La reciente controversia por la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario para los integrantes del Tren de Aragua por el tribunal de Los Vilos, ha vuelto a poner el foco en la debilidad y la sobrecarga de trabajo en el sistema judicial chileno. La decisión, que fue facilitada por la falta de información sobre el caso de parte de un abogado asistente que participó en la audiencia, ha levantado preguntas sobre la eficacia y eficiencia del sistema judicial en el país.
El fiscal regional, Patricio Cooper, había señalado anteriormente que cada fiscal tenía al menos 2 mil carpetas investigativas a su cargo, un hecho que resalta la necesidad de reformas. En respuesta a esto, Cooper ha estado trabajando en iniciativas como la Bitácora Web y la Fiscalía de Flagrancia de la Macrozona Norte para ayudar a aliviar la carga de trabajo de los fiscales y permitirles dedicar más tiempo a sus casos.
Adrián Vega, ex fiscal regional hasta principios de este año, también ha señalado la falta de fiscales, especialmente en las fiscalías unipersonales y en la de Los Vilos. Esta última ha experimentado un constante aumento en los casos relacionados con el tráfico de drogas y los narcocultivos, incluyendo el caso del Tren de Aragua. Este déficit de personal ha llevado a priorizar casos y a veces no se puede enfrentar todas las audiencias.
En relación al abogado asistente que participó en la audiencia del Tren de Aragua, Vega señaló que la determinación de su papel en el caso deberá ser llevada a cabo por las instancias administrativas correspondientes. Destacó la importancia de tomarse el tiempo necesario para ordenar las ideas y revisar los antecedentes en casos complejos y extensos. En su opinión, esta pausa o reflexión fue lo que faltó en el caso del Tren de Aragua.
El senador Matías Walker ha subrayado la necesidad de fortalecer la Fiscalía. Actualmente, en la comisión de Constitución de la Cámara Alta se está discutiendo un proyecto para fortalecer el Ministerio Público, que ya fue aprobado en general. Walker destacó que no se puede tener a tantas comunas como Los Vilos con un solo fiscal. Pidió que se hagan efectivas las responsabilidades y se necesitan fiscales más y mejor preparados.
Walker también mencionó un proyecto de ley presentado recientemente para obligar al juez de garantía a decretar la prisión preventiva en casos de presunciones fundadas de pertenencia a una banda de crimen organizado, y a no aceptar la libertad bajo fianza. Según él, esto es crucial ya que la libertad bajo fianza finalmente se paga con dinero proveniente del narcotráfico.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida destacó que la situación en el Juzgado de Los Vilos, donde un abogado llevaba cinco meses en el cargo sin un fiscal titular, es indicativa de la necesidad de fortalecer al Ministerio Público. Según él, la realidad delictual en Chile ha cambiado debido al crimen organizado.
Fuenzalida también mencionó que, en su momento, él pidió un incremento del 2% en la Ley de Presupuestos y demandó más recursos para el Ministerio Público. Sin embargo, señaló que el actual gobierno sigue actuando como si la realidad del país fuera la misma que en 2018.
El diputado Victor Pino sugirió que el gobierno debería considerar un incremento en el presupuesto para el Ministerio Público para el próximo año. Según él, la fiscalía desempeña un papel crucial en la lucha contra la delincuencia y resulta inaceptable que una fiscalía que esté investigando casos de narcotráfico y crimen organizado tenga solo un fiscal a cargo.
Finalmente, el diputado Marco Antonio Sulantay envió un oficio al Ministerio Público solicitando información detallada y acciones concretas en relación a la audiencia en Los Vilos, marcada por la ausencia del fiscal titular. Pidió conocer los motivos específicos de las ausencias de los fiscales titulares, el tiempo de anticipación con que el abogado adjunto fue asignado a la audiencia y una explicación clara sobre el sistema de asignaciones de causas y suplencias en estos casos.