luchas en una acción común con capacidad para paralizar la economía: la huelga general.
De la crisis de vivienda a la huelga general
A pesar de la caída de los decretos, la crisis de la vivienda continúa. Los alquileres seguirán absorbiendo una parte importante de los salarios y los desahucios mantendrán su amenaza sobre familias trabajadoras. La juventud seguirá afrontando dificultades para emanciparse y una parte de la clase trabajadora migrante continuará encontrando barreras racistas en el acceso al alquiler. Mientras tanto, los grandes propietarios y los fondos de inversión seguirán obteniendo beneficios.
Desde esta perspectiva, el resultado parlamentario no debería conducir a esperar una nueva negociación en el Congreso ni unas próximas elecciones. Las movilizaciones de los últimos días han mostrado que la organización puede colocar la vivienda en el centro de la agenda política. El reto, sostienen, es trasladar esa fuerza a los centros de trabajo.
Las direcciones de CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios, son señaladas como actores decisivos. Se les reclama que pongan su capacidad organizativa al servicio de una huelga general que reúna a trabajadores, estudiantes y al movimiento por la vivienda. Sería la primera huelga general de 24 horas convocada por ambos sindicatos desde noviembre de 2012.
La defensa de vivienda digna, salarios suficientes para vivir, servicios públicos de calidad y el fin de la especulación, concluye esta posición, requiere organización de la clase trabajadora más allá de los plenos parlamentarios.