Esta semana, el abogado Carlos Tello Luza fue desvinculado de la municipalidad de Ovalle al encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, en virtud del artículo 61 de la ley 20.000, ya que habría defendido causas vinculadas al tráfico de drogas. Cabe recordar que días atrás, el militante del Partido Republicano y actual candidato a gobernador regional, Andrés Guerra, había ingresado una denuncia a Contraloría por esta misma situación.
Sin embargo, a través del memorándum interno N° 383, el alcalde Jonathan Acuña Rojas solicitó “instruir al área de Recursos Humanos dictar acto administrativo que deje sin efecto la contratación de prestación de servicios a honorarios suma alzada de don Carlos Tello Luza, abogado, teniendo presente que esta persona informa que no cumple con el requisito de la Declaración Jurada, letra b”.
Tras conocer la desvinculación, el actual candidato a gobernador regional declaró que “aún queda mucho por hacer”, pues su denuncia apuntaba además, a un segundo abogado.
“¿Qué pasó con la otra profesional involucrada en mi acusación? ¿Cuándo se va a pronunciar Contraloría sobre las sanciones que le corresponden al actual alcalde en base a estos gravísimos incumplimientos? Y por lo demás, la comunidad ovallina merece unas explicaciones públicas del señor alcalde, del por qué contrató abogados defensores de narcos”, puntualizó Guerra.
Petición de sumario
Tras enterarse de esta situación, los concejales de Ovalle exigieron la realización de un sumario para aclarar responsabilidades por la contratación del profesional.
Tal es el caso del concejal Patricio Reyes, quien se mostró a favor de la desvinculación “de una persona que al parecer está vinculado a la defensa del narcotráfico. Creo que en este caso se tendrá que hacer un sumario para ver quién es el responsable de esto, pues no tendría que haber pasado. Se le debe explicar a la gente el por qué. Este abogado estaba vinculado en la defensa del narcotráfico, y eso es la libertad de su profesión, pero no puede estar vinculado a la municipalidad”.
Por su parte, el concejal Gerald Castillo aseguró que solicitó información referente al caso. “Tengo entendido que el patrocinio fue eliminado en su momento, y por lo que me informaron no se pagaron los honorarios correspondientes. En el próximo concejo municipal solicitaremos más información al respecto, pues hay que saber quienes fueron los responsables”, sostuvo.
Por su parte, el concejal Carlos Ramos recalcó que desde un principio se expresaron cuestionamientos a la llegada de este profesional al municipio. “Cuando se presentó este abogado, yo pregunté en el concejo municipal quién era él y en qué calidad estaba contratado en la municipalidad. En ese momento se contestó que sí estaba al servicio de la municipalidad. Yo pregunté esto porque el conducto regular es que toda persona que va exponer al concejo municipal tiene que estar en la tabla, y él no lo estaba. Una persona que llega a una casa primero debe pedir autorización a sus dueños. Eso a mí me molestó y por eso pregunté. Ahora sobre la desvinculación, me imagino que es por los motivos que se han expuesto en algunas denuncias, pero a nosotros como concejales oficialmente no se nos ha dado ninguna información. Igual hay que aclarar que él no estaría vinculado directamente a la ley 20.000, pues lo que sé es que él representaba a personas involucradas en el tráfico de drogas, y eso no se puede, porque el abogado debe renunciar a cualquier tipo de patrocinio”, indicó.
Respuesta del municipio
Al ser consultados al respecto, desde la municipalidad de Ovalle señalaron que “el alcalde, Jonathan Acuña, instruyó la realización de un sumario para esclarecer esta situación y buscar las responsabilidades administrativas que correspondan”.
En esa línea, agregan que “la contratación del abogado, Carlos Tello Luza, fue visada técnicamente por la Unidad de Recursos Humanos, quienes deben revisar los antecedentes del personal que se pretende contratar. El abogado prestó un servicio específico que consistió en presentar querellas, y gracias a eso la fiscalía realizó diligencias investigativas en donde la policía incautó los computadores y libros de la secretaría municipal a fin de acreditar los delitos que se investigan. Sin embargo, como municipio nos percatamos de esta situación porque el propio alcalde, en su afán de rigurosidad, solicitó que cada abogado del municipio firmara la inhabilidad específica relativa a la Ley 20.000 atendiendo la denuncia de las redes sociales y fue allí donde nos dimos cuenta de la situación. Cabe señalar y aclarar que para el erario municipal no ha habido perjuicio alguno, pues no se ha concretado ningún pago de los honorarios”.
Insistieron en que “no hay nada que esconder y que la transparencia de la información pública, independiente de la situación, siempre estará por delante”, concluyeron.