En una lucha continua que se ha extendido durante décadas, madres y familiares de bebés desaparecidos durante la dictadura militar en Chile persisten en su búsqueda por la verdad. Estas desapariciones, ocurridas en hospitales de la región, siguen envueltas en un manto de misterio y dolor. Las madres daban a luz, luego eran sedadas y, posteriormente, se les informaba que su hijo había muerto. En medio de su dolor, nunca veían el cuerpo del bebé fallecido y retornaban a casa con la incertidumbre de lo que realmente había sucedido.
Un ejemplo de estas desgarradoras historias es la de María Tapia, cuya hija recién nacida desapareció del hospital de La Serena en diciembre de 1976. La pequeña había nacido en Paihuano y, por problemas de salud, fue trasladada al hospital de la capital regional. El cuerpo nunca fue entregado a la familia y no existe un certificado de defunción. En la actualidad, la menor, que hoy tendría 48 años, figura como viva en el Registro Civil y su madre está convencida de que no falleció, sino que “se la robaron” del recinto hospitalario.
Hernán Ahumada, alcalde de Paihuano, ha apoyado desde un inicio a Tapia en su búsqueda. Relata que al hacer público el caso, se le acercaron varias mujeres con experiencias similares, buscando ayuda para encontrar a sus hijos. Sin embargo, el número de casos fue incrementándose y superaba sus atribuciones como alcalde, por lo que coordinó con el exseremi de Justicia, Carlos Galleguillos, para que se abordaran los casos.
Desde 2018, los familiares de personas que denuncian la sustracción de bebés durante la dictadura militar crearon la “ONG Madre e Hijos se Buscan” en la región. La organización, que actualmente cuenta con unos 15 integrantes, ha tenido que pausar un poco sus actividades debido a la pandemia.
Alicia Acuña, periodista y presidenta de la agrupación, busca conocer el paradero de su hermano, desaparecido en 1977 desde el hospital de La Serena. Según ella, el avance en estos casos ha sido lento debido a que la gente involucrada no ha proporcionado información. Acuña explica que uno de los principales problemas es que no existe una Brigada de Derechos Humanos de la PDI en la zona, por lo que deben venir desde Santiago a realizar diligencias.
Uno de los avances de la organización fue que su padre tuvo que reconocer a la asistente social que trabajaba en el recinto desde donde desapareció su hermano. Además, sus padres ingresaron al banco de Registro Nacional de Desaparecidos y les efectuaron una muestra de ADN. Pero como en todos los casos, el avance ha sido escaso.
Otro caso es el de Patricia Alfaro, quien a sus 40 años se enteró de que había sido adoptada irregularmente por quienes pensaba eran sus padres. Patricia indicó que desde pequeña sospechó que era adoptada y recién hace nueve años se lo confirmaron sus padres.
Patricia sostiene que su acta de nacimiento, que indicaba que había nacido en su casa, era falsa, pero afirma que no ha podido recabar más antecedentes. Asegura que un detective de la PDI la llama de vez en cuando, pero es ella quien tiene que entregar información. Recientemente, se hizo un test de ADN en un laboratorio de Estados Unidos y se cruzó información, dando con un primo hermano de segundo grado.
Así, los familiares de los bebés desaparecidos esperan que el tema no se diluya y que se sigan con las investigaciones para dar con su paradero, pese a haber pasado casi 50 años.