La reciente controversia en torno a una audiencia en la que se redujo la medida cautelar a cinco miembros de la banda criminal Tren de Aragua, presuntamente responsables del secuestro de un comerciante en Pichidangui en diciembre de 2023, ha sacudido el sistema judicial chileno. En la audiencia, celebrada el pasado lunes 3 de junio, se estableció una fianza de 5 millones de pesos para que los cinco acusados permanecieran en arresto domiciliario, con la obligación de firmar mensualmente y quedarse dentro del país.
Según la jueza de Garantía, Daniella Pinto, el cambio en las medidas cautelares se debió a que el abogado asistente del Ministerio Público, Luis Soto, no justificó adecuadamente las razones para mantener a los acusados en prisión. La resolución ha provocado un estado de incertidumbre en el caso, ya que a pesar de haber sido revertida por la Corte de Apelaciones de La Serena, la liberación de los acusados ya se había concretado.
Ante la crítica situación, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, asumió la responsabilidad por los errores cometidos por la fiscalía de Los Vilos y anunció una investigación administrativa. Esta medida, según Cooper, tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de las directrices previamente enviadas para la adecuada preparación de la audiencia por parte de fiscales y abogados asistentes.
El abogado penalista y máster en Derecho Penal, José Riquelme, sugiere que esta investigación debería centrarse en tres ejes principales. En primer lugar, por qué Luis Soto asistió a una audiencia tan importante y no el fiscal instructor del caso. En segundo lugar, se plantea un tema que sugiere que Soto había recibido recientemente el expediente de investigación y no estaba completamente preparado para la audiencia. Finalmente, se cuestiona por qué el abogado no utilizó su facultad procesal de apelar en la misma audiencia, lo que habría mantenido a los acusados en prisión a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones.
Además, el caso ha tomado un nuevo giro. El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que además de la investigación administrativa, se llevará a cabo una investigación penal en paralelo. El fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, será el encargado de la investigación.
En medio de esta situación, las críticas apuntan a Luis Soto Pérez, uno de los dos abogados asistentes de la fiscalía de Los Vilos. Según el Registro de Abogados del Poder Judicial, Soto se graduó en la Universidad Central en agosto de 2020. Tras ganar un concurso público, ingresó al Ministerio Público el 8 de enero de 2024 como abogado asistente de fiscal, por lo que al momento de la polémica audiencia sólo llevaba cinco meses en el cargo.
En una entrevista con Radio Agricultura, el fiscal nacional especuló sobre posibles amenazas que el abogado asistente podría haber recibido. Valencia sugirió que Soto «podría haber sido víctima de amenazas para actuar de esa manera» en la audiencia de revisión de medidas cautelares, y pidió «no prejuzgar».
Aún quedan dos miembros del Tren de Aragua prófugos de la justicia. Tras la entrega voluntaria de Franyoferid T.T., ciudadano venezolano, en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Los Vilos, y de Jordan S. en la Cuarta Comisaría de Santiago, la búsqueda de los dos restantes continúa. Jordan S. se presentó en la comisaría acompañado de su abogado, Franco Navarrete, tras enterarse de la orden de detención en su contra.