Personajes federales

El asesinato del gobernador bonaerensea manos de los unitarios en 1828 es uno de los episodios más negados por la historiografía oficial. Militar de carrera, de carácter indómito, ejerció también el periodismo, y se opuso al centralismo porteño de Pueyrredón y Rivadavia.

Por Pablo A. Vázquez*

El calor sofocante, una pampa árida y la esperanza perdida en la llanura de Navarro de aquel 13 de diciembre de 1828 son las imágenes que acompañaron al gobernador Manuel Dorrego a su final, con la chaqueta de sus enemigos y la incertidumbre de pensar en su destino ante el pelotón de fusilamiento.

Las intrigas políticas que precipitaron la decisión del general Juan Lavalle y los disparos que segaron la vida del ilustre tribuno marcaron el drama argentino como ningún otro acontecimiento en nuestra historia. ¿Quién fue este hombre que generó tantas pasiones encontradas y que fue símbolo de nuestra emancipación?

Político y militar argentino, nacido en Buenos Aires el 11 de junio de 1787, Dorrego cursó estudios en el Real Colegio de San Carlos, continuándolos en Santiago de Chile, donde participó en el movimiento revolucionario y emancipador de 1810.

Este mismo año llegó a Buenos Aires y fue destinado al ejército del Alto Perú. Combatió en Suipacha, en Nazareno, en Tucumán y en Salta (junto a Manuel Belgrano) demostrando su valentía y carisma al mando de la infantería. Por indisciplina fue separado de la milicia para ser reincorporado poco después. En 1814, pasó al ejército que operaba en la Banda Oriental, y participó en la batalla de Guayabos frente a las fuerzas de Artigas.

De regreso a Buenos Aires se dedicó al periodismo y se opuso a la política del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón por lo que fue desterrado en 1816. Su carácter indómito, sarcástico y extrovertido le jugó malas pasadas con sus superiores. El propio general Manuel Belgrano receló de sus actitudes y burlas casi crueles, pero siempre reconoció su coraje y predisposición para la batalla, al punto de sentenciar que las derrotas que sufrió las hubiese evitado de haber contado con la compañía de Dorrego.

Residió en las Antillas y en los Estados Unidos, donde se sintió atraído por las bondades del régimen democrático y federal. Regresó al país en 1820 y, en ese convulsionado año, asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires durante un breve período, entre los ataques de López, Alvear y Carrera, ante una Buenos Aires que incumplió sus compromisos luego de Cepeda y el tratado del Pilar. Tuvo cargo militar y un nuevo exilio en Montevideo, ante la desconfianza del gobernador bonaerense Martín Rodríguez. Viajó luego por las provincias del interior y a la naciente Bolivia, tratando de sumar experiencia y contactos políticos, para regresar en 1823.

Al tiempo fue nombrado miembro de la legislatura y luego del Congreso Nacional donde defendió la causa del federalismo. Su oratoria y su estilo fogoso lo convirtieron en el ídolo de la plebe urbana de Buenos Aires y en la principal figura del Partido Federal porteño.

Manuel Dorrego, “el coronel del pueblo”, como lo llamaban sus partidarios, se opuso al proyecto constitucional rivadaviano de 1826, el cual desconocía la voluntad general de las provincias. Además, en su artículo 6º, se negaba el derecho de voto a los menores de 20 años, analfabetos, deudores fallidos, deudores del tesoro público, dementes, notoriamente vagos, criminales con pena corporal o infamante, y a los “criados a sueldo, peones jornaleros y soldadas de línea”.

Sostuvo: “Échese la vista sobre nuestro país pobre: véase qué proporción hay entre domésticos y asalariados y jornaleros y las demás clases, y se advertirá quienes van a tomar parte en las elecciones. Excluyéndose las clases que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país, tal vez no exceda de la vigésima parte (…) ¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad pero que no puedan tomar parte en las elecciones?” (…) “Yo digo que el que es capitalista no tiene independencia, como tienen asuntos y negocios quedan más dependientes del Gobierno que nadie. A esos es a quienes deberían ponerse trabas (…) Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces ¿quiénes quedarían? Un corto número de comerciantes y capitalistas”.

Y señaló a la bancada unitaria de forma acusatoria: “He aquí la aristocracia del dinero y si esto es así podría ponerse en giro la suerte del país y marcarse (…) Sería fácil influir en las elecciones; porque no es fácil influir en la generosidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas. Y en ese caso, hablemos claro: ¡el que formaría la elección sería el Banco!”. Los unitarios impusieron su Constitución, pero el interior la rechazó en bloque.

El 3 de agosto de 1827 fue elegido nuevamente como gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires y encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Firmó la paz con Brasil sobre la base de la independencia de Uruguay.

Concluida la guerra, hizo llamar al ejército de Montevideo, pero al llegar el batallón al mando del general Juan Lavalle, éste puso sitio a la fortaleza de Buenos Aires, influenciado por algunos políticos del Partido Unitario, y protagonizó un golpe contra el gobierno legítimo del futuro mártir.

Lily Sosa de Newton, en Dorrego (1967), afirmó: “Todo está preparado para el estallido. Sólo falta combinar los últimos detalles y con esta finalidad el comité unitario se reúne en la noche del 30 de noviembre en una casa de la calle Parque, en la actualidad Lavalle, entre San Martín y Reconquista. Preside el cónclave el doctor Julián Segundo de Agüero. Uno de los pasos propuestos es el apresamiento de Rosas para ser fusilado en el patio de su propia casa, pero Lavalle exclama fastidiado: ‘¡Eso sería una canallada!’ Por los sucesos posteriores, se sabe que también la muerte de Dorrego queda decidida. Cuando está todo planeado para la madrugada siguiente, los jefes militares que asisten a la reunión montan en sus caballos y se dirigen a sus respectivos cuarteles”.

Rosas intentó un último recurso para convencer a Dorrego de la gravedad de la situación. Son tantos los avisos que recibe Dorrego, que resuelve poner fin a los rumores conversando con el propio Lavalle. Envía entonces a su edecán, el coronel Bernardo Castañón, en busca de aquél. Son las tres de la mañana del 1° de diciembre. Castañón cumple su cometido, intimando a Lavalle que se presente en el Fuerte. El jefe militar, que tiene sus tropas listas para actuar, le responde altivamente: “Dígale que dentro de dos horas iré, pero a arrojarlo de un puesto que no merece ocupar”.

Aconsejado por Juan Manuel de Rosas que recurriese a las tropas de López en Santa Fe, fue a la campaña que le era adicta y en poco tiempo armó un ejército leal pero débil. Lavalle marchó contra él y lo derrotó; escapó nuevamente, pero fue traicionado por algunos de sus subalternos.

Capturado por Lavalle, fue sentenciado a muerte y fusilado el 13 de diciembre de 1828. Su carta de despedida a su esposa sintetiza la patética situación y su entereza final: Mi querida Angelita: En este momento me intiman que dentro de una hora debo morir; ignoro por qué; más la Providencia divina, en la cual confió en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas, sé feliz, ya que no has podido ser en compañía del desgraciado M. Dorrego”.

La intolerancia triunfó. Su asesinato afectó a unitarios y federales por igual, hasta el propio Lavalle sintió el peso de su mala decisión sobre sus hombros hasta el fin de sus días. Quizás, con él vivo, la organización de nuestra Nación hubiese tomado otros caminos de entendimiento y proyectos compartidos por ambos bandos. Republicano y democrático, su figura se eleva como símbolo de lucha y entrega por el pueblo, el cual debe tomarlo como bandera para su redención ante los poderosos.

*Lic. en Ciencia Política; docente de la UCES; secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.