“Fue una desprolijidad”: cuestionan video de precandidata replicado en redes sociales de la SUBDERE

El acto de intervencionismo electoral es un término que ha sido objeto de debate en las redes sociales, principalmente en Instagram, tras un incidente ocurrido recientemente en Chile. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, está en el ojo del huracán por haber compartido un video en su cuenta institucional de Instagram. El video fue publicado originalmente por la precandidata a alcaldesa por La Serena, Rayén Pojomovsky, respaldada por el Partido Comunista, y contenía detalles de su candidatura para las próximas primarias de la centroizquierda, que se llevarán a cabo el 9 de junio.

El video en cuestión muestra una reunión que tuvo lugar en Quebrada de Talca, en la que participó Pojomovsky junto con varios parlamentarios, como Daniel Núñez; el jefe regional de la SUBDERE, Bernardo Salinas, quien también es padrastro de Pojomovsky; la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno; jefes de servicio y miembros de la Comunidad Agrícola de Quebrada de Talca. El objetivo de la reunión era discutir soluciones para el abastecimiento de agua potable en la región.

La polémica surgió cuando SUBDERE compartió el video, incluyendo el número de la candidatura de Pojomovsky, en su plataforma institucional. Esto fue interpretado por muchos como un acto de intervencionismo electoral y una falta de probidad. El video, que estuvo publicado en la plataforma durante casi 13 horas, provocó una serie de críticas y cuestionamientos.

En respuesta a las acusaciones, Bernardo Salinas, jefe regional de SUBDERE, negó rotundamente las afirmaciones de intervencionismo electoral. Atribuyó el incidente a un descuido de un profesional de las comunicaciones que recientemente comenzó a trabajar para la institución y afirmó que él mismo no había autorizado la difusión del video. Salinas calificó la situación como «indignante» y afirmó que era «inmoral» e «impresentable» que alguien pensara que las instituciones del Estado se utilizaban para favorecer o perjudicar a una candidatura.

Por su parte, la precandidata a alcaldesa, Rayén Pojomovsky, defendió su campaña y su trabajo como concejala, afirmando que su campaña «responde al trabajo» que ha realizado de manera transparente y responsable durante sus tres años en el cargo. Respecto al hecho de que su video fuera compartido en la plataforma oficial de la SUBDERE, Pojomovsky declaró que esa es una cuestión que debe responder la propia subsecretaría.

El delegado presidencial, Galo Luna, fue consultado sobre el incidente y aunque admitió que desconocía los detalles del mismo, subrayó el compromiso de su oficina con la probidad. Luna hizo referencia a un instructivo de la Contraloría que establece claramente las reglas que los funcionarios públicos deben seguir durante los períodos de campaña electoral. Aseguró que revisarían la situación y que se aclararía prontamente.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de mantener la transparencia y la probidad durante las campañas electorales, así como el papel crucial que desempeñan las instituciones del Estado en garantizar la equidad en el proceso electoral. También destaca la necesidad de un manejo cuidadoso y considerado de las redes sociales y las plataformas de comunicación institucionales para evitar la percepción de parcialidad o la violación de las reglas electorales.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.