El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, viajó hasta Viña del Mar para abordar en terreno los avances en el control de los incendios en la zona.

El Mandatario realizó un sobrevuelo en el helicóptero de Carabineros, luego llegó hasta el Estadio Sausalito donde se reunió con las principales autoridades nacionales y locales. Junto con eso, recorrió el sector afectado donde pudo compartir con las familias damnificadas.

Al finalizar el encuentro con autoridades el Jefe de Estado realizó una declaración pública en la que aseguró que el gobierno va a estar permanentemente en terreno, «no solamente ahora en el combate de la emergencia, sino en todo lo que viene después».

«Pueden tener la certeza de que no los vamos a dejar solos», aseguró Boric.

Más de 100 viviendas destruidas dejó este siniestro que afectó ayer al sector de Agua Santa-Rodelillo en Viña del Mar, por lo que el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó un balance de la emergencia, destacando que hay 2 víctimas fatales y que aún hay focos activos. También adelantó que el Presidente Gabriel Boric viajará esta jornada a la zona.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a las viviendas afectadas por el incendio, destacando que pueden ser entre 200 a 500 inmuebles. Sin embargo, aclaró que las catastradas hasta ahora son 131, cifra que podría aumentar con la inspección de las autoridades.

El Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso anunció que destinarán alrededor de 3 mil millones en recursos de emergencia que irán dirigidos a las familias damnificadas por el incendio forestal.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.