El abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos, Luis Soto, fue despedido después de un incidente en una audiencia de revisión de medidas cautelares que involucraba a cinco miembros del Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal. Soto, quien se desempeñó en la fiscalía hasta el 30 de junio, fue criticado por no tener suficientes antecedentes para refutar los argumentos de los defensores de los acusados.
La jueza de garantía, Daniella Pinto, mostró su exasperación con la situación, calificándola de «impresentable». Posteriormente, Pinto aceptó los argumentos de las defensas, permitiendo la liberación de los acusados a cambio de medidas cautelares de menor intensidad y el pago de una fianza de cinco millones de pesos.
Pese a que la medida se revocó más tarde, dos de los cinco acusados continúan prófugos. En respuesta a los acontecimientos, se inició una investigación penal en contra de Luis Soto Muñoz, que quedó a cargo del fiscal regional de Atacama, Alex Rogat. La fiscalía de Atacama ha evitado hacer comentarios sobre la investigación en curso.
Manuel Muñoz, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Occidente (ASFFRO), se ha hecho cargo de la representación de Soto. Muñoz ha asegurado que la ASFFRO continuará apoyando a Soto, a pesar de que su contrato no fue renovado.
Según Muñoz, hay dos investigaciones en curso contra Soto. Mientras que la primera busca determinar las responsabilidades administrativas de Soto, la segunda está centrada en averiguar si Soto fue amenazado o presionado por el cartel de Aragua. Muñoz también expresó su desacuerdo con que Soto sea investigado bajo la figura de imputado.
Además, Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, mencionó que el caso de Soto resalta la sobrecarga de las fiscalías unipersonales. De acuerdo con ella, estas fiscalías cuentan con un solo fiscal y uno o dos abogados más, y desde 2015, los abogados asistentes pueden subrogar a un fiscal e ir a audiencia, asumiendo una gran responsabilidad.
Ruiz sostiene que los periodos de inducción en el Ministerio Público son largos, lo cual, sumado a la escasez de personal, puede generar situaciones como la de Soto. Asegura que la capacitación para conocer a fondo el trabajo del Ministerio Público puede tomar de 6 meses a un año, debido a la gran cantidad de tecnicismos que se usan para defender las pruebas ante jueces y abogados defensores.
En cuanto a la investigación penal, la Policía de Investigaciones ha llevado a cabo una serie de diligencias, como la revisión de las cuentas bancarias y los teléfonos de Soto. A pesar de que la ASFFRO no tiene injerencia en la investigación penal, Muñoz aseguró que su abogado está asesorando a Soto en ambos casos.
El caso de Soto ha provocado un profundo impacto, no solo por sus implicaciones legales, sino también por las preguntas que ha planteado sobre la sobrecarga de trabajo y la formación de los profesionales en el Ministerio Público. En este sentido, es un claro ejemplo de las tensiones y desafíos que enfrentan las fiscalías en su labor diaria.
