Según publicaciones de prensa del 4 de enero de 2023, la alcaldesa de Ñuñoa pidió invalidar la resolución exenta del 14/11/2022 emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo de la Administración que consideró que el discutido proyecto de la empresa Fundamenta de 4 torres de treinta y tantos pisos en la esquina de las avenidas Irarrázaval y Américo Vespucio, había cumplido la regulación ad hoc, ello a pesar de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la región metropolitana de Santiago, con fecha 04/04/2022, había rechazado la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La alcaldesa sostiene, con fundados argumentos técnicos, que este invasivo proyecto generará un fuerte impacto negativo por la sombra producida en los inmuebles existentes colindantes con el terreno del proyecto. Obviamente los titulares del negocio la desmienten, aludiendo a que la institucionalidad ya había aprobado esta inversión de 300 millones de dólares.

En razón a que los lectores de este medio de prensa deben conocer bien el desarrollo de los hechos, asunto vital en este conflicto, expresamos lo siguiente para así se saquen las indispensables correctas conclusiones:

Desde hace unos cuantos años, debido a que las normas urbanísticas contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Ñuñoa eran muy permisivas, el municipio adoptó la decisión de modificarlo, restringiéndolas, buscando que la altura máxima de los edificios para ciertos sectores, uno de los cuales es el de este proyecto, fuera de 15 pisos, lo que quedó reflejado en ese instrumento con fecha 30 de agosto de 2019, con su publicación en el Diario Oficial.

Para evitar que algunos inversionistas, con información privilegiada, solicitaran permisos, acogiéndose a las libertinas condiciones que se iban a derogar, durante el periodo 30/08/2018 y 30/08/2019, estuvo vigente un congelamiento de ese tipo de actos administrativos.

Pues bien, el 12/10/2018 el director de obras municipales (DOM) subrogante, Patricio Reyes, otorga a las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A. el permiso de edificación N° 296 para construir 4 edificios de 32 pisos c/u en un terreno que enfrenta las vías Américo Vespucio, Irarrázaval y Juan Sabaj. Tres de esas torres para 1.752 departamentos DFL2 y una para 198 oficinas, más 24 locales comerciales y 1.928 estacionamientos, en donde se menciona que es libre (sic) la altura de esos edificios y que el proyecto se acoge a los beneficios que brinda la figura de los Conjuntos Armónicos.

Llama la atención que ese funcionario público omita la fecha de la solicitud del permiso y que escriba en el formulario del mismo que la DIA respectiva se exigirá solo para la recepción final del proyecto, es decir, desconociendo que esa DIA aprobada se requiere para el inicio de las obras del proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), demostrando con ello una supina ignorancia. Asimismo nada dice del estudio de los conos de sombra que él tenía la obligación de revisar, ya que desde el año 2007 es obligación, por DDU 80-2007 del Minvu, que los DOM deben examinar y aprobar los cálculos de los esos estudios para que la sombra no supere la misma del volumen teórico edificable en el mismo predio.

Según documentación que nos entregaron organizaciones sociales de Ñuñoa, tenemos que: 

-el 29/09/2016 Plaza Egaña SpA y Metro S.A. solicitan con N° 604/16 a la DOM de Ñuñoa una aprobación de anteproyecto de edificación.

-el 14/11/2017 Plaza Egaña SpA y Metro S.A. solicitan con N° 653 a la DOM de Ñuñoa otra aprobación de anteproyecto de edificación.

-el 08/05/2017 Plaza Egaña SpA y Metro S.A. obtienen la resolución de aprobación de anteproyecto de edificación N° 48-2017 por 24, 26 y 28 pisos, documento oficial que en otra parte indica de manera absolutamente incoherente que los 4 edificios son de 30 pisos. Esta errónea resolución fue firmada por el DOM, Carlos Frías, funcionario que tiempo después fue destituido de esa función municipal por otras razones.

-el 28/09/2017 el DOM (S), Patricio Reyes, mediante Resolución N° 199, «corrige» la resolución anterior debido a ciertas modificaciones, una de las cuales se refiere a la altura de los edificios, la que se proyectaba entre 24, 26 y 28 pisos, afirmando ahora que los edificios tendrán 30 pisos cada uno.

-el 20/04/2018 el DOM (S), Patricio Reyes, mediante Resolución N° 14-2018 aprueba otro anteproyecto de edificación por las mismas 4 torres.

Con motivo de la omisión reflejada en el permiso de edificación, respecto de la fecha de su solicitud, podemos decir que, gracias a la información que hemos recibido de los vecinos de Ñuñoa, su fecha es el 25/04/2018 y a la luz de los artículos 1.4.9 y 1.4.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que establecen plazos fijos perentorios para la tramitación de este tipo de actos, se evidencia que en la tramitación de los mismos se vulneró dicha OGUC.

El 11/04/2022 solicitamos hablar por teléfono con Carmen Vicuña, gerenta general de Frontal Trust, empresa experta en manejar fondos de inversión, aportante del capital, con Fundamenta, para esta obra de construcción, con la idea de explicarle a ella cómo se calculan los conos de sombra que producen estos edificios aislados, documento gráfico que, por decisión de ella, finalmente recibió su especialista William Díaz.

Esta misma información, con los profesionales de la fundación Defendamos la Ciudad, se había entregado con anterioridad en distintas fechas a la Contraloría General de la República, Cámara Chilena de la Construcción y al propio Minvu. En nuestro mail dirigido al representante de Frontal Trust le decíamos que lo más prudente para continuar con las obras del proyecto paralizado era acogerse a las normas de altura del PRC vigente. Está claro que, con el beneficio del Conjunto Armónico, los 4 edificios podrían alcanzar los 19 pisos c/u, propuesta que, con su falta de respuesta, se entendió que no fue acogida.

Hace algunas semanas, la empresa titular del proyecto, imprudentemente informó a la prensa que recusó al juez Sergio Muñoz, miembro de la 3a. Sala de la Corte Suprema, porque una hija abogada y jueza de éste, lo habría aludido en una conversación con una empleada de la inmobiliaria, solicitándole devolución del dinero adelantado por la compra de 2 departamentos, habida cuenta que el proyecto no se estaba ejecutando.

Según nuestro criterio, esa simplista acusación excesivamente cubierta por la prensa, carece de todo valor debido a que son comentarios de pasillo y, en todo caso, por ello, los abogados Raúl Tavolari, Rodrigo Benítez, Carlo Sepúlveda y Edesio Carrasco renunciaron al patrocinio y poder que les fue conferido por Plaza Egaña SpA, para este polémico proyecto, lo que se aprecia en esta información.   

Demostrando su afán mercantilista para distorsionar los hechos y así proteger los intereses empresariales, el diario La Tercera publica que la empresa «cambió de abogados» (sic), dando a entender sibilinamente a sus lectores que ellos no renunciaron.

Conclusión 

Aunque pudiera parecer contradictorio, este columnista declara que tiene una muy buena opinión del arquitecto del proyecto y la mencionada y frágil recusación en contra del competente y probo juez Sergio Muñoz fue interpuesta por el abogado Marco Antonio Fuentes.

Los 5 magistrados de esta sala próximamente tendrán que emitir un fallo, estando seguros que la sentencia definitiva recogerá todos los sucesos acaecidos desde que se iniciaron los trámites.

La pregunta final es: ¿con un correcto estudio de sombras, cuáles podrían ser las alturas de las susodichas torres?   

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.