El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha confirmado una investigación penal en el caso de la polémica audiencia en la que se rebajó la medida cautelar a cinco miembros del Tren de Aragua. Esta decisión se produce en medio de intensos cuestionamientos y no descarta que el fiscal que participó en la audiencia haya recibido amenazas.
La investigación penal se llevará a cabo en paralelo con una investigación administrativa para analizar lo ocurrido durante la audiencia de cautelares de los miembros del Tren de Aragua. El Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat, ha sido designado para liderar esta indagatoria, según lo anunciado en un comunicado de prensa.
La decisión de iniciar la investigación penal se basó en los antecedentes recabados y un oficio enviado por el Fiscal Regional de Coquimbo. Además, se ha hecho una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos que podrían constituir un delito ocurridos en la audiencia del 3 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos.
El Fiscal Regional de Atacama ha sido designado para dirigir la investigación penal y otorgar protección a las víctimas y testigos si fuera necesario. Esta medida se suma a la investigación administrativa ya iniciada.
En una entrevista con Agricultura, el fiscal Valencia teorizó sobre posibles amenazas que el fiscal que estuvo en la audiencia podría haber recibido. También destacó que, actualmente, los fiscales y profesionales en todo Chile están exponiendo su integridad física y hasta su vida para perseguir el crimen organizado.
El jefe del Ministerio Público advirtió que la función de fiscal es cada vez más peligrosa y que trabajar en la Fiscalía es más riesgoso que antes. En este contexto, pidió no prejuzgar al fiscal que llevó a cabo la audiencia, sugiriendo que este podría haber sido víctima de amenazas para actuar de la manera en que lo hizo.
Los delincuentes acusados de secuestro agravado, asociación ilícita y robo con intimidación fueron dejados en libertad tras una revisión de medidas cautelares. En la instancia les fue otorgada una rebaja, por lo que quedaron con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos.
Esta decisión fue tomada por la jueza de garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, tras un error de fiscalía que generó críticas desde todos los sectores políticos. El fiscal Valencia señaló que, pese a todo lo actuado, el tribunal también pudo haber resuelto de manera diferente.
Este caso ha generado un gran revuelo, ya que los acusados son miembros del Tren de Aragua, un grupo delictivo ampliamente conocido y temido. La liberación de estos individuos ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos hacia el sistema judicial y su capacidad para manejar casos de este calibre. En este contexto, las investigaciones recién anunciadas son un paso crucial para esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas correspondientes para evitar situaciones similares en el futuro.