Vuelos internacionales y modernización: El detalle de obras que iniciarán en agosto en aeródromo La Florida

El pasado domingo, la pasajera Carmen Melo experimentó una situación angustiante mientras viajaba en el vuelo 464 de SKY que partió de Santiago a las 17:30 horas con destino a La Serena. Sin embargo, el avión no pudo aterrizar en la ciudad de destino debido a la densa neblina, lo que provocó que la aeronave regresara a Santiago.

El vuelo, que debía llegar a La Serena a las 18:30 horas, retornó a la capital a las 19:30 horas. El capitán de la nave anunció que volverían a cargar combustible con la intención de retomar el vuelo, afirmando que las condiciones climáticas de la ruta habían mejorado.

Lamentablemente, la situación empeoró cuando el avión intentó aterrizar en La Serena alrededor de las 21:30 horas pero no logró hacerlo. «Trató de aterrizar pero no pudo, momento en que se elevó y dijo ‘vamos en dirección a Iquique'», recordó Carmen. Lo que siguió fue una serie de confusión y angustia para los pasajeros.

El capitán explicó que el vuelo, cuyo destino final era Iquique, incluía una escala en La Serena. Sin embargo, no se proporcionó una explicación clara sobre qué pasaría si el avión no podía aterrizar nuevamente en La Serena. «Cuando el piloto dijo que íbamos al norte, todos pensamos que luego de ello retornaríamos al menos a Santiago», afirmó Carmen.

Cuando finalmente llegaron a Iquique a las 23:30 horas, se les informó a los pasajeros que tenían que bajar del avión, ya que había un vuelo lleno con 165 personas con destino a Santiago. «En eso, señalaron que no tenían hoteles para nosotros y que hiciéramos las gestiones para reembolsar. Tampoco asignaron transporte para desplazarnos con seguridad», denunció Carmen.

Ante la falta de soluciones claras, 85 pasajeros que tenían como destino final La Serena y Coquimbo decidieron no bajarse del avión hasta recibir información sobre cuándo y en qué vuelo podrían regresar. «Uno miraba las aerolíneas y los vuelos para el día lunes estaban copados», explicó Carmen.

Cerca de las 2 de la madrugada, los pasajeros fueron informados de que había un vuelo programado para el día siguiente a las 12:15 hacia La Serena. Esto implicaba que tendrían que pasar la noche en el aeropuerto. «Llegamos ese lunes a las 14:30 y tuvimos que dormir en el aeropuerto todos, las 85 personas», lamentó Carmen.

Esta situación, aunque desafortunada, se ha vuelto cada vez más común para muchos pasajeros, particularmente durante los meses de frío. Cada vez que ocurren incidentes como este, se reabre el debate sobre la necesidad de modernizar el actual aeropuerto o insistir en la construcción de una nueva terminal en otro lugar, como Tongoy.

En una entrevista reciente con Diario El Día, la ministra del MOP, Jessica López, confirmó que las obras preliminares para la modernización del aeródromo La Florida comenzarán durante el segundo semestre de este año. La idea de una terminal aérea en Tongoy «no es una posibilidad en carpeta», afirmó la ministra.

La ministra explicó que «de aquí a 10 años vamos a remodelar ese aeropuerto, agrandando y mejorando su acceso, por lo tanto se quedará ahí. Sin embargo, en la zona sur de Coquimbo el desarrollo inmobiliario es tal que eventualmente se podría generar la demanda de construir un segundo aeropuerto, que podría ser local, en Tongoy o en otra zona».

Por su parte, Javier Sandoval, seremi del MOP, sostuvo que la ampliación del aeródromo tendrá su fecha clave el próximo 15 de agosto. En esa fecha, la concesionaria presentará a la DGAC la propuesta de iniciación de obras. La concesionaria tendrá entonces 15 días para pronunciarse al respecto, teniendo en cuenta todos los requisitos administrativos y ambientales necesarios. Por lo tanto, el inicio de las obras debería comenzar como plazo máximo el 29 de agosto de 2024.

Además, la empresa ya está realizando la instalación de faenas y levantando los cercos del área concesionada. Sobre las obras propiamente tal, el seremi destacó que «lo que más destaca es que se aumentará el tamaño de la terminal de pasajeros, pasando de 4.800 m2 a 13.500 m2, un edificio en dos pisos y nuevos estacionamientos. Además, se contará con dos puentes de embarque y esta terminal quedará habilitada para realizar vuelos internacionales, ya que tendrá instalaciones para la PDI, Aduanas y el SAG».

La nueva concesión, la tercera del recinto, en su fase de construcción contempla la contratación de 250 personas y será ejecutada por el “Consorcio Aeropuerto IV Región”, integrado por las empresas Cointer Chile S.A y Concesiones Coquimbo SpA. El titular tiene un plazo variable máximo de explotación y operación de 260 meses (21 años y 8 meses) e inyectará una inversión de US$59 millones.

Las futuras obras y estructuras consideran también edificios clave en el funcionamiento del aeropuerto como una subestación eléctrica aeronáutica, caseta de control de acceso a instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, estaciones de transmisores, estaciones de receptores, instalación de combustible terrestre, puesto de inspección de carga y puesto de control de acceso a sector carga, además de suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos de generación de electricidad.

Para Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial de la Región de Coquimbo, la remodelación del recinto es un paso fundamental para impulsar la actividad turística y comercial en la región. “En el caso de que se concrete la ampliación, pasaría a ser aeropuerto, que es lo que nos han comentado las autoridades, donde nos han informado que aumentaría la cantidad de metros cuadrados del edificio principal, y en segundo lugar crecería la pista, llegando a los 2.200 metros. Esa es la información que tenemos hasta ahora”, aseguró. A su juicio, “se hace imprescindible para la región mejorar las condiciones del aeródromo, y ojalá se transforme pronto en un aeropuerto”, puntualizó. Además, el turismo se vería beneficiado con un aeropuerto de mayor envergadura, “con todas las condiciones para recibir una mayor cantidad de vuelos, y también de usuarios”.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.