La propuesta del gobierno de Javier Milei de eliminar la palabra “pública” del nombre del canal estatal no supone únicamente un cambio de identidad. Según esta mirada, forma parte de una estrategia electoral y de una “batalla cultural” que busca polarizar con el peronismo y avanzar contra el sistema de medios públicos, reduciendo espacios para voces críticas.
La denominación de medio público, sin embargo, no debe ocultar su naturaleza. Aunque no responde exclusivamente a la lógica de lucro de una empresa privada, el canal pertenece a un Estado capitalista y su creación bajo la órbita del Poder Ejecutivo condicionó históricamente su autonomía y sus recursos. Su alcance federal convive con una conducción subordinada a los intereses de los gobiernos de turno y a vínculos con negocios privados.
Los comienzos del canal estatal
El canal oficial ya atravesó numerosas modificaciones de nombre. Nació como LR3 Radio Belgrano TV, pasó a llamarse LS82 TV Canal 7 durante los años 50, fue rebautizado como Argentina Televisora Color (ATC) en la dictadura, recuperó el nombre Canal 7 Argentina durante la Alianza y se convirtió en Televisión Pública durante el ciclo kirchnerista.
De acuerdo con los periodistas Carlos Ulanovsky, Pablo Sirvén y Silvia Itkin en Estamos en el aire, el proyecto fue impulsado por el empresario radiofónico Jaime Yankelevich, quien importó la tecnología en un mercado inexistente. En ese momento había apenas 5.000 receptores, accesibles para la elite porteña. Antes de la experiencia argentina, la televisión solo había llegado en América Latina a México, Cuba y Brasil.
La investigadora Mirta Varela, en La televisión criolla. Desde sus comienzos hasta la llegada del hombre a la Luna, señaló que el modelo inicial fue relativamente excepcional frente a otras experiencias latinoamericanas: existía un único canal para una sola ciudad que, pese a la inversión estatal, era dirigido por un empresario de la radio.
La primera emisión oficial transmitió el acto del Día de la Lealtad de 1951 y registró uno de los últimos discursos públicos de Evita. Para Natalí Schejtman, autora de Pantalla partida, la televisión argentina “nació politizada”. Desde entonces, cada intervención sobre la pantalla estatal implicó también una disputa por construir sentido, legitimar proyectos políticos y proponer una visión de la sociedad.
Del peronismo a la dictadura
Luego de la muerte de Yankelevich y de la sanción de la Ley de Radiodifusión de 1953, el Estado mantuvo la pantalla pública mientras licitaba tres redes privadas bajo fiscalización estatal. Entre 1954 y 1955, la explotación comercial de Canal 7 quedó en manos privadas, mediante una adjudicación a empresarios cercanos a Perón, entre ellos Jorge Antonio, entonces responsable de la filial local de Mercedes-Benz.
Tras el golpe de Estado de la “Revolución Libertadora” en 1955, Canal 7 fue intervenido y estatizado por completo para convertirlo en vocero de la “desperonización”, en un período marcado por las listas negras y la proscripción. El gobierno militar licitó las frecuencias que luego darían origen a los canales privados.
Durante las presidencias de Arturo Frondizi y Arturo Illia, el canal debió competir con capitales privados. La aparición de las señales 9, 11 y 13 y la expansión de la publicidad transformaron el sistema de medios. Con el auge de la televisión privada, Canal 7 perdió la centralidad cultural que había tenido hasta entonces.
El regreso del peronismo en 1973 convirtió al canal en reflejo de las disputas internas del movimiento. El control de la emisora pasó a ser un recurso estratégico, ya que estaba en juego quién podía hablar en nombre del peronismo. En los primeros años del tercer gobierno peronista, el lema era “Canal 7, su compañero”. Sin embargo, el 20 de junio de 1973, durante el regreso de Perón a Ezeiza, la emisora no logró registrar uno de los episodios fundantes de ese gobierno.
La Junta militar genocida de 1976 utilizó el canal como herramienta mediática, con programas como 60 minutos, cuando la televisión todavía dominaba el periodismo. Para el Mundial de 1978, la dictadura construyó el edificio de Figueroa Alcorta y Tagle, equipado para transmisiones a color. En 1979, el canal adoptó el nombre de Argentina Televisora Color. Esa modernización funcionó como una vidriera para proyectar la imagen de un país ordenado mientras se ocultaban secuestros, detenciones y represión.
Democracia, menemismo y kirchnerismo
Durante la gestión de Raúl Alfonsín, los medios no fueron el eje central de la disputa política oficialista, aunque la pantalla pública se mantuvo alineada con sus coordenadas. La denominada “primavera democrática” permitió, no obstante, el desarrollo de producciones culturales, debates y ficciones que dejaron programas como La Noticia Rebelde y Función Privada, de Carlos Morelli y Rómulo Berrutti, en un contexto de crisis financiera del canal y de dificultades económicas nacionales.
En los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, ATC se transformó en Sociedad Anónima. El canal fue uno de los pocos espacios públicos que no pudo ser privatizado, en parte por la fuerza y el rechazo de sus trabajadores. Entre 1991 y 1992, el interventor Gerardo Sofovich orientó la programación hacia el rating y la farandulización, en sintonía con la desregulación financiera y el vaciamiento de lo público promovidos por el menemismo.
La Alianza recuperó en 1999 la denominación Canal 7 Argentina, aunque el cambio más profundo se produjo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En esa etapa, la Televisión Pública impulsó una versión “nacional y popular”, financiada, según el artículo, mediante contratos millonarios con productoras, infraestructura privada y la tercerización de las transmisiones deportivas de Fútbol para Todos.
La programación también quedó atravesada por la polarización política. El ciclo 6,7,8 convirtió a la pantalla estatal en una herramienta de confrontación con el Grupo Clarín luego del conflicto con las patronales agrarias.
Más tarde, durante la conducción de Hernán Lombardi, la gestión de Cambiemos reivindicó criterios de eficiencia de mercado. Aunque sostuvo públicamente que en la TV Pública no habría despidos, redujo una quinta parte de la planta mediante congelamiento salarial y retiros voluntarios, al tiempo que cuestionaba a los trabajadores y cedía protagonismo a los canales privados.
La administración de Alberto Fernández, iniciada en 2019, comenzó con una propuesta presentada como superadora, pero terminó caracterizada por la “normalización” de la pantalla, la falta de confrontación con el poder mediático concentrado y la administración por inercia del canal heredado.
El escenario bajo el gobierno de Milei
Después de setenta y cinco años, la historia del canal aparece atravesada por una tensión persistente: ser un medio de entretenimiento bajo lógica de mercado o funcionar como caja de resonancia del gobierno de turno, tal como plantea Schejtman.
El gobierno de Javier Milei inició poco después de asumir una política de vaciamiento de los medios públicos, según el artículo. Entre las medidas señaladas figuran la liquidación de Télam, los denominados “apagones” culturales, digitales e informativos y la intervención del canal estatal a cargo de Carlos María Curci González, exvocero de la Sociedad Rural.
La interpretación expuesta sostiene que, sin el capital político necesario para disolver los medios públicos de manera inmediata, el Ejecutivo recurrió a los despidos y al ahogo presupuestario, un mecanismo que también afectaría a las universidades y a la salud públicas.
Frente a ese panorama, el texto plantea que la defensa de los medios estatales debe ir más allá de rechazar el vaciamiento. Propone discutir una televisión pública con autonomía real, sin control burocrático gubernamental ni subordinación a grupos empresariales concentrados. En esa perspectiva, los medios deberían ser gestionados por sus trabajadores, creadores y audiencias, para garantizar lugar a todas las expresiones sociales y una mayor visibilidad de los intereses de las mayorías trabajadoras.
La discusión, finalmente, no sería solo organizativa: supone definir democráticamente las agendas, los conflictos que se muestran y las voces que llegan a la pantalla. En un mapa de medios hiperconcentrado y orientado a los intereses empresariales, una gestión de ese tipo podría ofrecer contenidos de interés social y disputar los sentidos comunes dominantes en la televisión privada.