Familiares de personas privadas de la libertad y organismos de derechos humanos denunciaron una represión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) contra detenidos alojados en el sector A3 del Instituto 4 del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Según indicaron, entre los afectados se encuentran Eneas Gallo, a quien consideran un preso político, y otras decenas de internos.
De acuerdo con la denuncia, durante la tarde del sábado los detenidos fueron atacados con gas pimienta y gases lacrimógenos luego de organizarse para reclamar respuestas ante las condiciones de vida dentro del nuevo sector. Las familias sostuvieron que el SPF desatendió tanto los planteos de los internos como las presentaciones realizadas ante la Procuración Penitenciaria y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
Gallo y Milton Tolomeo, también alojado en Marcos Paz, permanecen detenidos desde que participaron en febrero de una movilización al Congreso contra la reforma laboral. Sus allegados afirman que ambos fueron víctimas de espionaje ilegal y que la causa judicial en su contra fue armada por el Gobierno de Javier Milei y el fiscal federal Carlos Stornelli.
Antes de su traslado a Marcos Paz, Tolomeo estuvo cerca de dos meses en el penal de Ezeiza bajo custodia del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar). Durante ese período, escribió una carta en la que denunció malos tratos y definió al lugar como un “Guantánamo en Ezeiza”.
La semana pasada, Gallo y Tolomeo fueron trasladados de manera intempestiva al sector recientemente inaugurado en Marcos Paz, destinado a recibir a parte de la población carcelaria proveniente del penal federal de Villa Devoto. Ese traslado se produjo tras un acuerdo entre el Gobierno nacional y Jorge Macri, según el artículo original.
Familiares, amistades y organizaciones solidarias ya habían advertido sobre presuntas irregularidades en las condiciones de detención y vulneraciones de derechos de las personas derivadas a ese sector. En ese contexto, los denunciantes señalaron que los internos enfrentan condiciones de vida inhumanas y que la intervención del SPF formaría parte de una política más amplia.
Según la información difundida por las familias, la mayoría de los detenidos trasladados desde Devoto lleva días con la misma ropa, recibe una alimentación considerada deficiente y consume agua que, aseguran, no sería apta para el consumo humano. También cuestionaron restricciones impuestas en el nuevo complejo por orden del Ministerio de “Seguridad Nacional”, conducido por Alejandra Monteoliva.
Durante el fin de semana, los familiares manifestaron preocupación por la falta de información sobre la situación de salud de las personas reprimidas y por la posibilidad de que el operativo se extendiera a sectores cercanos. Un interno habría informado que en el Sector D también se registraba resistencia, ante lo que describió como condiciones degradantes de detención.
El comunicado de las familias de Gallo y Tolomeo reclamó el cese inmediato de la represión, garantías para la integridad física de todas las personas detenidas, información urgente sobre su estado de salud y el cumplimiento efectivo de sus derechos.
El viernes previo, distintos sectores participaron en la Ciudad de Buenos Aires de una reunión en defensa de las libertades democráticas y contra la represión estatal. Del encuentro participaron referentes del Hospital Garrahan, Subte, GPS-Aerolíneas Argentinas, la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs, Fate, el Hospital Italiano, sindicatos, organizaciones políticas y organismos de derechos humanos. Allí se debatió la elaboración de un plan de acción unitario.
La causa contra Tolomeo y Gallo fue elevada a juicio, aunque todavía no tiene fecha. Ambos están acusados de “intimidación pública”, “atentado y resistencia a la autoridad” y “tenencia de material incendiario”. Tras el cierre de la instrucción, el fiscal Stornelli solicitó además que sean juzgados por “terrorismo”, un agravante que, según se indicó, podría duplicar las penas.