Principales organizaciones empresariales se reúnen para analizar el escenario regional

Recientemente, un encuentro de dirigentes empresariales de la región de Coquimbo se llevó a cabo en La Serena, convocado por la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), con el objetivo de discutir los desafíos y la situación general de la región.

Entre los asuntos más destacados del encuentro estaban la necesidad de una estrategia hídrica regional, las dificultades de la infraestructura pública, los problemas derivados de la “permisología” y los efectos previstos de la subida de los costos de la energía. Cada uno de estos temas se discutió desde la perspectiva de los diferentes sectores productivos, con el objetivo de esbozar acciones colaborativas.

El encuentro contó con la presencia de destacados líderes empresariales de la región, entre ellos, Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial Regional; Paola Botto, presidenta de la Corporación Minera de Coquimbo (CORMINCO); Arturo Castillo y Carlos Méndez, presidente y vicepresidente de la Asociación de Industriales de Coquimbo (ASOINCO), respectivamente; Mauricio Araya, vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) en la región de Coquimbo; Daniela Norambuena, gerente de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN); Osciel Velázquez, presidente de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) y de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA), así como Francisco Puga, presidente de CIDERE Coquimbo.

Uno de los temas más urgentes que se discutió fue la necesidad de mejoras en la ruta 5 Norte, incluyendo la solución del corte en la salida norte de La Serena (relacionado con el sitio arqueológico El Olivar) y la anunciada circunvalación para la conurbación Coquimbo – La Serena. También se destacó la importancia de una ampliación del aeropuerto La Florida.

Otro punto crucial fue la necesidad de una estrategia público-privada para enfrentar problemas como el abastecimiento hídrico, la instalación de plantas desaladoras y los obstáculos a la inversión privada derivados de la excesiva regulación, un problema conocido como “permisología”.

La creación de áreas marinas protegidas sin los necesarios procesos de participación fue otro tema que se discutió, junto con las consecuencias que esto podría tener para el futuro de la pesca, la minería y la actividad portuaria. Además, se abordaron las preocupaciones sobre el futuro del paso de Agua Negra y las conexiones e intercambios de la región de Coquimbo con la provincia de San Juan en Argentina.

También se discutieron las inquietudes sobre la esperada reactivación económica, el aumento de los impuestos a las empresas y de los costos básicos, como la energía, la baja adquisición de viviendas, y el impacto de la inseguridad ciudadana y el narcotráfico.

Los participantes se comprometieron a compartir información y estudios relevantes para las contrapartes y expresaron su voluntad de trabajar colaborativamente para contribuir desde el sector privado a la identificación y resolución de problemas clave e impulsar el desarrollo económico y social de la región.

Además, se acordó continuar con estas reuniones de manera periódica, con la próxima programada para el martes 6 de agosto.

Este encuentro, y los temas que se trataron en él, subrayan el compromiso de los empresarios de Coquimbo para trabajar juntos y colaborar en la solución de los problemas que afectan a la región. A medida que avanzan en este camino, es probable que se enfrenten a más desafíos, pero también a oportunidades para impulsar el desarrollo económico y social de la región.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.