Los infiltrados son quienes gobiernan. Editorial de El Círculo Rojo, programa de La Izquierda Diario emitido los sábados de 12 a 14 por Radio Con Vos (89.9 FM).
La movilización del jueves pasado y, especialmente, el tratamiento político y mediático posterior remiten a una reflexión de C. L. R. James, historiador de izquierda nacido en Trinidad y Tobago y autor de Los jacobinos negros, sobre la revolución de los esclavos haitianos a fines del siglo XVIII. Al observar el relato oficial de aquel proceso, James sostuvo que, cuando la historia sea escrita como corresponde, lo que llamará la atención no será la ferocidad de las masas, sino su moderación y su prolongada paciencia.
James se refería a hombres y mujeres sometidos durante generaciones a un sistema de terror: el látigo cotidiano, la mutilación como enseñanza y la muerte por agotamiento como parte del costo productivo. Cuando finalmente se rebelaron, los cronistas detallaron los incendios, las venganzas y la sangre atribuida a los insurgentes. En cambio, no existía un registro equivalente sobre los dos siglos previos de opresión, considerados como parte del orden natural.
Su planteo invirtió la pregunta habitual. En lugar de interrogarse por qué se habían levantado, se preguntó por qué habían esperado tanto tiempo.
Esa idea permite abordar la campaña mediática y política desplegada en torno a la violencia y las supuestas infiltraciones en la marcha contra el DNU 70/23, en defensa de la universidad y por otros reclamos. En canales de televisión, portales y redes sociales, la atención se concentró durante horas en un contenedor incendiado, una piedra arrojada o un vidrio roto.
Según esta mirada, no se trata únicamente de mala fe, sino de una forma de ordenar la percepción pública. Mientras buena parte del periodismo observa con detalle la violencia de quienes protestan, se presenta como normal la coerción ejercida desde el poder. La violencia de abajo se convierte en escándalo; la de arriba, en gestión.
El inventario incluye al decreto 70/23, que reescribió una parte significativa de la legislación argentina sin pasar por el Congreso. Derechos laborales, alquileres, salud y distintas regulaciones fueron modificados o eliminados bajo una necesidad y urgencia que, según el editorial, no fue demostrada.
También cuestiona a un Gobierno que no aplica las leyes que rechaza: el Congreso sanciona una norma, el Presidente la veta y, aun cuando el Parlamento insiste con una mayoría de dos tercios, el Ejecutivo puede desatenderla, reglamentarla de modo que no tenga efecto o no asignarle recursos. El texto contrapone esa situación con la reacción que habría si un sindicato, un centro de estudiantes o un movimiento social anunciara que no cumplirá una ley.
La represión, sostiene, no comenzó la semana pasada, sino desde el inicio de la gestión, primero con el protocolo y luego en las movilizaciones de los jubilados de los miércoles. Menciona a personas de 70 y 80 años que fueron gaseadas, empujadas, arrastradas y golpeadas mientras reclamaban ingresos suficientes para alimentarse y comprar medicamentos. También recuerda el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien casi perdió la vida tras recibir un cartucho de gas lacrimógeno disparado de manera directa, en línea recta y a la altura de la cabeza mientras trabajaba.
El editorial denuncia además una negociación pública de apoyos políticos, con gobernadores que intercambian votos por fondos, obras, adelantos o favores. A su entender, ese mecanismo permite que un Gobierno sin mayoría propia construya mayorías artificiales para aprobar medidas que no fueron votadas en esos términos.
En la misma línea, cuestiona a la Corte Suprema, a la que acusa de demorar o habilitar decisiones según convenga y de no intervenir frente a un decreto que, de acuerdo con el texto, avanza sobre la Constitución que debe resguardar.
Otra dimensión señalada es la violencia del ajuste: salarios bajos, despidos, universidades sin financiamiento suficiente, hospitales sin insumos, estudiantes que abandonan sus carreras por el costo del transporte y familias endeudadas para llegar a mitad de mes. Es una violencia silenciosa y administrativa que, afirma, ingresa en los hogares sin necesidad de romper una puerta.
La suma de estas situaciones es definida como un régimen autoritario y violento por naturaleza. Frente a ello, el texto cuestiona que se ponga el foco en quienes expresan bronca, en quienes no quieren más casos como el de Pablo Grillo o en quienes rechazan volver a sus casas heridos tras una movilización.
Reconoce que pueden existir infiltraciones, pero plantea que la pregunta central no debería ser por qué hay indignación, sino por qué existe tan poca. Millones de personas tienen sus salarios deteriorados, jubilados no llegan al día 15 del mes, docentes universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza y familias se endeudan para comer. Aun así, la gran mayoría se moviliza pacíficamente. Para el editorial, esa es la verdadera anomalía histórica.
La historia argentina, agrega, también registra momentos en los que esa paciencia se agotó. El Cordobazo fue el resultado de años de dictadura, intervención universitaria y ataques a las condiciones de trabajo. Del mismo modo, diciembre de 2001 fue el desenlace de una década de saqueo. En ambos casos, quienes durante años no escucharon los reclamos populares centraron luego su atención en el ruido de los vidrios rotos.
El texto sostiene que resistir no constituye un delito, un exceso ni un problema de orden público, sino un derecho y, en las condiciones actuales, una necesidad. Defender la universidad pública, a los jubilados y los derechos laborales que el decreto busca eliminar, así como movilizarse cuando las instituciones funcionan como una escribanía del poder, no es presentado como violencia, sino como una respuesta mínima ante una violencia naturalizada.
Por último, afirma que la resistencia es lo que ha impuesto límites. Los derechos que aún se conservan, señala, fueron conquistados en las calles y no concedidos desde los despachos. Si algo logró frenar el ajuste en estos años, concluye, no fue la cautela de quienes negocian desde arriba, sino la persistencia de quienes se movilizan desde abajo.
Cuando esta historia sea escrita como corresponde, no debería sorprender que haya existido resistencia. Lo que podría resultar asombroso es cuánto tardó en llegar. Y si la paciencia tiene un límite, la responsabilidad, concluye el editorial, no será de quienes se cansaron, sino de quienes abusaron de ella.