Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia, integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), fueron detenidos el martes por la mañana durante una medida sindical en Buenos Aires. Tras un paro que afectó a las seis líneas de subterráneo y al Premetro, los tres trabajadores recuperaron su libertad.
Según el planteo de la AGTSyP y de las organizaciones que expresaron su respaldo, las detenciones fueron ilegales y se produjeron por orden de la Policía de la Ciudad, bajo la administración del jefe de Gobierno Jorge Macri. El hecho generó rápidas expresiones de solidaridad desde distintos sectores sindicales de Brasil.
Marilia Rocha, conductora de tren y delegada del Metro de San Pablo, manifestó su repudio a las detenciones y reclamó la liberación inmediata de los tres sindicalistas.
Por su parte, la central brasileña CSP-Conlutas difundió una “Moción de repudio a la represión y a la detención de representantes sindicales y trabajadores en Argentina”. El comunicado fue firmado por más de medio centenar de sindicatos y organizaciones de base de Brasil, entre ellos el Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, el Sintusp de la Universidad de San Pablo, gremios del Poder Judicial Federal, bancarios, docentes y trabajadores químicos.
En ese documento, la central sostuvo que los trabajadores fueron arrestados durante una movilización en defensa de un empleado suspendido por la empresa, en un conflicto que también incluye denuncias por tercerización de los servicios de mantenimiento. La organización afirmó que el episodio forma parte de una ofensiva dirigida a intimidar a la clase trabajadora y limitar su capacidad de respuesta.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Pablo (SINTUSP) también se sumó al reclamo por la libertad de los detenidos. La entidad vinculó el hecho con lo que considera un avance de la extrema derecha regional, en referencia a Javier Milei y al clan Bolsonaro, y advirtió sobre posibles recortes de derechos y una mayor precarización laboral.
La medida de fuerza de la AGTSyP había consistido en una apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas. El sindicato la presentó como una protesta que no perjudicaba a los usuarios del subte. El conflicto se originó, de acuerdo con el gremio, por la suspensión arbitraria de un trabajador que se negó a extender su jornada más allá de las seis horas diarias establecidas.
Durante la protesta, agentes de la Policía de la Ciudad ingresaron a los vestuarios con la intención de detener a Sebastián Carrizo, según el relato sindical. Dellecarbonara y Heredia intervinieron en su defensa y fueron arrestados. Más tarde también fue detenido Segovia, secretario general de la organización.
Como respuesta, la AGTSyP paralizó las seis líneas de subterráneo y el Premetro para exigir la liberación de sus integrantes. El paro concluyó luego de que los detenidos fueran liberados.
El artículo también enmarca el episodio en una denuncia de persecución sindical y judicial contra los trabajadores del subte. Señala que la fiscal Celsa Ramírez impulsa una causa por asociación ilícita contra la AGTSyP y trabajadores del sector por medidas de fuerza realizadas en 2024 y 2025. En un tramo se menciona el procesamiento de 171 trabajadores bajo esa figura y, en otro, una causa contra 180 trabajadores.
Asimismo, se denuncian acciones de la concesionaria Emova, como suspensiones, descuentos salariales compulsivos y sanciones que el gremio considera ilegales. Según el texto, esas medidas fueron cuestionadas judicialmente y los trabajadores obtuvieron numerosos fallos favorables.
Las repercusiones internacionales y la liberación posterior a la huelga fueron presentadas por las organizaciones involucradas como una muestra de la capacidad de organización de los trabajadores frente a los conflictos laborales y sindicales.