La Fiscalía Metropolitana Oriente de Chile ha revelado que la audiencia de formalización de los gendarmes detenidos en una investigación de tráfico de armas, supuestamente liderada desde la cárcel, está programada para el próximo martes. Según informes, hay nueve funcionarios en servicio activo del penal de Huachalalume, así como un exfuncionario que fue despedido por otra causa, quienes están implicados en el caso a nivel local.
La Fiscalía ha declarado que se presentará un total de 14 detenidos en la instancia, incluyendo a los funcionarios mencionados de La Serena. Asimismo, también se trasladarán seis internos de varios penales, quienes están siendo investigados como miembros de la red delictiva. Sin embargo, se han mantenido los detalles del caso en secreto ya que se ha decretado la confidencialidad de la investigación.
Ante la proximidad de la audiencia, El Día habló con el abogado Carlo Silva, quien representa a los gendarmes detenidos. Silva indicó que planea alegar la nulidad de la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó la detención de los imputados. Además, solicitará un levantamiento parcial del secreto de la investigación.
Silva expresó su preocupación por la falta de información concreta sobre el proceso. Afirmó que no se les ha proporcionado detalles suficientes sobre las acusaciones a sus clientes. “No conocemos nada de la investigación y nuestros defendidos llevan más de 48 horas privados de libertad sin conocer los motivos exactos de su detención”, explicó.
El abogado mencionó que hay 11 funcionarios en servicio activo involucrados en el caso, todos ellos trabajan en el penal de Huachalalume. Entre ellos se encuentran dos oficiales, todos con una conducta anterior irreprochable y excelentes antecedentes laborales. Silva sostuvo que la forma en que se ha llevado a cabo la detención parece «arbitraria e ilegal».
Aunque el caso se presenta como una red de tráfico de armas, Silva señaló que la resolución del tribunal indica los delitos de cohecho y lavado de activos, pero no menciona las circunstancias ni indica qué imputación corresponde a cada acusado.
El Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de Gendarmería y el OS9 de Carabineros, con el apoyo del GOPE, coordinaron la detención tras una extensa investigación. Los funcionarios fueron denunciados por la misma institución en el marco del “Foco Investigativo para el Combate del Crimen Organizado en Recintos Penitenciarios”.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó que es fundamental que Gendarmería sea una institución al margen de sucesos como éste. Aseguró que si hay funcionarios cometiendo ilícitos o apartándose de sus deberes, la institución hará todo lo posible para que sean investigados y detenidos.
La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog) también expresó su rechazo a los hechos denunciados. En una declaración pública, la asociación expresó que no brindará su apoyo a aquellos que se desvíen de la conducta apropiada y espera que la justicia actúe con condenas ejemplificadoras para aquellos que sean encontrados responsables de estos delitos.