Una nueva arista: Priorizarán proyecto que permite acusar constitucionalmente a gobernadores

En medio de las recientes protestas de los trabajadores del gobierno regional, representantes de la Nueva Asociación de Funcionarios del organismo convocaron a varios parlamentarios de la región a un debate para analizar las circunstancias que están experimentando actualmente. Este evento tuvo lugar ayer por la tarde.

Los diputados Víctor Pino y Ricardo Cifuentes, así como el senador Matías Walker, asistieron a la reunión. Allí, se informaron detalladamente sobre las dificultades que han enfrentado en los últimos meses con la gobernadora Krist Naranjo, así como sobre el conflicto surgido con la ANEF.

Manuel Barraza, presidente de la Nueva Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, valoró inicialmente la participación de los legisladores, ya que «pueden sentar un precedente para las futuras autoridades». Este comentario se hizo en referencia a una iniciativa que buscaría acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales, un procedimiento que actualmente no está contemplado en nuestra legislación.

Barraza destacó que «la conclusión más importante es que los parlamentarios están alineados con nosotros y comprenden nuestras propuestas. Somos la voz del gobierno regional, aunque somos una asociación que tiene poco más de un año».

Con respecto a la situación de los trabajadores del Gobierno Regional (GORE), el diputado Ricardo Cifuentes declaró que «aquí no sólo hay una falta de respeto, sino un abuso permanente y sistemático contra las personas. Esto, para los que estamos en política, es la antítesis, es ver el lado oscuro del mundo».

Cifuentes afirmó que «no es posible que una autoridad pase por encima de los derechos de las personas y, sobre todo, de las que trabajan más cerca de ella. Uno conversa con los funcionarios y sale con una amargura terrible».

Además de una gestión deficiente en el GORE, el senador Matías Walker también mencionó el abuso laboral por parte de la gobernadora «que ha sido reparado por la Contraloría y está en conocimiento de los tribunales de justicia. Por eso nosotros, como parlamentarios de la región, no podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo».

En cuanto a la idea de impulsar una iniciativa que permita la acusación constitucional contra los gobernadores regionales, Walker afirmó que «hay varias mociones parlamentarias en la comisión de Constitución que permitirían reactivar esa discusión, que yo creo que es válida, a raíz de lo ocurrido con la gobernadora regional y lo sucedido en otros casos».

El diputado Víctor Pino subrayó que «lo relevante de la conversación que tuvimos es que vamos a reactivar un proyecto que está en la Cámara de Diputados, en la comisión de Constitución, para poder acusar constitucionalmente a los gobernadores».

En su opinión, esto es un tema fundamental «dado no solo la situación por la cual se generaron esos proyectos, que es el ‘caso convenios’, sino también por la falta de gestión, la baja ejecución presupuestaria, la mala administración y los malos tratos al personal».

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.